Video integro de todo lo sucedido en vista de status en Washington

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La denegación ‘de facto’ y ‘de jure’ del derecho al voto

El Vocero Dr.Pedro Rosselló En una columna anterior, establecimos que dentro de la democracia americana aún existe hoy en día la negación de facto al derecho al voto de ciudadanos capacitados. Esta denegación es teóricamente ilegal, sin embargo muy real, tal y como salió a relucir de manera muy novel luego de las elecciones nacionales del 2000. De otra parte, también persiste la negación de jure al derecho al voto -es decir, una negación al voto completamente legal- a ciudadanos americanos que residen en los territorios de los EE.UU. incluyendo, claro está, Puerto Rico. Aunque parezca incompatible con los principios democráticos que definen nuestra nación, esta denegación del derecho fundamental al voto –tanto de facto como de jure- fue práctica común desde el inicio de la República, y aún sigue siéndolo. Pero al igual que otras injusticias sufragistas que se enconaron en la agenda nacional antes de ser superadas, esta falla democrática también espera su resolución. Recordemos que en la elección del primer presidente estadounidense, sólo el 6% de toda la población de entonces estaba calificada para votar. Y en años subsiguientes, el sufragio terminaba en manos de un 50% a un 80% de los varones blancos adultos del país, lo que se traducía a sólo un 10% ó 16% de la población total. El sufragio también se le limitaba a los millones de inmigrantes que llegaron a la joven república a principios del siglo XIX. A pesar de que la nueva nación fue una fundada por extranjeros, los residentes ya establecidos consideraban que los inmigrantes alemanes e irlandeses (unos 3 millones de ellos habían recién llegado entre los 1820 y los 1860) no estaban calificados para votar por ser tan “distintos” en términos de religión, cultura y condición social, lo que en sí amenazaba (según la mentalidad de la época) con el estilo de vida puramente “americano”. Con el advenimiento del Partido Demócrata del eventual presidente Andrew Jackson, se vio un movimiento a favor del sufragio universal, deteniendo así el empuje de los nativistas de la época, que buscaban aplazar la naturalización de los nuevos inmigrantes para, de esa forma, limitar su participación electoral. Durante la Era de la Reconstrucción, luego de la Guerra Civil, las enmiendas 13, 14 y 15 de la Constitución fueron aprobadas, otorgándole a los afroamericanos, legal y constitucionalmente, el derecho sufragista. Sin embargo, la mayoría de esos mismos afroamericanos -especialmente en el Sur- vio a varias de sus generaciones excluidas de facto de las urnas electorales. La notoria decisión en el caso Plessy v. Ferguson del Tribunal Supremo en 1896 determinó que la segregación racial decretada por los estados era compatible con la doctrina constitucional de la igualdad ante la ley. En pocas palabras, el propio Supremo certificó la bochornosa doctrina de “separados pero iguales”, dando paso así a un sinnúmero de leyes estatales y actos discriminatorios contra los afroamericanos. Fue en el 1954 que finalmente se revocó la decisión de Plessy con el caso Brown v. Board of Education, el cual eliminó la segregación racial y puso coto a la violación de derechos civiles –incluyendo el derecho al voto- contra este grupo de ciudadanos. El mismo Tribunal Supremo de Plessy, presidido por el juez Melville Fuller, dictaminó también sobre los ya conocidos “Casos Insulares” a principios del siglo XX, los cuales establecieron una distinción que nunca antes existía entre los territorios americanos “incorporados” y los “no-incorporados” -es decir, territorios americanos que se consideran “separados y desiguales”. De esta determinación judicial se desprende la negación de jure al voto en los comicios electorales nacionales que aún sufren los ciudadanos de los territorios americanos “no-incorporados”, como lo es Puerto Rico. Asimismo, los indios americanos tuvieron que esperar hasta después de la Segunda Guerra Mundial para que se eliminaran todas las barreras que imponían una negación de facto a su derecho legal al voto en los distintos estados. A las personas indígenas de Estados Unidos se les extendió la ciudadanía en 1924, pero su derecho al voto se limitó de inmediato -particularmente en los estados donde constituían un por ciento significativo de la población total. Algunas jurisdicciones mantenían que los indios no eran ciudadanos del estado, a pesar de ser ciudadanos de la Nación. Otros manipulaban los requisitos de residencia para negarles el voto a los indios. No fue hasta el 1948, al ser retado por indios veteranos de la Segunda Guerra Mundial, que el Tribunal Supremo de Arizona cambió de opinión y concluyó que “el sufragio es el derecho civil más básico, ya que su ejercicio es la manera primordial de proteger otros derechos. El negar el derecho al voto a los que legalmente lo tengan violenta los principios de la igualdad y la libertad.” También se dio (y se sigue dando) la negación al voto por razones de geografía. Los ciudadanos americanos residentes del Distrito de Columbia – Washington, D.C., la capital federal - no lograron su derecho a votar por el Presidente y Vicepresidente de los Estados Unidos hasta que se ratificó la 23ra. Enmienda en 1961. Este reconocimiento de derechos electorales fue, sin embargo, sólo parcial. La Enmienda omitió todo lenguaje que daría a los residentes del Distrito de Columbia representación con voto en el Congreso. Esta negación al voto por razones de geografía se vio igualmente en el caso Romeu v. Cohen radicado el 24 de marzo de 2000 en el Tribunal de Distrito para el Distrito Sur de Nueva York. Romeu había sido residente de Nueva York del 1994 al 1999, y había votado allí en las elecciones de 1996. Luego de trasladarse a Puerto Rico e inscribirse aquí como votante en julio de 1999, solicitó –bajo el Acta del Voto Ausente para Ciudadanos en Uniforme y en el Extranjero de 1986 [UOCAVA]- una papeleta de votante ausente del estado de Nueva York para las elecciones presidenciales del 2000. Nueva York denegó su petición fundamentándose en que no cumplía con la estipulación del UOCAVA de que los solicitantes tenían que residir fuera de Estados Unidos. Si Romeu se hubiese trasladado a Francia, Venezuela, Irán o Cuba, se le hubiese otorgado la papeleta de votante ausente. Al igual que los ciudadanos americanos que residen en países extranjeros, los ciudadanos americanos residentes en Puerto Rico no pueden emitir sus papeletas en los recintos electorales locales. Sin embargo, para efectos del UOCAVA, Puerto Rico se considera parte de los Estados Unidos (a pesar del hecho de que otra jurisprudencia federal considera el territorio “extranjero en el sentido doméstico”). En sí, a lo largo de la historia de los EE.UU., la ampliación del derecho al voto ordenada por ley ha venido acompañada, por costumbre, de una campaña sin tregua para combatir una negación al voto de facto y/o de jure. En repetidas ocasiones, utilizando maniobras nebulosas de intereses arraigados y reticentes a compartir el poder, los derechos legales de ciertos ciudadanos se han visto restringidos. Es así como Puerto Rico (y los demás territorios) hoy permanece como la ultima frontera en la denegación del derecho al voto.

La ceguera de Serrano, Velázquez y Gutiérrez

El Vocero Maurice Ferré Me intrigo el discurso del Secretario de Estado de Puerto Rico en el National Puerto Rican Coalition Policy Summitt en Washington el 28 de marzo. Kenneth McClintock, que anteriormente sirvió como Presidente del Senado, dijo en su discurso que Puerto Rico, a pesar de tener una población, entre la Isla y el continente, de más de ocho millones de ciudadanos, tenemos menos congresistas y hemos tenido menos embajadores (de EE. UU.) que los cubanoamericanos, que en su mayoría llegaron a Estados Unidos hace solo 50 años. En el Congreso, además del Senador Mel Martínez, hoy hay tres congresistas cubanoamericanos de Miami y uno de Nueva Jersey. Asimismo, los cubanoamericanos han producido dos miembros del gabinete del gobierno presidencial. La pregunta mía es ¿por qué? Mi opinión es que los tres congresistas nuestros ahora en el Congreso José Serrano, Nydia Velázquez y Luis Gutiérrez son residentes de la ciudad imaginaria de Macondo, ilusos. Lo de ilusos les llega legítimamente, les llega de la metáfora muñocista. Estamos al fin de la ilusión muñocista. En el 2005, en un diario de Miami, yo escribí: “Muñoz era un intelectual, fue un gran político, el mejor Gobernador en la historia de Puerto Rico, un paladín de la democracia, hombre de decencia, un caudillo honrado y dedicado al bien público, pero ante todo, Muñoz fue un poeta. “Poetizó la política y politizó la poesía.” Muñoz nunca pudo deshacerse de la metáfora, a tal punto que su más grande legado fue la conversión del Vate (como le decían al poeta) a una metáfora. Es más, su influencia ha sido tan grande, que hipnotizó al pueblo puertorriqueño por más de medio siglo.” “La metáfora muñocista, que la nación puertorriqueña es una patria-pueblo, vive hoy en la conciencia puertorriqueña. He aquí la confusión.” “Jesús hablaba en parábolas. Gabriel García Márquez habla en hipérbole, usando figuras alegóricas. La metáfora es en su condición semiótica similar a la parábola, a la hipérbole, a la alegoría; es una estructura figurativa necesaria para todo poeta. El problema de la metáfora como instrumento de política, de gobernación y de identidad, es precisamente que se desvía fácilmente a la parábola, hipérbole y a la alegoría. Y así pasó con Muñoz. Y así pasó con Puerto Rico. Puerto Rico salió del marco real y se convirtió en una metáfora.” “El Profesor García Passalacqua lo llama metáfora cognoscitiva, la construcción metafórica de la historia, el entrado explicativo de la historia épica. Muñoz trató de crear una épica puertorriqueña: Ulises, La Ilíada, el Cid Campeador, la Chanson de Roland. Obra importante la de Muñoz, pero terminó mal, terminó como una metáfora mixta, es decir contradictoria, no cognoscitiva.” Y es que nuestros congresistas, los tres, Serrano, Velázquez y Gutiérrez fueron producto de la metáfora Muñocista y aún viven hipnotizados, no ven la realidad actual de Puerto Rico. Vaticino que cuando se celebre el segundo plebiscito sobre el status político en el 2011, y más del 80% de los ciudadanos estadounidenses puertorriqueños, de aquí y de allá, voten a favor de la estadidad, los hoy ciegos verán nuevamente. Y serán los congresistas Serrano y Gutiérrez, en unísono con el Senador Bob Menéndez, ahora ferviente seguidor del Estado Libre Asociado, que se convertirán en los abanderados del Estado 51. No hay nadie más papista que los recién convertidos a la religión Católica, dice el refrán. Muñoz y los tres actuales congresistas boricuas, tenían razón en algo importante. Y lo veremos recalcado en la confirmación por el Senado de EE. UU. del nombramiento de la Jueza Sonia Sotomayor a la Corte Suprema, cuyas vistas en el Senado comienzan a mediados de julio. Los norteamericanos lo llaman “identity politics”. Nosotros lo llamamos “nacionalidad cultural”. Lo que ha cambiado es que por vez primera, podría aceptar el Congreso (a regañadientes) el concepto de Estado Hispano. Digo a regañadientes, porque el Congreso no aceptará fácilmente la estadidad de Puerto Rico. La resistencia a la estadidad de Alaska, que casi no tenía controversia, fue feroz y duró casi tres años de resistencia en el Congreso. La oposición a Alaska vino mayormente del sur y de los republicanos. Otra vez será igual, pero con factores distintos. Gracias a la obra del entonces Comisionado Residente Luis Fortuño, republicano, ahora el Comisionado Residente Pedro Pierluisi en su Puerto Rico Democracy Act 2009 H.R. 2499, tendrá 150 co auspiciadores, de los cuales 50 serán republicanos. Pinta bien. Muñoz dijo que la ciudadanía estadounidense en nada nos quitaba la puertorriqueñidad. Pues, si eso es cierto, sigue que tampoco la Estadidad Hispana minimizará nuestra cultura nacional. Es decir, si el Congreso acepta que Puerto Rico es una nación y la acepta no obstante como un estado federado de EE. UU., entonces Puerto Rico, como Cataluña, podrá aceptar la ciudadanía de otra nación, sin disminuir su autoestima. Esto lo comprende inherentemente el Congresista Luis Gutiérrez (D. Chicago) pues lo ha demostrado con su amplitud como campeón en el Congreso de la reforma migratoria de EE. UU. El Congresista José Serrano lo vió, aunque no muy claramente, pues fue co auspiciador con Fortuño del H.R. 900 del último Congreso (110). El Puerto Rico Democracy Act – 2008 fue casi idéntico al actual. Serrano obviamente les teme ahora a los colonialistas de su distrito que aún viven la metáfora moribunda del Partido Popular de Puerto Rico. Lo de la Congresista Nydia Velázquez solo lo puede explicar mi buen amigo de infancia del Colegio Ponceño, y su mentor político, Rafael Hernández Colón, ex Gobernador de Puerto Rico. Para mí no tiene explicación racional la histeria colonialista de la Congresista Velázquez. Pero, la historia habla. Tanto EE. UU. como Puerto Rico han evolucionado. Ahí tenemos al primer presidente negro de Estados Unidos. Si soberanistas insignes como el Profesor Juan Manuel García Passalacqua, ex Asistente de Don Luis Muñoz Marín; el ex Senador Popular, Marco Rigau y Néstor Duprey, ex Secretario del Partido Popular Democrático y extraordinario expositor y apologista muñocista, pueden apoyar el H.R. 2499 abiertamente, porque no nuestros tres congresistas. Quien hubiera creído posible a un García Passalacqua aceptando el Estado 51 en español, a lo criollo. Ahí lo tienen. ¡Más claro no canta un gallo!

