Hoy ante Cámara proyecto de status

El Vocero Mario Santana Ortiz La relación política de Puerto Rico con los Estados Unidos vuelve hoy a ser objeto de discusión en el Comité de Recursos Naturales de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos, esta vez bajo un nuevo proyecto de status al que se opone prácticamente todo el que no esté vinculado a la administración del gobernador Luis Fortuño. El proyecto de Pierluisi El proyecto 2499 de la Cámara de Representantes federal –de la autoría del comisionado residente Pedro Pierluisi– busca que el Congreso autorice al gobierno de Puerto Rico a celebrar dos consultas sobre el status. Aunque autoriza, el Congreso no se compromete de antemano en la legislación a aceptar la decisión de la mayoría de los puertorriqueños. La primera consulta es para que los puertorriqueños decidan si quieren mantener el actual status político o desean un cambio. El proyecto no define ni caracteriza el status actual. Si la mayoría de los electores vota a favor de mantener el actual status, el proyecto autoriza a celebrar la misma consulta ocho años después. De hecho, autoriza a que, mientras los puertorriqueños no pidan un cambio de status, se celebre la misma consulta cada ocho años. Si la mayoría vota a favor de un cambio de status, el proyecto autoriza al gobierno de Puerto Rico a celebrar un plebiscito entre tres alternativas: independencia, estadidad y soberanía en asociación con los Estados Unidos. Esta tercera alternativa contiene una definición un poco menos escueta que las otras dos. Dice el proyecto que este status es el de una asociación entre dos naciones soberanas que no estará sujeta a los poderes plenarios del Congreso. Trasfondo sobre el status El Congreso, por mandato de la Constitución federal, tiene poder sobre los territorios. Esta cláusula de la constitución es la llamada ‘Cláusula Territorial’. En el lenguaje usado para el debate sobre el status de Puerto Rico, decir que Puerto Rico está bajo la cláusula territorial equivale a decir que es una colonia de los Estados Unidos. La posición histórica del Partido Popular Democrático (PPD) ha sido que el Estado Libre Asociado (ELA), al ser el resultado de un pacto entre los pueblos de Puerto Rico y los Estados Unidos, salió de la Cláusula Territorial. Pero es el único partido que cree eso. Los demás afirman que la creación del ELA no alteró la naturaleza colonial de la relación política con los Estados Unidos. Incluso, hoy un sector del PPD opina igual. Las escasas decisiones del Tribunal Supremo de los Estados Unidos posteriores al ELA que tocan el tema –Califano v. Torres, de 1978, y Harris v. Rosario, de 1980,- aún citan como fuente de autoridad jurídica a Balzac v. Porto Rico, un caso de 1922 en el que el Supremo federal decidió que la imposición de la ciudadanía estadounidense a los puertorriqueños en el 1917 no incorporó a Puerto Rico a los Estados Unidos ni alteró la naturaleza de territorio no incorporado de la relación política. El concepto de territorio no incorporado lo creó el Supremo federal especialmente para Puerto Rico, en el caso Downes v. Bidwell de 1901, y quiere decir que Puerto Rico pertenece pero no forma parte de los Estados Unidos. La teoría jurídica detrás de esto es que, como Puerto Rico es un territorio no incorporado, el Congreso puede darle un trato diferente a los ciudadanos estadounidenses que residen aquí, como de hecho lo hace, ya que en Puerto Rico las personas que reciben pagos del Seguro Social no cualifican para el importante ingreso suplementario del Seguro Social Complementario y los fondos del programa federal de servicio médicos para gente pobre, el Medicaid, se asignan a Puerto Rico a base de un tope máximo anual y no a base de la cantidad de médico indigentes, como en los Estados Unidos. Más recientemente, entre el 2005 y el 2007 el Grupo Interagencial de Trabajo sobre el