Sin Miedo

Hernan Padilla Unos datos, muy reveladores, nos reflejan el deterioro social del País y denuncian la estrategia popular para eliminar los programas federales. El 25 de julio, el Gobernador introdujo otro embeleco lingüístico, la “soberanía asociada”, con el propósito de montar una campaña “plebiscitaria” para suprimir la discusión pública de los problemas que afectan a la población puertorriqueña. Cayeron en su propia trampa. No hay estribillo ni discurso político que pueda ocultar las verdades que vive el pueblo. “Sin miedo”. Vamos a decir la verdad. Están obsesionados con la “República Subsidiada”. Quieren pedirle al gobierno americano que les dé un adelanto de $140 billones de los fondos federales, gastarlos a su antojo, y a cambio eliminarían a Head Start, Pell Grants, Sección 8, WIC, Medicaid, PAN y todos los otros programas federales. El ingreso promedio de una familia en Puerto Rico es de $20,425, una tercera parte del promedio nacional y menos de la mitad del ingreso de Mississippi, el estado más pobre de la nación americana. El 42% de las familias viven bajo el nivel de pobreza, más de cuatro veces el promedio en el continente. El 45% de los individuos cae bajo el nivel de pobreza, tres veces más alto que el resto de la Nación, y dos veces más alto que cualquier otro estado. El Gobierno federal subsidia 525,000 familias para las cosas básicas de la vida, vivienda y alimentación. Alrededor de 1.5 millones de personas reciben servicios de salud de “Medicaid”. Más de 700,000 niños viven debajo del nivel de pobreza y dependen de todas las ayudas federales para la salud, vacunas, educación preescolar, comida en las escuelas, y servicios sociales. También 409,747 infantes dependen del Programa Especial de Nutrición Suplementaria para su alimentación. Puerto Rico tiene el índice de graduación de escuela superior más bajo de los Estados Unidos. Solamente 66% de las personas mayor de 25 años se han graduado de escuela superior. 20% termina un bachillerato en la Isla. En Estados Unidos se gradúa el 84% de escuela superior. El desempleo es 11.4%. Hay 151,800 personas que no encuentran trabajo. Escasamente, el 40% de la población mayor de 16 años de edad tiene trabajo. La deuda pública del Gobierno insular, las corporaciones públicas y los municipios asciende a $50,000 millones. Aunque la Constitución establece el límite de 15% de los ingresos del Estado para el pago de la deuda pública, el Gobierno insular tomó prestados $8,028 millones fuera del marco constitucional, comprometiendo ingresos del IVU para pagar dicha deuda. El Gobierno incurrió en un déficit fiscal de $1,300 millones y los auditores señalan que entre junio del 2001 a junio del 2007 el déficit acumulativo creció a $17,700 millones. Un total de 3,045,227 vehículos de motor utilizan más de un billón de galones de gasolina y en Puerto Rico se consumen 70 millones de barriles petróleo al año, pero no existe un plan obligatorio para conservación de energía en las agencias ni corporaciones del Gobierno. La mortalidad infantil es 9 por cada mil nacimientos, mucho más alta que el nivel nacional de 7 por cada mil nacimientos. El 13% de los niños nacen bajo peso, comparado con 8% en Estados Unidos. Se diagnostican 27 casos de sífilis por cada 100,000 habitantes, cuando el promedio nacional es 13 por cada 100,000 habitantes. Más de 38,000 seres sufren de adicción a drogas y más de 130,000 de alcoholismo. Ante esta terrible realidad, ¿cuál sería el cuadro de 1.5 millones de puertorriqueños sin $269 millones de Medicaid y $205 millones del programa nutricional WIC? El crimen asfixia el País. En el 2007 se registraron 728 asesinatos y/u homicidios; 167 en San Juan, 59 en Ponce, 43 en Bayamón, y 36 en Carolina. Se cometieron 8,942 delitos de violencia y se informaron 17,239 incidentes de violencia doméstica. Se investigaron 19,060 familias por casos de maltrato a menores. Se reportaron 2,553 casos de violencia en las escuelas y se cometieron 6,014 actos de violencia por menores de edad. Estas son las verdades incómodas que quieren ocultar detrás de estribillos separatistas, sin validez constitucional y sin respaldo popular. El País, ávido de que se resuelva el status político, dará la espalda a la “república subsidiada” y al deterioro popular, y demandará ser Estado federado cuando se celebre un plebiscito final.