Los de siempre a lo de siempre

Endi.com José A. Delgado WASHINGTON – Tan pronto terminó la audiencia de hoy, la congresista boricua Nydia Velázquez divulgó una carta en la que le confirma a la presidenta de la Cámara federal, Nancy Pelosi, su oposición al proyecto 2499 sobre el futuro político de Puerto Rico. Velázquez, quien en esta sesión es presidenta del Caucus Hispano del Congreso y es considerada una aliada de Pelosi, advirtió a la jefa de la Cámara baja federal que se opone a la legislación porque no permite a los puertorriqueños seleccionar el proceso por el cual pueden determinar su futuro político. “El cerrado proceso de redacción utilizado para desarrollar el proyecto 2499 refleja falta de colegialidad y una decisión de echar a un lado otros puntos de vista. Ese tipo de acercamiento no debe ser avalado”, indicó Velázquez. Para la congresista Velázquez, sería particularmente “desafortunado” permitir que iniciativas con falta de transparencia regulen el futuro político de la Isla. Un día después de haberse presentado el proyecto 2499, por parte del comisionado residente Pedro Pierluisi, Pelosi indicó por medio de su portavoz que cualquier legislación que quiera avanzar requerirá “el consenso de todas las partes involucradas” en el debate sobre el status político de la Isla.

Hoy ante Cámara proyecto de status

El Vocero Mario Santana Ortiz La relación política de Puerto Rico con los Estados Unidos vuelve hoy a ser objeto de discusión en el Comité de Recursos Naturales de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos, esta vez bajo un nuevo proyecto de status al que se opone prácticamente todo el que no esté vinculado a la administración del gobernador Luis Fortuño. El proyecto de Pierluisi El proyecto 2499 de la Cámara de Representantes federal –de la autoría del comisionado residente Pedro Pierluisi– busca que el Congreso autorice al gobierno de Puerto Rico a celebrar dos consultas sobre el status. Aunque autoriza, el Congreso no se compromete de antemano en la legislación a aceptar la decisión de la mayoría de los puertorriqueños. La primera consulta es para que los puertorriqueños decidan si quieren mantener el actual status político o desean un cambio. El proyecto no define ni caracteriza el status actual. Si la mayoría de los electores vota a favor de mantener el actual status, el proyecto autoriza a celebrar la misma consulta ocho años después. De hecho, autoriza a que, mientras los puertorriqueños no pidan un cambio de status, se celebre la misma consulta cada ocho años. Si la mayoría vota a favor de un cambio de status, el proyecto autoriza al gobierno de Puerto Rico a celebrar un plebiscito entre tres alternativas: independencia, estadidad y soberanía en asociación con los Estados Unidos. Esta tercera alternativa contiene una definición un poco menos escueta que las otras dos. Dice el proyecto que este status es el de una asociación entre dos naciones soberanas que no estará sujeta a los poderes plenarios del Congreso. Trasfondo sobre el status El Congreso, por mandato de la Constitución federal, tiene poder sobre los territorios. Esta cláusula de la constitución es la llamada ‘Cláusula Territorial’. En el lenguaje usado para el debate sobre el status de Puerto Rico, decir que Puerto Rico está bajo la cláusula territorial equivale a decir que es una colonia de los Estados Unidos. La posición histórica del Partido Popular Democrático (PPD) ha sido que el Estado Libre Asociado (ELA), al ser el resultado de un pacto entre los pueblos de Puerto Rico y los Estados Unidos, salió de la Cláusula Territorial. Pero es el único partido que cree eso. Los demás afirman que la creación del ELA no alteró la naturaleza colonial de la relación política con los Estados Unidos. Incluso, hoy un sector del PPD opina igual. Las escasas decisiones del Tribunal Supremo de los Estados Unidos posteriores al ELA que tocan el tema –Califano v. Torres, de 1978, y Harris v. Rosario, de 1980,- aún citan como fuente de autoridad jurídica a Balzac v. Porto Rico, un caso de 1922 en el que el Supremo federal decidió que la imposición de la ciudadanía estadounidense a los puertorriqueños en el 1917 no incorporó a Puerto Rico a los Estados Unidos ni alteró la naturaleza de territorio no incorporado de la relación política. El concepto de territorio no incorporado lo creó el Supremo federal especialmente para Puerto Rico, en el caso Downes v. Bidwell de 1901, y quiere decir que Puerto Rico pertenece pero no forma parte de los Estados Unidos. La teoría jurídica detrás de esto es que, como Puerto Rico es un territorio no incorporado, el Congreso puede darle un trato diferente a los ciudadanos estadounidenses que residen aquí, como de hecho lo hace, ya que en Puerto Rico las personas que reciben pagos del Seguro Social no cualifican para el importante ingreso suplementario del Seguro Social Complementario y los fondos del programa federal de servicio médicos para gente pobre, el Medicaid, se asignan a Puerto Rico a base de un tope máximo anual y no a base de la cantidad de médico indigentes, como en los Estados Unidos. Más recientemente, entre el 2005 y el 2007 el Grupo Interagencial de Trabajo sobre el Status de Puerto Rico de la Casa Blanca del entonces presidente George W. Bush publicó dos informes que concluyen que Puerto Rico sigue siendo un territorio no incorporado de los Estados Unidos, sujeto a los poderes plenarios del Congreso y, como territorio, Puerto Rico puede ser cedido o vendido a otro país y la ciudadanía estadounidense puede revocarse. Si estas conclusiones son ciertas, entonces el gobierno de los Estados Unidos es una potencia colonial que debe rendir informes periódicos sobre Puerto Rico a las Organizaciones de las Naciones Unidas (ONU), como obliga el artículo 73(e) de la Carta fundacional de la ONU. Y, además, debería iniciar un proceso de descolonización como lo ordenan las resoluciones 1514 y 1541 (XV) de la ONU. Pero en 1953, Estados Unidos solicitó y le fue concedido por la Asamblea General de la ONU excluir a Puerto Rico de la lista de territorios coloniales. Su argumento de entonces fue que con el ELA se había alcanzado un gobierno propio. Resultados de los plebiscitos Desde la creación del ELA, en Puerto Rico se han celebrado tres plebiscitos sobre el status, ninguno de ellos con aval del Congreso. El primero, de 1967, lo ganó el ELA por el 60.4%, en una época en que el PPD, único defensor del ELA, llevaba más de 20 años de gobierno ininterrumpido. La estadidad obtuvo el 39% de los votos. El Partido Independentista Puertorriqueño (PIP) había llamado a la abstención electoral y la independencia apenas recibió el 0.6%. En el 1993 se celebró el segundo de esos plebiscitos “criollos” y demostró que en los 26 años que mediaron entre una consulta y otra, el ELA perdió numerosos votos. El ELA ganó con el 48.6% del voto y la estadidad obtuvo el 46.3%. El PIP esta vez decidió participar y la independencia obtuvo el 4.4% de los votos. Cinco años después, en 1998, se celebró otro plebiscito. La mayoría del Partido Nuevo Progresista (PNP) decidió que definiría al ELA de la misma forma que el proyecto Young (que había sido aprobado en la Cámara de Representantes federal por apenas un voto, sin que el Senado federal aprobase su versión de esa medida). Los opositores al plebiscito consiguieron que el Tribunal Supremo de Puerto Rico validara que en la papeleta apareciera una quinta columna con la opción de “Ninguna de las anteriores”. El plebiscito también sirvió de voto de protesta contra la administración del gobernador Pedro Rosselló. La opción de “Ninguna de las anteriores” ganó con el 50.3% de los votos. La estadidad obtuvo el 46.5%. La independencia recibió el 2.5%. Por otro lado, hoy no es la primera vez que el Comité de Recursos Naturales de la Cámara federal discute el caso de Puerto Rico. Lo hizo el cuatrienio pasado, cuando el entonces comisionado residente Fortuño y el congresista puertorriqueño José Serrano presentaron un proyecto similar al de Pierluisi. También el Comité celebró vistas públicas para el proyecto Young, en 1997 y 1998. También las hubo para el proceso plebiscitario de 1989 y 1990, el cual contó con consenso del liderato político puertorriqueño sobre el mecanismo a seguir. Ese proceso culminó con la aprobación de un proyecto de plebiscito por amplio margen en la Cámara federal, pero el proceso murió en el Senado, donde senadores republicanos se declararon abiertamente en contra de un plebiscito que comprometiera al Congreso a concederle la estadidad a Puerto Rico. Posiciones del PPD y del PIP Al igual que lo hizo con el proyecto Young y el plebiscito del 1998, el PPD plantea que el proyecto de Pierluisi lo que hace es crear las condiciones para una mayoría artificial a favor de la estadidad. El actual presidente del partido, Héctor Ferrer, esbozó esta teoría de la conspiración para destruir al ELA en su presentación de la semana pasada ante el Comité de Descolonización de la ONU. Ferrer dio por seguro de que, al unirse los votos de estadistas e independentistas, el ELA perderá en la primera consulta del proyecto Pierluisi, que es la de mantener la actual relación política o cambiarla. “En el segundo plebiscito, la estadidad obtendría una mayoría sustancial porque el ELA no estaría en la papeleta”, dijo. En su opinión, la soberanía en asociación con los Estados Unidos no es el ELA. “La exclusión intencional del ELA como opción en la papeleta niega al pueblo de Puerto Rico el derecho a determinar libremente su futuro”, sostuvo. Probablemente Ferrer repita los mismos planteamientos hoy, cuando comparezca a la vista pública del Comité de Recursos Naturales. Pero el proyecto de Pierluisi parece haber exacerbado las diferencias al interior del PPD. Están los que, como Ferrer, plantean que es posible un desarrollo del ELA bajo la teoría de un pacto bilateral que no pueden cambiar los Estados Unidos o Puerto Rico unilateralmente y en el que supuestamente está garantizada la ciudadanía estadounidense de los puertorriqueños (una posición que ha encontrado como nuevo líder a José Alfredo Hernández Mayoral, quien aspiró brevemente a la gobernación entre el 2003 y el 2004). Otro grupo reclama abiertamente una relación política basada en un pacto de libre asociación con los Estados Unidos que parta de la soberanía de Puerto Rico. Luis Vega Ramos, uno de los líderes del grupo de los ‘soberanistas’, dijo ayer que –contrario a lo que ocurrió en el Comité de Descolonización- no presentarán una ponencia separada a la de Ferrer. Pero también dijo que espera que si en la comparecencia de Ferrer hay una discusión sobre el desarrollo del ELA, ésta se ciña “a lo aprobado en siete asambleas corridas del partido”. El PIP, por su parte, en un principio dijo que se opone al proyecto Pierluisi. Dio tres razones: la primera que el proyecto no caracteriza al ELA como territorial (es decir, como una colonia); la segunda, porque cree que incluir un plebiscito en que el figure la estadidad como una de las alternativas equivale a su derrota en el Senado federal; y, tercero, porque el proyecto excluye la asamblea constitucional de status como un mecanismo para solucionar el problema de la relación política con los Estados Unidos. Pero bajo la presidencia de más de 35 años de Rubén Berríos Martínez, la posición del PIP ha sido la de participar en este tipo de procesos, así que una de las interrogantes es si hoy anunciarán que se retraerán o que participarán de las consultas que dispone la medida. El problema del consenso y el del voto boricua en el exterior En el 2007, el proyecto de Fortuño y Serrano no pasó al pleno de la Cámara de Representantes federal porque la presidenta del cuerpo, Nancy Pelosi, entendió que no había consenso entre el liderato político puertorriqueño. Pelosi sigue siendo presidenta de la Cámara y esta vez tampoco hay consenso, pero Pierluisi ha insistido que esta vez la realidad es distinta. Pierluisi basa sus planteamientos en el lenguaje supuestamente neutral de su proyecto y en la amplia victoria electoral que tanto él como Fortuño y el PNP obtuvieron en las pasadas elecciones. También usa como argumento que el proyecto ha sido auspiciado por más de 140 congresistas demócratas y republicanos. Ninguno de los tres congresistas puertorriqueños, quienes en el pasado han estado muy activos en los asuntos de la isla, apoyan, hasta ahora, el proyecto. El proyecto de Pierluisi presenta otra novedad. Permite que los nacidos en Puerto Rico que vivan en el extranjero, principalmente en los Estados Unidos, votar en las dos consultas de status. Pero esa concesión probablemente no satisfaga al liderato puertorriqueño en los Estados Unidos, ya que excluye del derecho al voto a personas como la nominada al Tribunal Supremo de los Estados Unidos, Sonia Sotomayor, y al astronauta Joseph Acabá, quienes siempre se han considerado puertorriqueños pero que nacieron en los Estados Unidos de padres boricuas.