Status de Puerto Rico de la Casa Blanca del entonces presidente George W. Bush publicó dos informes que concluyen que Puerto Rico sigue siendo un territorio no incorporado de los Estados Unidos, sujeto a los poderes plenarios del Congreso y, como territorio, Puerto Rico puede ser cedido o vendido a otro país y la ciudadanía estadounidense puede revocarse. Si estas conclusiones son ciertas, entonces el gobierno de los Estados Unidos es una potencia colonial que debe rendir informes periódicos sobre Puerto Rico a las Organizaciones de las Naciones Unidas (ONU), como obliga el artículo 73(e) de la Carta fundacional de la ONU. Y, además, debería iniciar un proceso de descolonización como lo ordenan las resoluciones 1514 y 1541 (XV) de la ONU. Pero en 1953, Estados Unidos solicitó y le fue concedido por la Asamblea General de la ONU excluir a Puerto Rico de la lista de territorios coloniales. Su argumento de entonces fue que con el ELA se había alcanzado un gobierno propio. Resultados de los plebiscitos Desde la creación del ELA, en Puerto Rico se han celebrado tres plebiscitos sobre el status, ninguno de ellos con aval del Congreso. El primero, de 1967, lo ganó el ELA por el 60.4%, en una época en que el PPD, único defensor del ELA, llevaba más de 20 años de gobierno ininterrumpido. La estadidad obtuvo el 39% de los votos. El Partido Independentista Puertorriqueño (PIP) había llamado a la abstención electoral y la independencia apenas recibió el 0.6%. En el 1993 se celebró el segundo de esos plebiscitos “criollos” y demostró que en los 26 años que mediaron entre una consulta y otra, el ELA perdió numerosos votos. El ELA ganó con el 48.6% del voto y la estadidad obtuvo el 46.3%. El PIP esta vez decidió participar y la independencia obtuvo el 4.4% de los votos. Cinco años después, en 1998, se celebró otro plebiscito. La mayoría del Partido Nuevo Progresista (PNP) decidió que definiría al ELA de la misma forma que el proyecto Young (que había sido aprobado en la Cámara de Representantes federal por apenas un voto, sin que el Senado federal aprobase su versión de esa medida). Los opositores al plebiscito consiguieron que el Tribunal Supremo de Puerto Rico validara que en la papeleta apareciera una quinta columna con la opción de “Ninguna de las anteriores”. El plebiscito también sirvió de voto de protesta contra la administración del gobernador Pedro Rosselló. La opción de “Ninguna de las anteriores” ganó con el 50.3% de los votos. La estadidad obtuvo el 46.5%. La independencia recibió el 2.5%. Por otro lado, hoy no es la primera vez que el Comité de Recursos Naturales de la Cámara federal discute el caso de Puerto Rico. Lo hizo el cuatrienio pasado, cuando el entonces comisionado residente Fortuño y el congresista puertorriqueño José Serrano presentaron un proyecto similar al de Pierluisi. También el Comité celebró vistas públicas para el proyecto Young, en 1997 y 1998. También las hubo para el proceso plebiscitario de 1989 y 1990, el cual contó con consenso del liderato político puertorriqueño sobre el mecanismo a seguir. Ese proceso culminó con la aprobación de un proyecto de plebiscito por amplio margen en la Cámara federal, pero el proceso murió en el Senado, donde senadores republicanos se declararon abiertamente en contra de un plebiscito que comprometiera al Congreso a concederle la estadidad a Puerto Rico. Posiciones del PPD y del PIP Al igual que lo hizo con el proyecto Young y el plebiscito del 1998, el PPD plantea que el proyecto de Pierluisi lo que hace es crear las condiciones para una mayoría artificial a favor de la estadidad. El actual presidente del partido, Héctor Ferrer, esbozó esta teoría de la conspiración para destruir al ELA en su presentación de la semana pasada ante el Comité de Descolonización de la ONU. Ferrer dio por seguro de que, al unirse los votos de estadistas e independentistas, el ELA