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viernes, 14 de noviembre de 2008

Otro Juez se une al reclamo

Image and video hosting by TinyPic Por Beatriz de la Torre EL VOCERO 14 de noviembre de 2008 Por segunda vez en menos de una semana un juez federal en San Juan se ha convertido en punta de lanza en la nueva batalla en torno al status político de la isla declarando que ya es hora para que Puerto Rico pase a ser sin mayores demoras el estado 51 de Estados Unidos. En una referencia a la reciente victoria electoral del presidente electo Barack Obama, el juez federal senior Jaime Pieras, Jr. dijo que los cambios en el poder en Washington “favorecen una posición más sensata, abarcadora y más orientada hacia la estadidad con relación a los derechos de todos los ciudadanos, incluyendo aquellos de origen puertorriqueño”. En una breve pero fogosa defensa de la estadidad, Pieras cita a Patrick Henry, una de las figuras clave de la Revolución Americana, advirtiendo que ha llegado el momento para que los residentes de Puerto Rico, incluyendo un grupo de 47 inmigrantes juramentando ciudadanía, escojan su futuro político el cual dijo está inevitablemente ligado con la estadidad. “Ahora los ciudadanos estadounidenses residentes en Puerto Rico —siendo ustedes algunos de ellos— tienen que decidir, como lo tuvieron que hacer los ciudadanos de los tiempos de Patrick Henry qué precio, si alguno, están dispuestos a pagar por la libertad. ¿Es el precio demasiado alto o estamos de acuerdo con Patrick Henry, quien dijo ‘denme la libertad o denme la muerte’?”, dijo Pieras. En un discurso de juramentación que por lo común es meramente ceremonial, Pieras añadió que “la estadidad es la única manera de garantizar los derechos y protecciones de los ciudadanos de Puerto Rico. El actual clima político y la voluntad del pueblo de Puerto Rico y en Estados Unidos continental hacen a éste el momento perfecto para acoger e implementar el concepto de estadidad para Puerto Rico”. Esta es por lo menos la segunda ocasión en que Pieras se expresa abiertamente sobre los derechos de los puertorriqueños ante el gobierno federal. Ya en el año 2000 este veterano jurista decidió en el segundo de tres casos conocidos como Igartúa de la Rosa versus Estados Unidos que los residentes de Puerto Rico tenían derecho a votar en las elecciones presidenciales y que se le adjudicasen votos electorales al igual que a los estados. La decisión en el llamado Igartúa II, sin embargo, fue revocada por el Tribunal de Apelaciones del Primer Circuito de Boston que afirmó que “sólo una justificación especial” podría llevar a la corte a revocar su decisión en el primero de estos tres casos constitucionales. No obstante, ahí no quedó la pugna constitucional. En el 2004 Igartúa volvió a pleitear por el derecho al voto y Boston decidió nuevamente en su contra, esta vez en que la única manera en que los puertorriqueños obtendrían el voto presidencial es si el Congreso les concedía la estadidad o por una enmienda a la Constitución. En esta última ocasión la única voz disidente fue la del juez Juan B. Torruella en una opinión luego descrita por la revista de leyes de la Universidad de Harvard como “una exposición detallada y mordaz de la relación política de Estados Unidos con Puerto Rico.” Pero luego de citarse a sí mismo en el caso de Igartúa, Pieras aseguró ayer que “estas últimas elecciones han demostrado que la mayoría de los ciudadanos quieren que Puerto Rico sea un estado y las fuerzas en el Congreso de ambos partidos han demostrado que van a cumplir con tal deseo”.