Comité de Recursos Naturales divulga listado oficial de ponentes

Endi Jose A. Delgado WASHINGTON - El ex gobernador Carlos Romero Barceló declarará en la audiencia del miércoles del Comité de Recursos Naturales de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, en torno al proyecto de status 2499, en representación del Partido Nuevo Progresista (PNP). Al anunciar el listado oficial de ponentes de la sesión del miércoles, el Comité de Recursos Naturales incluyó al ex Gobernador en el panel de los representantes de los partidos políticos inscritos, que incluyen a Héctor Ferrer, del Partido Popular Democrático (PPD), y Rubén Berríos Martínez, del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP). También se han sumado al listado de testigos los congresistas Dan Burton (republicano por Indiana) y Alan Grayson (demócrata por Florida), que conformarán el primer panel. Después de los congresistas testificará el gobernador Luis Fortuño, seguido por el panel de los tres representantes de los partidos políticos. El cuarto panel lo integran los líderes legislativos: Thomas Rivera Schatz, presidente del Senado; Jennifer González, presidenta de la Cámara de Representantes; el portavoz de la minoría en el Senado, José Luis Dalmau; y el senador popular Eduardo Bhatia (quien asume el turno que le correspondería a Ferrer como portavoz de la minoría en la Cámara de Representantes). Contrario al anuncio original del comisionado residente Pedro Pierluisi, en el grupo no se incluyen a los presidentes de la Federación de Municipios, Héctor O'Neill, y de la Asociación de Alcaldes, William Miranda Marín.

Se desvanese el "ELA" y el PPD

Original Video - More videos at TinyPic NotiUno El Lcdo. José Alfredo Hernández Mayoral anticipó que la vista pública que se realizará la semana próxima en el Congreso de Estados Unidos sobre el proyecto de status presentado por el comisionado residente, Pedro Pierluisi, será dura para el Estado Libre Asociado (ELA). De hecho, a su juicio, si Miranda Marín, como presidente de la Asociación de Alcaldes, manifiesta ante el Congreso la postura que ha hecho pública durante las pasadas semanas, a favor del ELA soberanista, podría representar una situación conflictiva pues iría en contra de la posición de la colectividad y del organismo que dirige. “Si él allí y empieza a decir que la solución es la soberanía en asociación y que esa segunda ronda está perfectamente bien […] podemos salir de Washington debilitados en el sentido de que vengan expresiones adversas y que el Partido Popular allí hablen de manera contradictoria”, sostuvo. Asimismo, añadió que ese encuentro dispar de líderes de la Pava pondrá en evidencia la división existente por la ideología que debe impulsar el partido, pues, a su juicio, se enfocan en vertientes totalmente diferentes. “Yo creo que pone de manifiesto el problema que hemos estado planteando el pasado mes de que este asunto ya el partido como institución lo tiene que dejar meridianamente claro, coja para el lado que coja, pero que no puede estar viviendo con estas dos posiciones que realmente son irreconciliables”, dijo. No obstante, definitivamente el líder popular señaló como muy posible que la vista congresional del status provoque en Puerto Rico la convocatoria para una asamblea general del Partido Popular Democrático en la que se pueda consultar directamente a la base sobre su parecer entre las dos posiciones. Mientras tanto, aseguró que las resoluciones en las que se basan los soberanistas no establece la asociación entre naciones soberanas pues se trata de un lenguaje muy ambiguo. “Ese tipo de confusión no es saludable para el partido. Esto no es buscar un balance entre dos posturas porque no es posible”, concluyó. ------------------------------------------------------------------------ Endi Javier Colón Dávila En medio de gritos y reclamos, tres figuras del ala soberanista del Partido Popular Democrático (PPD) renunciaron hoy en la tarde a la Secretaría de Asuntos Federales e Internacionales de la colectividad. La renuncia se produjo en medio de la conferencia legislativa del partido, confirmó el portavoz de la mayoría en el Senado, José Luis Dalmau. "Ellos presentaron su carta de renuncia a Héctor Ferrer y Héctor se las aceptó", dijo Dalmau sin dar detalles. "La ropa sucia se lava en casa", agregó. Según un legislador que estuvo presente en la reunión, efectuada en la sede del PPD, Luis Vega Ramos, Charlie Hernández y el analista Néstor Duprey presentaron sus renuncias "ofendidos" por una columna de opinión que publicara en días recientes José Alfredo Hernández Mayoral, director de la Secretaría. En la columna, entre otras cosas, Hernández Mayoral subraya la importancia de la ciudadanía americana y cómo no está segura bajo la alternativa de status que promueve el trío de ahora renunciantes. "José Alfredo dijo que había unos derechos democráticos y que cada uno podía expresar sus opiniones y que no iba a renunciar porque Charlie fue a las Naciones Unidas", dijo la fuente. "Ahí Héctor Ferrer implosionó. Está bien molesto y sentido por la poca generosidad de parte de los soberanistas en todo el proceso", dijo la fuente. Y agregó el anónimo: "Héctor les bajó duro a esos muchachos y Charlie le bajó duro a Héctor". Al momento de publicarse esta historia, Duprey no había sido contactado. Vega Ramos y Hernández dijeron a través de portavoces que no emitirían comentarios. A su vez, Ferrer dijo que no haría comentario y que su "invitación" era al trabajo.

Terrorismo domestico?