perderá en la primera consulta del proyecto Pierluisi, que es la de mantener la actual relación política o cambiarla. “En el segundo plebiscito, la estadidad obtendría una mayoría sustancial porque el ELA no estaría en la papeleta”, dijo. En su opinión, la soberanía en asociación con los Estados Unidos no es el ELA. “La exclusión intencional del ELA como opción en la papeleta niega al pueblo de Puerto Rico el derecho a determinar libremente su futuro”, sostuvo. Probablemente Ferrer repita los mismos planteamientos hoy, cuando comparezca a la vista pública del Comité de Recursos Naturales. Pero el proyecto de Pierluisi parece haber exacerbado las diferencias al interior del PPD. Están los que, como Ferrer, plantean que es posible un desarrollo del ELA bajo la teoría de un pacto bilateral que no pueden cambiar los Estados Unidos o Puerto Rico unilateralmente y en el que supuestamente está garantizada la ciudadanía estadounidense de los puertorriqueños (una posición que ha encontrado como nuevo líder a José Alfredo Hernández Mayoral, quien aspiró brevemente a la gobernación entre el 2003 y el 2004). Otro grupo reclama abiertamente una relación política basada en un pacto de libre asociación con los Estados Unidos que parta de la soberanía de Puerto Rico. Luis Vega Ramos, uno de los líderes del grupo de los ‘soberanistas’, dijo ayer que –contrario a lo que ocurrió en el Comité de Descolonización- no presentarán una ponencia separada a la de Ferrer. Pero también dijo que espera que si en la comparecencia de Ferrer hay una discusión sobre el desarrollo del ELA, ésta se ciña “a lo aprobado en siete asambleas corridas del partido”. El PIP, por su parte, en un principio dijo que se opone al proyecto Pierluisi. Dio tres razones: la primera que el proyecto no caracteriza al ELA como territorial (es decir, como una colonia); la segunda, porque cree que incluir un plebiscito en que el figure la estadidad como una de las alternativas equivale a su derrota en el Senado federal; y, tercero, porque el proyecto excluye la asamblea constitucional de status como un mecanismo para solucionar el problema de la relación política con los Estados Unidos. Pero bajo la presidencia de más de 35 años de Rubén Berríos Martínez, la posición del PIP ha sido la de participar en este tipo de procesos, así que una de las interrogantes es si hoy anunciarán que se retraerán o que participarán de las consultas que dispone la medida. El problema del consenso y el del voto boricua en el exterior En el 2007, el proyecto de Fortuño y Serrano no pasó al pleno de la Cámara de Representantes federal porque la presidenta del cuerpo, Nancy Pelosi, entendió que no había consenso entre el liderato político puertorriqueño. Pelosi sigue siendo presidenta de la Cámara y esta vez tampoco hay consenso, pero Pierluisi ha insistido que esta vez la realidad es distinta. Pierluisi basa sus planteamientos en el lenguaje supuestamente neutral de su proyecto y en la amplia victoria electoral que tanto él como Fortuño y el PNP obtuvieron en las pasadas elecciones. También usa como argumento que el proyecto ha sido auspiciado por más de 140 congresistas demócratas y republicanos. Ninguno de los tres congresistas puertorriqueños, quienes en el pasado han estado muy activos en los asuntos de la isla, apoyan, hasta ahora, el proyecto. El proyecto de Pierluisi presenta otra novedad. Permite que los nacidos en Puerto Rico que vivan en el extranjero, principalmente en los Estados Unidos, votar en las dos consultas de status. Pero esa concesión probablemente no satisfaga al liderato puertorriqueño en los Estados Unidos, ya que excluye del derecho al voto a personas como la nominada al Tribunal Supremo de los Estados Unidos, Sonia Sotomayor, y al astronauta Joseph Acabá, quienes siempre se han considerado puertorriqueños pero que nacieron en los Estados Unidos de padres boricuas.