Esto piensan los independentistas

SOBERANIA Claridad Manuel Marqués Bonilla y Joel Colón Ríos Muchos independentistas, ante la falta de una solución a la crisis por la que atraviesa Puerto Rico, han visto en el aparente movimiento del Partido Popular Democrático (PPD) hacia la soberanía no sólo la posibilidad de adelantar la independencia, sino de construir un proyecto de país a partir de la libre asociación o del “ELA soberano”. Sería un error pensar que este nuevo discurso del PPD tenga como fin resolver los problemas de las grandes mayorías puertorriqueñas. Como en toda propuesta de un partido político que no busca transformar de manera radical las bases políticas y económicas de un país, la prioridad es atender la crisis que enfrentan grupos particulares. Resolver problemas inmediatos que afectan a todos es secundario pero necesario: asegurar los intereses de las elites requiere, como mínimo, que el pueblo perciba como aceptables las relaciones de poder existentes. El impulso que los líderes Populares le dan ahora a la libre asociación revela un oportunismo más profundo que aquél que se percibía cuando la propusieron en medio de la campaña electoral. El mejor ejemplo, por supuesto, es el uso del concepto ‘soberanía’ por el Comité de Estatus del PPD: “el elemento de soberanía significa que el poder último de una nación sobre sus asuntos reside en su gente, en el pueblo” (“Estado Libre Asociado Soberano”, Comité de Estatus del PPD, 15 de mayo de 2008, en www.luisvegaramos.com). A primera vista esto no contradice ni siquiera las concepciones emancipatorias del ser humano. De acuerdo a éstas, todas las instituciones, técnicas y conocimientos, junto con todas sus limitaciones y problemas, forman una estructura que, desde el punto de vista político, se le conoce como el Estado. El que el pueblo tenga el poder de utilizar esas instituciones, técnicas y conocimientos, para constituir estructuras nuevas, reconstituyendo así al estado con el fin de satisfacer sus necesidades, es lo que llamamos soberanía. Si el Estado estuviera constituido de manera que cada persona pudiera acceder a los medios que necesita y, lo que está implicado, que cada uno ponga a la disposición del otro todas sus fuerzas, la soberanía sería plena. Lo lejos que está el PPD de la soberanía plena se hace evidente cuando se refieren al estatus. Luego de que reafirman que la soberanía la tiene el pueblo, dicen: “En el ejercicio de esa soberanía nuestro pueblo puede: 1- asociarse (ELA Soberano), 2- separarse (Independencia), 3- integrarse (Estadidad federada)” (Ibid.). La soberanía aparece aquí limitada a la selección entre alternativas de estatus que aparentan ser igualmente soberanas. Pero la soberanía no puede reducirse a eso. El ser soberano requiere que, además del ejercicio inicial del derecho a la libre determinación, el pueblo tenga la capacidad de ejercer sus poderes plenamente. Tan importante es el poder para decidir cuál será nuestra relación con Estados Unidos, como nuestro poder bajo esa nueva relación. Cuando se examina la alternativa de estatus propuesta por el PPD, la libre asociación o ELA soberano, su estrecha concepción de la soberanía se hace aún más clara. Según el Comité, el componente esencial de la nueva relación será que “las competencias gubernamentales que Estados Unidos ejerza en Puerto Rico surjan por el consentimiento específico y no genérico del pueblo de Puerto Rico” (Ibid.). El viejo principio del ELA de que se apliquen automáticamente todas las leyes de Estados Unidos queda aquí rechazado y substituido por la idea de que ese país adopte leyes para Puerto Rico, pero sólo en aquellas áreas acordadas en el pacto. ¿Cuáles son los límites de esta delegación de poderes? Es posible pensar en un “ELA soberano” en el cual el consentimiento específico se extienda a tantas áreas que dejaría de tener sentido hablar de soberanía incluso en el sentido más estrecho posible. Aun si la delegación de competencias fuera limitada, el alcance de las leyes de Estados Unidos en Puerto Rico quedaría en manos de aquella institución a la cual le toque interpretarlas. Y todavía asumiendo que ese poder permanezca en Puerto Rico (lo cual es en extremo improbable) se crearía una estructura jurídica que limita los poderes del pueblo pero que el pueblo difícilmente puede cambiar. Una estructura que el pueblo soberano constituye, pero que queda en control de otro pueblo u otro grupo, termina pervirtiendo toda la soberanía. Las concepciones de soberanía desarrolladas por los ideólogos del ELA no sólo son contrarias a las concepciones emancipatorias de soberanía, sino a las concepciones puramente legales. La concepción de la soberanía legal clásica descansa en tres componentes principales (1) la no sujeción a ninguna ley que no haya sido debatida y adoptada por una asamblea electa por el pueblo (principio democrático), (2) el poder ilimitado de establecer y transformar la constitución (poder constituyente), y (3) la facultad de entablar acuerdos vinculantes con otros estados sobre cualquier materia (poder de hacer tratados en el derecho internacional). Dado que en el establecimiento del ELA ninguno de estos criterios era viable pero era necesario presentarlos como si lo fueran, tanto para el consumo interno como para el consumo de la comunidad internacional, los