El Fin De La Colonia R@S Como presunto acto de terrorismo domestico, el FBI investiga la agresion a un guardia de seguridad en los predios del ROTC cerca de la UPR en Rio Piedras. Los agentes ocuparon un bulto con 4 bombas de fabricacion casera, que aparentemente dejaron 4 individuos que huyeron de las instalaciones al percatarse de la presencia de mas personal de seguridad. Segun informes, a eso de las 3:00 am del 17 de junio, cuatro individuos vestidos con ropa de camuflaje y enmascarados, lograron acceso a las instalaciones del ROTC a traves de una verja que cortaron, luego amarraron y amordazaron a uno de los guardias de seguridad identificado como Julio Reyes Ramirez. Según declaró Reyes Ramírez a los agentes que inicialmente investigaron la agresión, uno de los sujetos armado de una daga le indicó que se quedara tranquilo, que no le harían daño si permitía que le ataran las manos con una cinta plástica, a lo que se resistió utilizando un batón, siendo vencido por otros tres individuos. Aparentemente al observar las luces de la patrulla, los individuos comenzaron a correr y se perdió su rastro en la oscuridad, por lo que no pudieron ser detenidos. Al guardia le tomaron 10 puntos de sutura en la muñeca y cuatro más en el dedo índice de su mano izquierda. La pesquisa quedó a cargo del FBI.

Status solution by consensus?

Caribbean Business Carlos Romero Barcelo In 1952, a local constitution was approved by a solid majority of those who voted. The constitution adopted the republican form of government already established under the Jones Act. The only significant change was to substitute the word “territory” for “commonwealth.” In Spanish, the word territorio was changed to Estado Libre Asociado, although everyone in the constitutional assembly knew Puerto Rico was neither a state or independent or associated. The name in Spanish was not submitted to the U.S. Congress for adoption. Gov. Muñoz Marín was advised by Puerto Rico’s legal advisor Abe Fortas that the name in English, Free Associated State, would never be approved by Congress because it was clearly misleading. The only other change that the constitution brought about was to limit appeals from the Puerto Rico Supreme Court, by eliminating the right to appeal to the U.S. Circuit Court of Appeals. After the adoption of the constitution, all appeals from a Puerto Rico Supreme Court decision could only be made to the U.S. Supreme Court. As you can see, Gov. Muñoz Marín and the Popular Democratic Party leaders, with the passive support of the president and the U.S. Congress, elaborated and perpetuated the biggest (hoax?) upon the people of Puerto Rico, our fellow U.S. citizens, the Latin American countries and the United Nations. By the use of such words as “commonwealth,” “autonomy” and “self-governing country,” Gov. Muñoz Marín and his fellow conspirators in the Popular Democratic Party pretended we had full self-government and lied to the national and world media. The world believed them, and many still believe we have full self-government. However, the truth is that as U.S. citizens we are disenfranchised and without representation in our nation’s Congress. We are bound by and subject to the laws passed by Congress. Laws dealing with taxation, minimum wage, unfair labor practices, commerce, healthcare, banking, transportation, communications, criminal acts and many others are enacted by the U.S. Congress without our consent, which are fully enforceable in Puerto Rico. Our federal constitution and all federal laws are the supreme law of the land. That includes Puerto Rico. A federal law can’t be declared unconstitutional by any local court, not even by our local Supreme Court. How then can anyone tell our people, our fellow citizens in the States, the U.S. Congress, the world, the United Nations and the media that we are a fully autonomous self-governing “Commonwealth”? The deception orchestrated by Muñoz Marín must be considered as one of the world’s greatest deceptions ever perpetuated by a leader on his own people and millions of others throughout the world. Was the “commonwealth” constitution adopted by consensus in 1952? No. The second-largest political party in 1952 was the Independence Party and it rejected the constitution as a sham, which didn’t give Puerto Rico any significant powers to control its relations with others nor its social and economic development. In 1967, Muñoz Marín proposed a plebiscite in which “commonwealth,” statehood or independence were offered as choices to solve the status dilemma. The definition of each of the three status choices was drafted by the Popular Democratic Party legislators, without regard to the objections of the opposition parties. Both the statehood and independence parties decided to boycott the plebiscite because it was imposed upon them by the majority. There was definitely no consensus. The “commonwealth” status option won by 60%, followed by the “statehood” status option, which garnered 39% of the vote in spite of the fact that the party that officially supported “statehood” didn’t vote and actually campaigned against the plebiscite. The next two plebiscites were conducted under New Progressive Party administrations and none of the three historical status options—statehood, “commonwealth” or independence—obtained majority. However, in both referendums, “commonwealth” failed to obtain a majority of 50% plus one. As a result of the failure of “commonwealth” to garner at least 50% of the vote, we are now being governed by the president and the Congress of our nation in a territorial or colonial relationship, which is rejected by a majority of the U.S. citizens in Puerto Rico. In other words, we are being governed without the consent of the governed, which is undoubtedly an undemocratic relationship. Is there any consensus that accepts our political and legal relationship with the nation? No. Obviously, the U.S., the symbol of democracy throughout the world, can’t continue to rule over four million of its citizens and maintain them as disenfranchised Americans without representation in their nation’s Congress. Such a relationship is, undoubtedly, undemocratic. From 1898 to 1952, we were a territory of the U.S. by conquest in the Spanish American War. In 1952, Muñoz Marín and his cohorts convinced the people of Puerto Rico to vote to become a territory by consent, thus giving a questionable validity to the exercise of sovereign powers over us by the president and Congress of our nation. A choice, which should fill us with shame, was hailed as a great step toward full self-government. The celebrations over the adoption of our local constitution served to mask the ignominy of voting to remain as a colony or territory by choice. Now, 57 years after the adoption of the “Commonwealth” constitution, a vast majority of the people of Puerto Rico recognize the lack of sovereignty and political equality and are dissatisfied and disappointed with our political, legal and economic relationship with the nation of our citizenship. Our New Progressive Party’s commitment to the people of Puerto Rico is to hold a referendum that will determine whether we wish to remain as a territory subject to the sovereignty of the U.S. Congress under the Territorial Clause. If the majority votes yes, we stay as we are. If they vote no, we should then vote on whether we would rather have the right to vote and be represented in the House and Senate as all 50 states are and share as equals all rights, benefits and obligations with our fellow citizens as a state, or become a sovereign independent nation. The House bill presented by our resident commissioner includes an option for free association, which is defined as “…Sovereignty in Association with the United States: Puerto Rico and the U.S. should form a political association between sovereign nations that won’t be subject to the Territorial Clause of the U.S. Constitution.” That definition fails to make clear to the people of Puerto Rico that U.S. citizenship isn’t compatible with a separate national sovereignty. If we wish to remain as U.S. citizens we can’t, as a sovereign nation, also enjoy U.S. citizenship. The U.S. Congress can’t, and won’t, give up its jurisdiction over U.S. citizens, much less allow U.S. citizens to decide which federal laws apply to them. Our party and Gov. Fortuño’s administration can’t become accomplices to the lies and deception that the “Commonwealth” status leadership has perpetuated and wants to continue perpetuating upon the people of Puerto Rico. In desperation, the “Commonwealthers” now clamor for “consensus,” which they know is impossible because they themselves will never consent to define “commonwealth” as it really is. They know any status without U.S. citizenship is unacceptable to almost all Puerto Ricans. They clamor for “consensus” because they know they will never consent to define their option without U.S. citizenship. Therefore, no referendum would ever be held for lack of consensus—which is exactly what they want.

Gobernador encabezará listado de ponentes en audiencia de status

Endi Jose A. Delgado WASHINGTON - El gobernador Luis Fortuño, los presidentes de los partidos de oposición, los líderes legislativos y de los grupos de alcaldes han sido invitados a declarar en la audiencia de la semana próxima del Comité de Recursos Naturales de la Cámara baja federal sobre el status de la Isla. El comisionado residente en Washington, Pedro Pierluisi, cuyo proyecto 2499 será discutido en la audiencia, anunció esta tarde el listado de ponentes de la audiencia. Pierluisi es miembro del Comité de Recursos Naturales, que tiene jurisdicción sobre el debate en torno al futuro político de Puerto Rico. Según Pierluisi, además de Fortuño testificarán en la audiencia los presidentes de los partidos Popular Democrático (PPD), Héctor Ferrer, e Independentista Puertorriqueño (PIP), Rubén Berríos Martínez. Como líderes de la Asamblea Legislativa de Puerto Rico han sido convocados los presidentes del Senado y de la Cámara de Representantes, Thomas Rivera Schatz y Jennifer González, respectivamente, y el portavoz de la minoría en el Senado, José Luis Dalmau. Ferrer es también el portavoz de la minoría en la Cámara baja. También se citó al presidente de la Federación de Municipios, Héctor O'Neill, y al de la Asociación de Alcaldes, William Miranda Marín. Pierluisi, por otro lado, sostuvo que el total de coauspiciadores de su proyecto de ley 2499 aumentó hoy a 143. Un total de 101 son demócratas - incluidos nueve presidentes de comités -, y los otros 42 republicanos. “El Proyecto 2499 ha logrado hasta el momento un respaldado bipartita impresionante. Yo me siento sumamente satisfecho por la confianza que cada uno de estos compañeros me ha dado al respaldar esta medida. Es un reconocimiento importante de que ya es hora que el Congreso actúe con relación al status y le pregunte a los puertorriqueños sobre su destino político”, indicó el Comisionado Residente.

Comité de Descolonización hizo nuevo llamado para elevar el tema de Puerto Rico ante la Asamblea General de la ONU

Endi José A. Delgado NUEVA YORK- El Comité de Descolonización de las Naciones Unidas adoptó esta tarde una resolución a favor de la libre determinación e independencia de Puerto Rico, que reclama que el caso político puertorriqueño retorne a la consideración de la Asamblea General. La medida - presentada por Cuba, Venezuela y Ecuador -, fue aprobada por consenso, después de más de tres horas. Representantes de Nicaragua, Dominica, San Vicente y las Granadinas, Panamá, Bolivia, Irán y Siria también hablaron a favor de la resolución antes de que fuera ratificada por consenso. La resolución solicita a la Asamblea General de la ONU que “examine de manera amplia y en todos los aspectos la cuestión de Puerto Rico”. Desde 1953, cuando excluyó a Puerto Rico del listado de países sin gobierno propio, la Asamblea General de la ONU no examina la situación política de la Isla. La resolución “reafirma el derecho inalienable del pueblo puertorriqueño a la libre determinación e independencia, de conformidad con la resolución 1514 (XV) de la Asamblea General, y la aplicabilidad de los principios fundamentales de dicha resolución a la cuestión de Puerto Rico”.

La verdadera "lucha sindical"

NotiUno El Movimiento Socialista de Trabajadores (MST) comparecerá hoy ante el Comité de Descolonización de las Naciones Unidas. Ricardo Santos, abogado sindical y portavoz de los socialistas, reclamará para la clase obrera el derecho a la autodeterminación e independencia. El dirigente socialista expondrá la persecución del gobierno norteamericano y colonial contra los movimientos obreros y la lucha de los estudiantes y las comunidades pobres de la Isla. En el caso de Puerto Rico, indicó el abogado, “los intereses de Wall Street intentan imponer la llamada receta amarga de la privatización, los despidos masivos y eliminación de todo el estado de derecho existente en cuanto a asuntos laborales.” El MST denunciará el trato colonial que le impone los Estados Unidos a Puerto Rico, donde “no se ha tenido la oportunidad de escoger el camino de la privatización, el mismo ha sido impuesto”. “Un país que no cuenta con la soberanía y está sometido al sistema económico de la metrópolis, no está en posición de definir sus políticas económicas y de organización gubernamental”, señaló Santos Ortiz. Asimismo, el MST califica de “pantomima” y de falsedad que un grupo de políticos de los partidos de poder en la Isla continúen participando en la Naciones Unidas cómo si quisieran resolver la situación colonial. La organización además denunció que “en el pasado hemos visto cómo gobernantes y legisladores pasan por estas sillas como si realmente ambicionaran solucionar el problema de la última colonia del Mundo; no obstante, cuando llegan a la Isla todo el discurso queda olvidado”. Para finalizar, Santos Ortiz concluyó que “hay asuntos que sólo nosotros como pueblo podemos hacer. Esto es concienciar al pueblo de luchar por su emancipación y autodeterminación. En otras palabras, la independencia no vendrá por decreto o intervención de la ONU, sino por la voluntad de nuestro pueblo”.

PPD pide que se reconozca “un pacto renovado”

Endi Jose A Delgado NUEVA YORK - El presidente del Partido Popular Democrático (PPD), Héctor Ferrer, solicitó hoy a las Naciones Unidas que se reconozca el desarrollo del actual Estado Libre Asociado como “una de las formas en que el pueblo de Puerto Rico puede ejercer su derecho de libre determinación”. Y, como hiciera en 2008 el entonces gobernador Aníbal Acevedo Vilá, Ferrer respaldó que la Asamblea General de las Naciones Unidas revise como un caso independiente la situación política de Puerto Rico. “El PPD promueve un pacto renovado que afirme indudablemente que el Estado Libre Asociado es soberano en asuntos regidos por su Constitución”, indicó Ferrer en una ponencia que presentó ante el Comité de Descolonización de las Naciones Unidas. A su vez, Ferrer expresó que la Constitución de Estados Unidos seguiría aplicable a Puerto Rico “bajo los mismos términos de ese pacto”. “Este pacto tiene que afirmar que la ciudadanía Americana que los puertorriqueños disfrutan y atesoran es igual en todos los derechos y privilegios e inmunidades y está garantizada en la misma medida en que a los ciudadanos de diversos estados”, agregó Ferrer. Para Ferrer, portavoz del PPD en la Cámara de Representantes, su presentación de hoy es la primera que hace como presidente de su formación política. Y coincide con un debate interno sobre el tipo de asociación que los populares quieren impulsar. En su ponencia, Ferrer volvió a expresarse en contra del proyecto de status sometido en la Cámara de Representantes por el comisionado residente en Washington, Pedro Pierluisi, por entender que excluye la opción de mejorar el actual status político. “La exclusión intencional del Estado Libre Asociado como opción en la papeleta niega al pueblo de Puerto Rico el derecho a determinar libremente su futuro”, indicó el Presidente del PPD.

La 'independencia' a las Naciones Unidas

El liderato del PIP buscará que el caso se vea el próximo año. AP PONCE — El Partido Independentista Puertorriqueño (PIP) trabajará para que la Asamblea General de la Organización de Naciones Unidas (ONU) vea el caso de Puerto Rico el año próximo, fecha que fijó ese organismo mundial para la erradicación del colonialismo en el planeta. El presidente ejecutivo del PIP, Fernando Martín, dijo el sábado que espera que nuevamente sea aprobada la resolución del Comité de Descolonización, que sesiona el lunes en la sede de la ONU, a los efectos de que Puerto Rico ejercite su derecho de autodeterminación e independencia. "Ahora la gran tarea es que los países que simpatizan con nuestra causa empujen en la ONU para que el caso se vea en la Asamblea General. Nuestra esperanza es que sea en el 2010, año en que se cumple el segundo decenio que declaró la Asamblea General para la erradicación de coloniaje, y el 2010 es el bicentenario del comienzo de independencia en América Latina", expresó Martín. El dirigente del PIP dijo en entrevista con Prensa Asociada que espera que la resolución de este año sea aprobada nuevamente por unanimidad y que exhortará a los países latinoamericanos a que hagan fuerza para que el caso de Puerto Rico llegue a la Asamblea General el año entrante. "El año pasado, no solamente la resolución tuvo apoyo unánime, sino que una vez más se insistió en la solicitud de que la Asamblea General examine el caso de Puerto Rico, cosa que no hecho desde 1953. Además, fue significativo por la presencia en sala de un número de delegaciones de países latinoamericanos no miembros del Comité expresándose en solidaridad con la resolución", indicó. Panamá, Ecuador, Guatemala, Honduras y Nicaragua fueron los países no miembros del Comité de Descolonización que se expresaron solidarios con la resolución. La resolución aprobada en el 2008, que se espera también se apruebe este año, reafirma principios como la "afirmación inequívoca a la aplicabilidad de la Resolución 151415, el derecho inalienable del pueblo de Puerto Rico a su autodeterminación e independencia". A la vez, se insta a los Estados Unidos a que cree las condiciones propicias para que el pueblo puertorriqueño decida sobre su estatus, al igual que hay una referencia para el gobierno estadounidense libere a los presos políticos puertorriqueños. Aunque no descarta que el sector anexionista intente sabotear la aprobación de la resolución bajo el argumento de que hay un proyecto radicado en el Congreso estadounidense por el comisionado residente Pedro Pierluisi para un proceso de definición de estatus, ve poco probable que eso suceda. Según el profesor de derecho, el lunes la resolución va a ser presentada nuevamente por la delegación de Cuba, como lo ha sido tradicionalmente, aunque en 1991 el promotor de la misma fue Venezuela. Sobre México y República Dominicana, que no forman parte del Comité de Descolonización y que el año pasado no hicieron expresiones de apoyo a la resolución, Martín dijo que espera que lo hagan cuando el asunto llegue a la Asamblea General o durante las reuniones preparatorias para "empujar el caso de Puerto Rico" al pleno de la ONU. ----------------------------------------------------------------------- MINH planteará urgencia AP SAN JUAN — El Movimiento Independentista Nacional Hostosiano (MINH) acudirá el lunes ante el Comité de Descolonización de la ONU para reclamar una vez más que ese organismo internacional atienda con urgencia el caso político de Puerto Rico. Héctor Pesquera, copresidente del MINH, destacará en su ponencia ante el Comité la importancia de la colaboración internacional y de la Asamblea General de la ONU para terminar con la relación colonial entre Estados Unidos y Puerto Rico. "Es sumamente importante que se le haga un requerimiento a Estados Unidos para que respete el mandato del derecho internacional en lo que respecta a Puerto Rico, y que éste parta desde el seno de la Asamblea General de la ONU", indica la ponencia de Pesquera, según un avance divulgado el domingo por el MINH en un comunicado de prensa. "Cada vez son más los países y las voces en todo el planeta que se unen al reclamo del fin del colonialismo en Puerto Rico", asegura Pesquera en su presentación. Pesquera reclamará, además, que ante la situación actual de la isla, se hace aún más urgente la intervención de la comunidad internacional para resolver el estatus puertorriqueño. "Lo que ha existido desde la invasión de 1898 es una intervención y ocupación ilegal, lo que convierte en nulo e ilegal desde el punto de vista internacional todas las acciones derivadas de aquel acto de fuerza", señala. "Puerto Rico enfrenta hoy día una crisis política de tal envergadura, que hace urgente pedirle a este Comité Especial de Descolonización que asuma su responsabilidad histórica", agrega. Desde la década de 1970, el Comité de Descolonización, que año tras año ha reconocido el derecho de Puerto Rico a su independencia y libre determinación, ha aprobado más de una veintena de resoluciones que no han traído cambio alguno, pero que mantienen el asunto en discusión en el foro internacional. En 2008, representantes de todas las ideologías en Puerto Rico acudieron ante el comité, que aprobó una resolución para solicitar a la Asamblea General de la ONU que viera el caso de Puerto Rico, pero eso nunca sucedió. La Asamblea de las Naciones Unidas no revisa el tema desde 1953, cuando excluyó a Puerto Rico de la lista de países sin gobierno propio.

Nueva jurisprudencia termina con trucos electorales

NotiUno Luis Davila Colon Original Video - More videos at TinyPic

En dos semanas la primera audiencia de status

endi.com Jose A. Delgado WASHINGTON - El Comité de Recursos Naturales de la Cámara de Representantes federal convocó hoy para el 24 de junio la primera audiencia en torno al proyecto 2499 que impulsa un proceso de dos consultas en torno al futuro político de Puerto Rico. Nick Rahall, presidente del Comité, anunció la convocatoria a la audiencia, en la que se espera declaren, principalmente, líderes políticos de Puerto Rico. Rahall informó de que en la sesión se examinará el proyecto 2499 presentado por el comisionado residente en Washington, Pedro Pierluisi. El martes, Rahall había circulado – junto al pasado presidente de la comisión, el republicano Don Young-, una carta en la que solicitó respaldo para el proyecto 2499. “Pensamos que el proyecto 2499 representa un paso simple y justo hacia la resolución de este asunto que se ha discutido por tanto tiempo”, indicaron Rahall, demócrata, y Young, republicano, ambos cercanos a líderes estadistas. La inclusión de Young en la carta, sin embargo, resaltó la decisión del portavoz de la minoría republicana en esa comisión, Doc Hastings, de abstenerse – hasta el momento-, de endosar la legislación, presentada el pasado día 19 por Pierluisi. El proyecto de ley 2499, que promueve que Puerto Rico se exprese a favor de terminar con el actual status comúnmente descrito como Estado Libre Asociado, tenía hasta ayer 124 coauspiciadores.

La soberanía del estado

El Vocero Ricardo Rosselló El discurso sobre la soberanía ha resurgido recientemente en el ámbito político de la Isla. Pero como siempre, la discusión tiende a tomar el giro que históricamente se le ha dado al término aquí en Puerto Rico – que la soberanía sólo aplica a un cuerpo político independiente y, por ende, para que Puerto Rico sea un ente soberano, tiene obligatoriamente que renunciar a su relación con los Estados Unidos. Si bien es cierto que la soberanía aplica a entes independientes, igualmente cierto es el hecho de que los estados de la Unión Americana son ampliamente soberanos. Según el diccionario de la Real Academia, “soberanía” se define como la “autoridad suprema del poder público” y como “la que reside en el pueblo y se ejerce por medio de sus órganos constitucionales representativos.” Asimismo, en su Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (16 de diciembre de 1966), relativo a la soberanía de los pueblos, la ONU establece que “Todos los pueblos tienen el derecho de libre determinación. En virtud de este derecho establecen libremente su condición política y proveen asimismo a su desarrollo económico, social y cultural.” (Parte 1, Artículo 1.1) El concepto moderno de que la soberanía ‘reside en el pueblo’ nace de la filosofía de Jean Jacques Rousseau y su Contrato Social, luego de la Revolución Francesa, cuando cambió por siempre la apreciación de que el Rey era el único soberano. Desde entonces, la soberanía se ha definido conforme a la organización política de los pueblos, y su significado ha ido fluctuando conforme a la estructuración de estas organizaciones políticas. La idea de la soberanía también incluye, tanto la libre determinación en cuanto a asuntos externos o internacionales, como la autodeterminación en los asuntos internos o domésticos. A principios del Siglo XX, Gran Bretaña, siendo potencia mundial, era tan soberana como el Imperio Chino, que era un poder cuasi-estatal. Igualmente soberano era Irak, que fue un estado creado luego de la Primera Guerra Mundial por mandato de Inglaterra. Existían también otros entes políticos, como las colonias africanas, las Filipinas y otras colonias en Asia y las Américas que, a pesar de estar organizados como pueblos, no se calificaban como totalmente ‘soberanos’. A partir del 1945, luego de concluida la Segunda Guerra Mundial, la definición de soberanía se hace más precisa y toma un significado más legal, aludiendo al precepto de que todo pueblo tiene derecho a la autodeterminación. De ahí el movimiento global hacia la descolonización de los pueblos. También de ahí se desarrolla la afirmación de parte de todos los foros internacionales, incluyendo la ONU y la Organización de los Estados Americanos, de que un pueblo se considera estar disfrutando plenamente de sus derechos soberanos sólo cuando está organizado de tres - y únicamente tres - maneras: como ente independiente; como estado federado integrado completamente a una metrópolis mayor; o como jurisdicción independiente que acuerda con otra jurisdicción independiente entrar en un pacto mutuo de sociedad común y libre asociación. Estas definiciones son tan claras y precisas, como sencillas, y aplican a todos los pueblos por igual. Hoy por hoy, sin embargo, existe sólo un puñado de jurisdicciones en el mundo entero que no cumplen con ninguna de estas tres definiciones y, por lo tanto, no están ‘disfrutando plenamente de sus derechos soberanos’. Entre esas pocas jurisdicciones no soberanas, se encuentra el mal llamado Estado Libre Asociado de Puerto Rico; y enfatizo ‘mal llamado’ porque en realidad no somos estado, ni somos libres, como tampoco estamos asociados, porque la realidad del caso es que estamos subordinados a los poderes plenos del Congreso. Somos la colonia más antigua del mundo, y esta aberrante condición colonial ha limitado adversamente la capacidad de Puerto Rico de progresar económica y socialmente. Ha sido el ELA lo que nos ha mantenido - y sigue manteniéndonos - bajo esa condición colonial por no cumplir con ninguno de los requisitos establecidos internacionalmente para definir a los pueblos soberanos. Por lo tanto, nunca podríamos lograr ser “soberanos” bajo ninguna estructuración del ELA, pues la propia composición del ELA contradice la definición de soberanía. De nuevo, sólo podemos ser plenamente soberanos bajo la independencia porque el único órgano constitucional representativo que existiría bajo ese escenario sería el que se establezca aquí por los nuevos ciudadanos puertorriqueños políticamente independientes. También podemos ser totalmente soberanos bajo la estadidad, porque en ella, como ciudadanos americanos que queremos seguir siendo, sí tendríamos el poder de votar por el Presidente, el Vicepresidente y todos los representantes en la Cámara y Senado federales que estarían legislando y tomando decisiones a favor de nosotros, sus constituyentes, los ciudadanos americanos de la Isla. De hecho, siendo estado, tendríamos tantos o más representantes en la Capital Federal que la mayoría de los estados actuales. De otra parte, bajo la libre asociación, la soberanía sería compartida entre dos jurisdicciones ya independientes, que participarían en igualdad de términos y bajo consentimiento mutuo, pues cada cuál tendría la plena potestad en ley de llegar a tales acuerdos y de subsiguientemente modificarla. Si queremos resolver el asunto del status político de la Isla de una vez y por todas, y queremos ser realmente un pueblo soberano, podemos tomar la ruta de la anexión plena y total como estado federado que tomó el Reino de Hawai; podemos seguir el ejemplo de las Filipinas y hacernos totalmente independientes; o podemos, luego de hacernos independientes, entrar en un pacto de libre asociación con Estados Unidos, España, México, Cuba, o el país que queramos. Pero por definición, obligatoriamente el ELA tiene que dejar de existir, porque el ELA limita nuestra participación internacional, y a la misma vez, nos prohíbe participar en los más altos niveles de nuestra democracia actual, pues no permite el voto presidencial, como tampoco avala una representación plena en el Congreso que crea las leyes que nos rigen. Por lo tanto, el tratar de ponerle el apodo de “soberano” al ELA es querer engañar al Pueblo con falsas ilusiones. Por su propia esencial colonial, el ELA no es, ni nunca podrá ser “soberano”. La única realidad del ELA colonial es que simplemente ya no aguanta un parcho más, ni otra definición tergiversada más, ni más ninguna otra maraña para tratar de disfrazarlo. Si vamos a tomar una decisión de envergadura que lleve a Puerto Rico por un camino certero hacia un futuro de progreso político, económico y social, apoyemos entonces con firmeza aquellas alternativas reales que nos permitan quitarnos de encima el yugo colonial que llevamos cargando por medio mileno. Vamos a tomar un rumbo netamente descolonizador que establezca una soberanía real, bien sea bajo la independencia o la estadidad; tomemos un rumbo que nos permita crear un Puerto Rico nuevo, no colonial, donde podamos gozar de todos nuestros derechos ciudadanos a plenitud, conforme lo dictan las constituciones que nos rigen, las leyes internacionales, y según se desprende de la propia esencia de la democracia. Está en nuestras manos decidir si finalmente, después de cinco siglos de descrédito, vamos o no a ponerle fin a la colonia. Está en nuestras manos decidir si logramos nuestra soberanía bajo la independencia, o nos hacemos un estado federado, netamente soberano.

The Jones Act: Good or bad for Puerto Rico?

Caribbean Business By : CARLOS ROMERO BARCELÓ When we talk about the Jones Act, we should explain which Jones Act we are talking about.

There are two very well-known Jones acts related to Puerto Rico. One is the Jones Act of 1917, which is a federal law passed by Congress that defined our constitutional, legal, political and economic relations to the states of the union and the federal government, and prescribed the organization of our territorial government as a republican form of government.

The other Jones Act, which very often is publicly discussed in Puerto Rico, is the federal law officially known as the U.S. Coastwise Shipping Act, which requires all passengers and merchandise using seagoing vessels for transportation from one U.S. port to another U.S. port be transported via a U.S.-flag vessel whose crews must consist of U.S. citizens.

Of the two, the one we are going to discuss in this column is the Jones Act that controls our ocean transportation between Puerto Rico and the states of the union. As indicated above, the Jones Act requires all passengers and cargo transported by ocean carriers from Puerto Rico to the states of the union and vice versa must be on U.S. vessels.

There is, however, one exception regarding people traveling by ocean vessel between Puerto Rico and the mainland U.S. The exception is an amendment that allows passengers to travel from Puerto Rico to the mainland and vice versa on foreign-flag vessels with foreign crews as long as there are no passenger U.S.-flag vessels available to transport them between other U.S. ports and Puerto Rico.

That amendment was the product of a bill I asked former Resident Commissioner Baltasar Corrada del Río to introduce when I was governor of Puerto Rico. We even managed to get the House committee to hold hearings in Puerto Rico, where the amendment was strongly supported.

To get Sen. Daniel K. Inouye’s (D-Hawaii) support, I had to meet with the presidents of the maritime unions in Washington, including the Seafarers’ International Union, as representatives of the stevedores (dockworkers). After I obtained their commitment to support my proposed amendment, Inouye brought the House bill to the Senate floor and it eventually was enacted.

In the process of obtaining support from the labor leaders and other senators and members of Congress, I learned how important ocean vessels are to a nation’s commerce, safety, influence and power. The majority of great trading and commercial nations as well as the powerful commercial and military empires have had large and powerful navies. To mention a few: the Carthaginian, Spanish and Portuguese empires, Dutch East India Co., the British Empire and, last but not least, the U.S.A.

All the ocean-cargo traffic between Puerto Rico and the mainland is done on U.S.-flag vessels and a substantial number of the crew is from Puerto Rico. According to a report made by the U.S. Maritime Administration in 2006, Puerto Rico and the mainland’s ocean-liner trade, in terms of 40-foot containers, was the largest domestic offshore liner trade. All U.S.-flag vessels are subject to the Coastwise Shipping Act and all cabotage laws. They are also subject to the supervision of the U.S. Maritime Administration and the congressional committees, which help ensure Puerto Rico, as well as other offshore U.S. ports, receive reliable ocean-transportation services at competitive rates.

In terms of rates for northbound traffic—transportation from Puerto Rico to U.S. mainland ports—the rates are not only competitive but also lower than what any foreign shipping company would charge. Why? Because we now have as much cargo capacity northbound as we have southbound. However, all southbound vessels are usually loaded to capacity, but northbound vessels are usually half-empty. Obviously, northbound rates are much lower but with the same consistent and reliable service.

We hear continuous claims that if we are exempted from the Jones Act we would economize on the cost of all goods and merchandise brought from the mainland. Therefore, we should demand we be excluded from the Jones Act and allowed to use foreign-flag vessels to transport goods from the mainland to Puerto Rico. However, once we are excluded from the protection of the U.S. Maritime Administration and the Jones Act, we would be left at the mercy of the commercial and business interests of the foreign carriers, who don’t and wouldn’t give a damn about Puerto Rico’s interests. However, as long as we are protected by U.S. laws and the Maritime Administration, the U.S. carriers can’t enter into commercial agreements or cartels that control rates, prices and availability of service.

Not only would northbound vessel availability be reduced and rates increased, but since foreign carriers would be exempt from U.S. cabotage laws, controls and the U.S. Maritime Administration’s supervision, they also most probably would enter into agreements in restraint of trade (monopolistic practices) and increase rates after the competition is eliminated. Puerto Rico would then be at the mercy of foreign carriers which, as I have said, don’t give a damn about our welfare or interests vis-à-vis their own economic interests.

Studies made by the maritime industry reveal that once foreign carriers eliminate the competition by offering lower rates, they will begin increasing their rates to maximize their profits. When that happens, if we are excluded from the U.S. cabotage laws, we would have no protection.

At present, we are being served by several U.S. carriers that share an extremely important and large offshore trade, which also gives us a substantial market power and influence. To foreign carriers, our share of their total market would be much less, thereby diminishing our market power.

For the past 25 years or more, a highly competitive shipping market has existed in Puerto Rico. This highly competitive market has worked to provide the island with a variety of services tailored to the needs of different shippers.

Finally, an unfortunate attitude has been fast developing since the turn of the century in Puerto Rico. More than ever, we keep demanding more and more privileges, benefits and money as U.S. citizens while refusing to contribute and participate in the duties and responsibilities of U.S. citizens.

All crew members of U.S.-flag vessels are U.S. citizens, many of them Puerto Ricans who, to become U.S. seafarers, had to go through criminal and Homeland Security screenings to obtain a Transportation Worker Identification Credential, which provides us with much greater security in our ports.

Last but not least, in times of conflict overseas and particularly in time of war, the nation needs the cargo and transportation vessels with American crews to assist the military abroad. If we demand parity in Medicaid and other federal programs, shouldn’t we also be proud to contribute to our nation’s safety and needs in times of conflict?

Carlos Romero Barceló is a two-term former governor of Puerto Rico (1977-’84), a two-term former resident commissioner (1993-’00) and a two-term former mayor of San Juan (1969-’78). He was president of the New Progressive Party for 11 years.

Hace un año y unos dias............

Wednesday, May 28, 2008 ENCUESTA de El Nuevo Dia sobre el Status y Ciudadania STATUS En la presente encuesta de El Nuevo Día, una mayoría relativa compuesta por el 46% de los electores dice que la Isla debe “votar pronto” en un plebiscito oficial sobre status, mientras que el 37% opina que la votación sobre el status se debe dejar a un lado “por un tiempo”. Sólo el 11% considera que “no debe haber más plebiscitos”. Luego de un período de varios años en los que mayorías relativas de puertorriqueños opinaron que se había invertido demasiado tiempo, dinero y energía en redactar y votar por los plebiscitos sobre el status, y que se debía dedicar más atención a otros asuntos, este sentimiento ha comenzado a cambiar nuevamente. Si bien es natural que la ideología partidista juegue un papel fundamental en la inclinación hacia los plebiscitos (los penepés los apoyan y los populares son más ambivalentes), un importante grupo de “electores cambiantes” ha llegado a la conclusión de que tal vez Puerto Rico está listo para volver a votar. Un 34% de los electores no afiliados opina que se debe “dejar en paz” el asunto de los plebiscitos, pero el 43% de los que no tienen afiliación política piensa que la Isla debe “votar pronto”. Aunque el apoyo a un nuevo plebiscito se puede describir como “leve, pero cada vez más positivo”, algo en lo que la mayoría de los electores de todas las ideologías están completamente de acuerdo es en que la claridad del status es una precondición necesaria para mejorar la calidad de vida en la Isla. Por un margen mayor de 2 a 1 (65% a 29%), los electores señalaron que Puerto Rico sólo podrá abrirse camino para mejorar sus circunstancias actuales cuando se resuelva finalmente el status. El 68% de los penepés comparte esta opinión, además del 57% de los populares, el 88% de los que apoyan la independencia y hasta el 70% de los que no tienen afiliación política. Mientras la mayoría de los electores puertorriqueños (65%) cree, o al menos espera, que el asunto del status político se resuelva mientras vivan, la presente encuesta presenta una trayectoria poco conocida, y tal vez menos fragmentada, hacia esa solución. Si los electores enfrentaran hoy una papeleta de tres opciones en la que tuviesen que elegir entre la estadidad, una definición no específica para continuar el Estado Libre Asociado, o la independencia, el sentir actual le otorgaría un 57% de victoria a la estadidad. Esta es la primera vez en la historia de la encuesta de El Nuevo Día que la estadidad o el Estado Libre Asociado han obtenido más del 50% entre el electorado. Esto se debe a que aunque los electores del PIP apoyan absolutamente la independencia y un 90% de los penepés votaría a favor de la estadidad, el Estado Libre Asociado cuenta con el apoyo del 79% de los electores del PPD, cuyo partido está desorganizado, y los electores no afiliados se inclinan levemente a favor de la estadidad (39% a 35%). A todas luces, la historia reciente indica que la definición de Estado Libre Asociado, independientemente de si se describe como “mejorada”, “soberanía”, “unión permanente” u otra cosa, ha sido parte del problema. Si el Congreso de los Estados Unidos determina que no reconocería esta opción de status y que cualquier plebiscito autorizado por el gobierno federal sería para escoger entre solicitar la estadidad o declarar la independencia para Puerto Rico, el resultado que revela la encuesta es bastante claro. Por un margen de 77% a 12%, los electores escogerían la estadidad. Esto incluye a más del 90% de los simpatizantes del PNP, pero también al 62% de los electores del PPD y a un sólido margen del 74% de los electores que no se identifican con ningún partido. ---------------------------------------------------------------------------- CIUDADANIA Aunque hay suficientes motivos para que surja confusión cuando se lanzan acusaciones de “autonomista” durante una temporada de campaña política, prácticamente no hay duda de que, con excepción de los seguidores más ideológicos de la independencia de Puerto Rico, la posesión de un pasaporte estadounidense y de la ciudadanía estadounidense es un factor importante para una mayoría abrumadora del pueblo puertorriqueño. La mayoría de los participantes de la presente encuesta (58%) dice que la ciudadanía estadounidense es “muy importante” para ellos y otro 31% señala que es “algo importante". De hecho, el 96% de los electores del PNP, el 88% de los simpatizantes del PPD, y una mayoría similar compuesta por el 90% de los electores no afiliados a ningún partido están de acuerdo en que la ciudadanía estadounidense es importante para ellos. Al formularles la pregunta de forma abstracta, sólo los miembros del PIP consideran que la ciudadanía estadounidense no es importante. No obstante, al formular una pregunta de “opción forzada” en torno a cuál sería su decisión si tuviesen que elegir entre la ciudadanía puertorriqueña y la ciudadanía estadounidense, la mezcla de emociones crea un panorama un poco más complicado y dramáticamente distinto del que se presentó en las encuestas anteriores. De acuerdo con la presente encuesta, en general, el 67% de los electores respondió que elegiría la ciudadanía estadounidense. Sólo el 21% dijo que elegiría la ciudadanía puertorriqueña. Los simpatizantes del PNP no dudarían en escoger la ciudadanía norteamericana, ya que el 81% prefiere esta opción, mientras que porcentajes más pequeños (pero que aún son mayoría) de electores del PPD y electores no afiliados opinan lo mismo. Parece haber surgido un cambio considerable en la cantidad de puertorriqueños que preferiría la ciudadanía estadounidense en lugar de la ciudadanía puertorriqueña. La cifra de 67% registrada en la presente encuesta supera por mucho el sentir de las encuestas anteriores de El Nuevo Día en el 2002 y 1996, mientras que el porcentaje de electores que opta por la ciudadanía puertorriqueña se ha reducido marcadamente. ------------------------------------------------------------------------ Despues de un año, los numeros habran cambiado???

Carta de AAV a Pelosi apoya el ELA soberano

Jose A Delgado Endi.com WASHINGTON – A los legisladores “soberanistas” les dejó encantados la carta que envió hoy el ex gobernador Aníbal Acevedo Vilá a la presidenta de la Cámara de Representantes federal, Nancy Pelosi. Al pedirle a Pelosi que rechace la legislación de status del comisionado Pedro Pierluisi, Acevedo Vilá indicó que el proyecto de ley obvia intencionalmente que los estadolibristas “aspiran a una mejora del Estado Libre Asociado basada en la soberanía del pueblo de Puerto Rico”, “no simplemente a una mera continuación” del actual status. Los legisladores autonomistas Charlie Hernández, Luis Vega Ramos, Carmen Yulín Cruz y Cirilo Tirado Rivera afirmaron que en su carta a Pelosi Acevedo Vilá reconoce así “que el único camino posible para el desarrollo del ELA parte del reconocimiento de nuestra soberanía”. “Nos complacen las expresiones del gobernador Acevedo Vilá pues reafirman la posición institucional del Partido Popular Democrático que hemos defendido a favor del ELA soberano y que están contenidas en el programa de gobierno de nuestra colectividad”, indicaron los legisladores populares. Los sectores soberanistas se encuentran en medio de un debate interno con las estructuras de liderato del PPD - encabezadas por el presidente Héctor Ferrer y José Alfredo Hernández Mayoral- que ahora promueven el “crecimiento” del ELA “dentro de la federación norteamericana”. Mientras, el comisionado residente en Washington, Pedro Pierluisi, minimizó la presión de Acevedo Vilá en contra de su legislación, que ya tiene 105 coauspiciadores y lleva el número 2499. “Esta es la misma persona que el pasado cuatrienio vetó el proyecto de status del (representante) José Aponte, que contaba con el aval de su propia delegación en la Legislatura de Puerto Rico. Se equivoca si cree que va a poder paralizar este proceso”, indicó Pierluisi, en una declaración escrita. Mientras, el grupo estadista Juventud Demócrata de Puerto Rico djo que le envió otra carta a Pelosi en la que denuncian el contenido de la misiva de Acevedo Vilá. “La acción consistente de Acevedo Vila con sus envíos de cartas referente al status, demuestra clara e inequívocamente una desesperación producto de la derrota mas abrumadora en la historia del Partido Popular Democrático y la división ideológica que existe entre sectores de derecha e izquierda en ese partido”, indicó Philip Arroyo, quien se identificó como vicepresidente de ese grupo.

Asamblea MINH reagrupa fuerzas contra políticas de Fortuño y a favor de la soberanía y de la descolonización para Puerto Rico

Claridad Perla Franco El reclamo de unidad para enfrentar las políticas neoliberales de la administración del gobernador Luis Fortuño continuó fraguándose con la Asamblea Extraordinaria del Movimiento Independentista Nacional Hostosiano (MINH) celebrada el pasado domingo 31 de mayo en el Centro de Bellas Artes de Caguas, donde la militancia de la agrupación y diversos sectores sindicales, políticos y ambientalistas del país presentes, hicieron el compromiso de actuar en conjunto para demostrar al Gobernador el descontento general que existe ante las medidas que está tomando su administración amparado en la alegada crisis fiscal. Entre las organizaciones que dijeron presente estuvieron el Frente Socialista, el Movimiento Al Socialismo, la Coordinadora Sindical, que representa a otras 15 organizaciones sociales y sindicatos nacionales, el Frente de Solidaridad y Lucha, la Coordinadora Caribeña y Latinoamericana de Puerto Rico, la Coalición Sindical, que agrupa a sindicatos afiliados a centrales norteamericanas, además de representantes de sectores comunitarios, ambientalistas, culturales y artísticos. En representación del presidente del Partido Popular, Héctor Ferrer, asistió el representante y portavoz alterno de la minoría PPD en la Cámara, Luis Raúl Torres. El alcalde de Caguas, William Miranda Marín, dio la bienvenida a los asistentes, en un discurso donde ofreció su concurso a la dirección del MINH “en la insigne tarea que han asumido de orientar políticamente a nuestro pueblo en los recovecos de las contradicciones que impone las dialécticas de vivir en la más antigua colonia del mundo”. Miranda Marín reiteró su endoso a la “Asamblea Constitucional de Status como mecanismo definitivo para proclamar el reconocimiento internacional de nuestra soberanía nacional y estipular acuerdos de transición o asociación soberana entre las naciones de Puerto Rico y la de Estados Unidos, basados en el derecho internacional”. También aplaudió “la demostración pacífica de seis compatriotas en el Congreso de los Estados Unidos que contribuyeron a mover la opinión pública mundial a favor de nuestros reclamos de soberanía.” Precisamente, la Asamblea fue dedicada a los seis puertorriqueños que el pasado seis de mayo realizaron actos de desobediencia civil en el Congreso de Estados Unidos para denunciar la condición colonial de Puerto Rico y reclamar la independencia para la Isla, algunos de los cuales estuvieron en el cónclave. Entre los acuerdos alcanzados en la Asamblea recogidos en una Resolución manifestaron su disposición a movilizar a sus matrículas para denunciar la política devastadora del gobernador Fortuño, denunciar esa política en Estados Unidos y otros foros internacionales, crear diálogos e intercambios con diversos sectores sociales para promover proyectos socioeconómicos alternos basados en la sustentabilidad, realizar actos de desobediencia civil como forma de protesta, posibles boicots contra intereses comerciales y bancarios de los empresarios que respaldan la agenda de Fortuño, y caminar hacia una posible huelga general. Todo ello estuvo enmarcado en el reclamo que advirtieron harán en contra del colonialismo, por la soberanía, y en favor de la descolonización para Puerto Rico. --------------------------------------------------------------------------- Mario Santana Ortiz EL VOCERO CAGUAS - Puerto Rico tiene una soberanía nacional usurpada por un acto de guerra de los Estados Unidos, señaló el alcalde de Caguas, William Miranda Marín. El Alcalde hizo el señalamiento ayer, al dirigirse a una asamblea extraordinaria del Movimiento Independentista Nacional Hostosiano (MINH), en la que aprobó una resolución que exhorta a la sociedad puertorriqueña a movilizarse en oposición a las políticas del gobierno de Luis Fortuño. A los copresidentes del MINH, Miranda Marín les prometió su apoyo “en la insigne tarea que han asumido de orientar políticamente a nuestro pueblo en los recovecos de las contradicciones que impone las dialécticas de vivir en la más antigua colonia del mundo”. Reafirmó su firme creencia en “la asamblea constitucional de status como mecanismo definitivo para proclamar el reconocimiento internacional de nuestra soberanía nacional y estipular acuerdos de transición o asociación soberana entre las naciones de Puerto Rico y los Estados Unidos”. Señaló, refiriéndose a la invasión de los Estados Unidos a Puerto Rico en el 1898, durante la guerra Hispanoamericana, que la soberanía nacional de Puerto Rico fue “usurpada hace un siglo por un acto de guerra”. Agregó que ese acto de guerra transformó a los Estados Unidos “de una república democrática soberana revolucionada inspiradora y portadora de libertad, en un imperio colonial”. Además, dijo –con un lenguaje que podría interpretarse que se refiere a algunos líderes en su Partido Popular Democrático (PPD)- que “es patético que hijos de esta patria, personas ilustradas en el derecho y la política”, prefieran los subterfugios en lugar de enfrentar a “sus propios miedos perder privilegios de clase social”. Para Miranda Marín, estos temores de perder privilegios de clase, “parecen ser resabios principescos de una sociedad monárquica colonial”. Al parecer refiriéndose al gobierno de Fortuño y los sectores empresariales que lo apoyan, advirtió que “ciertos grupos aúnan esfuerzos para defender” sus “particulares intereses económicos”. Estos grupos –abundó- actúan “como si se tratara de derechos de invasión de una nueva conquista para repartirse despojos de una guerra”. Estos grupos –agregó- “articulan las bases jurídicas para distribuirse el botín de nuestras instituciones y nuestra tierra”. Miranda Marín señaló que, contrario a esa visión de gobernar para repartirse el botín, el Estado tiene una función de “redistribución de la riqueza”, de “atender cuestiones que por su naturaleza estructural sean de carácter nacional”, de asegurar “la conservación y sostenimiento del patrimonio natural y cultural” y de vincular a Puerto Rico “con el resto de las naciones del mundo”. Agregó que, al ser parte del Caribe y capaz de interactuar “con toda la América y Europa”, Puerto Rico “necesita proclamar su soberanía nacional”. Además, aplaudió el acto de desobediencia civil pacífica que protagonizaron el 6 de mayo pasado seis creyentes de la independencia de Puerto Rico que desplegaron pancartas y cantaron canciones patrióticas en el hemiciclo de la Cámara de Representantes federal. Para el Alcalde, con su acto en el Congreso, estos seis puertorriqueños “contribuyeron a mover la opinión pública mundial a favor de nuestros reclamos de soberanía”. Las palabras de Miranda Marín fueron acogidas con un entusiasmado aplauso por la asamblea del MINH. “Los exhortó a arreciar la lucha y a continuar abriendo puertas para todos los que amamos la libertad individual como la colectiva”, les dijo al final de su discurso.

Acevedo Vilá manda su cartita

Endi.com Jose A. Delgado WASHINGTON – Aníbal Acevedo Vilá le envió una carta a la presidenta de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Nancy Pelosi, en la que le pide que rechace el proyecto de status del comisionado Pedro Pierluisi. Acevedo Vilá, quien fue gobernador de Puerto Rico y comisionado residente en Washington, afirmó que el proyecto de ley que propone Pierluisi “es divisorio, excluyente, prejuiciado y no representa un verdadero proceso de libre determinación”. En su carta a Peloisi – quien ya ha advertido que se necesitará consenso entre las partes involucradas en el debate sobre el futuro político de Puerto Rico para que avance alguna legislación en la Cámara baja-, Acevedo Vilá le mencionó que dos de los tres principales partidos de la oposición, el Popular Democrático y el Independentista Puertorriqueño, se oponen a la legislación. Pierluisi presentó a el pasado 19 de mayo un proyecto de ley que sugiere un proceso de dos consultas destinado a terminar con el actual status político de Puerto Rico. En la primera consulta, los electores de Puerto Rico pueden elegir entre el actual status o un cambio en las relaciones políticas con Estados Unidos. Si se apoyara un cambio en el status, la legislación propone una segunda consulta entre la estadidad, la independencia y una asociación soberana. Acevedo Vilá indicó que en la forma en que se define la asociación soberana se presta a la interpretación de que esa alternativa de status no incluiría la permanencia de la ciudadanía estadounidense, lo que le recuerda a las recomendaciones hechas por la Casa Blanca del republicano George W. Bush. “Todo esto hace más obvio que el objetivo final es crear una mayoría artificial a favor de la estadidad”, indicó Acevedo Vilá, en la carta, la cual dio a conocer a través de su página de Facebook.

Fortuño emplaza al PPD ha hablarle claro al país

AP SAN JUAN- El gobernador Luis Fortuño afirmó el lunes que la definición del ELA incluida en el proyecto sobre estatus presentado por el Comisionado Pedro Pierluisi en el Congreso fue sacada “palabra por palabra” del programa del Partido Popular Democrático (PPD). La opción soberanista del proyecto habla: “Soberanía en asociación con EEUU: Puerto Rico debe formar una asociación política entre naciones soberanas que no esté sujeta a la cláusula territorial de la Constitución de EEUU”. La definición del ELA ha provocado una profunda división entre los populares que favorecen más poderes soberanos para Puerto Rico y los que afirman la unión permanente con la soberanía residiendo en el Congreso de Estados Unidos. “La razón por la cual comienza esta controversia es el proyecto de estatus (de Pierluisi)... el problema que tienen es que la definición es sacada palabra por palabra de la plataforma que presentó el Partido Popular Democrático en noviembre pasado”, dijo Fortuño en conferencia de prensa. Sin embargo, el programa de gobierno presentado por el PPD a los electores antes de las elecciones del 2008 se comprometía con convocar una Asamblea Constitucional de Status y la promoción de un Estado Libre Asociado (ELA) soberano. “El concepto de ELA soberano busca que Puerto Rico y el gobierno de los Estados Unidos acuerden términos específicos definiendo la relación entre ellos, con la ciudadanía americana como elemento vinculante de la asociación política”, informó entonces el ex gobernador Aníbal Acevedo Vilá en un mensaje donde informó sobre el tema. El mandatario recordó que todos los candidatos electos por el PPD se comprometieron con avalar esa definición. Fortuño exhortó a los populares a decidir “si se van a mantener con la posición que defendieron en su plataforma en noviembre pasado o si van a cambiar de opinión nuevamente”. El presidente del PPD, Héctor Ferrer, discrepó del primer ejecutivo al señalar que esa es la interpretación que Fortuño hace del programa de gobierno de su colectividad. “Ni Luis Fortuño, ni Pedro Pierluisi, ni Carlos Romero Barceló le dicen a los estadolibristas cómo vamos a definir el ELA (Estado Libre Asociado). El ELA lo definimos nosotros y lo que se vaya a poner en un proyecto de estatus en cuanto a la definición del ELA lo ponen los estadolibristas”, destacó Ferrer en un aparte con la prensa. “Esa es la interpretación de él. Si él me deja definir la estadidad en su proyecto yo lo dejo definir el Estado Libre Asociado”, destacó. El proyecto de estatus de Pierluisi ha sido blanco de críticas no sólo por parte de líderes del PPD y del Partido Independentista Puertorriqueño, sino que ha sido rechazado por los congresistas de origen puertorriqueño Nydia Velázquez, Luis Gutiérrez y José Serrano, quien criticó además que el comisionado residente no haya tenido la deferencia de consultar con él la medida antes de presentarla. Velázquez, presidente del caucus hispano del Congreso, criticó la medida porque no es un proyecto de consenso de las tres facciones políticas.