líderes del PPD desde un principio fueron muy creativos con la idea de soberanía para encajarla a la situación colonial de Puerto Rico. Muñoz Marín decía al respecto: “Soberanía no es un documento que dice que hay soberanía. Soberanía es una trabazón de fuerzas que producen el poder real para ejecutar hasta cierto grado –nunca absolutamente– la voluntad de un pueblo.” (Citado en José Trías Monge, Historia Constitucional de Puerto Rico, Vol. III, p. 2). La posición de Muñoz, que es la que corresponde al consentimiento genérico, descarta de entrada la posibilidad de que el poder resida plenamente en el pueblo, pues siempre hay un poder superior al “poder último” del que habla el Comité de Estatus; hay unas estructuras misteriosas, acaso malvadas, que impiden que el pueblo ejerza sus poderes a plenitud. La transformación de estas estructuras (entre ellas el mercado capitalista y el gobierno federal) no está en los planes de los ideólogos del ELA, pues el problema que tratan de resolver es cómo desarrollar las aspiraciones de modernización de los puertorriqueños (en especial las suyas, es decir, las de las elites producidas por el periodo colonial anterior), manteniendo intacta la posición de Puerto Rico en el capitalismo estadounidense. Pero en estos momentos esto no es posible: las elites viven de los subsidios del gobierno desarrollando muy poco las fuerzas nacionales, y han llegado al límite de lo que esas fuerzas pueden producir. La única capacidad que han desarrollado plenamente es el infame arte de bregar para obtener las condiciones necesarias a fin de capitalizar sin desarrollar capacidades productivas, y están dispuestos a movilizar todas las fuerzas de que disponen para transformar la estructura nacional con tal de continuar esta lógica. La privatización es una versión de esa lógica y la libre asociación otra. Ambas encajarían perfectamente en la lógica de enriquecerse a través del gobierno sin tener que invertir en las capacidades productivas. El apoyo de las elites a una o a la otra depende de qué versión les permite capitalizar más. En el caso de la libre asociación, no tener que usar la marina mercante de EEUU, por ejemplo, sería muy beneficioso para los importadores y distribuidores, pero no necesariamente para el pueblo si no se le transfieren los ahorros. Asimismo, la libre asociación, crearía nuevas oportunidades de inversión (a través de tratados comerciales) evitando así, aunque sea temporalmente, los despidos y la reorganización de empleados públicos bajo empresas privadas, probablemente controladas por miembros del PNP. Los que predican la libre asociación abandonan, aunque sea en principio, la posición de Muñoz sobre los límites de la soberanía y la colocan de lleno en el pueblo. Ésta es la base para moverse del consentimiento genérico al consentimiento específico. No obstante, la distinción adelanta muy poco, ya que quebranta incluso los más estrechos criterios de democracia. El pueblo vota por representantes que redacten la Constitución y las leyes, sin embargo hay leyes que lo rigen pero que las redactan representantes electos por otro pueblo. Dicho de otra manera, el pueblo meramente consiente a las leyes que regularán su conducta y las bases de su estado político sin estar en control pleno de ellas. Desde el punto de vista de la soberanía legal clásica, el consentimiento genérico y el que el pueblo nunca sea capaz de ejecutar su voluntad de forma plena, nociones familiares al ELA en su versión tradicional, son una abominación. Pero el ELA soberano tampoco cumple con los elementos básicos de la soberanía en el sentido jurídico, aunque sus defensores continúen con su cantaleta de que el pueblo es soberano y que en ejercicio de esa soberanía puede convocar una asamblea constituyente para movernos hacia la libre asociación. El consentimiento específico, aunque nos saca parcialmente de la tutela del gobierno federal, cancela por lo menos el principio democrático (pues continúan aplicando leyes adoptadas por los Estados Unidos y el poder del pueblo para adoptar leyes sobre determinadas materias quedaría restringido) y el poder constituyente (pues el pueblo perdería la facultad de alterar su Constitución de manera inconsistente con los poderes “delegados”), dos de los tres elementos que, como mencionamos antes, definen la soberanía legal. Es comprensible que, ante el uso de conceptos afines a los de la soberanía legal, algunos independentistas, sobre todo aquellos que definen la independencia únicamente en términos jurídicos, respondan a los cantos de sirena del PPD. Hay que tener en cuenta que la concepción de soberanía legal clásica responde a las necesidades de las elites que controlaban las grandes potencias en los siglos 19 y 20. Así, asume un ser humano ficticio: supone que el ejercicio de las fuerzas del ser humano se da solamente en lo político, y olvida que en lo económico, que no es una esfera externa a lo político, el ser humano también ejerce sus fuerzas y lo hace bajo relaciones de poder. Cualquier concepción meramente legal de la soberanía olvida, por ejemplo, que en el capitalismo se viola el principio democrático porque el que tiene el dinero compra las campañas políticas y hasta los votos; se pervierte el poder constituyente cuando las personas tienen que vender sus fuerzas para poder satisfacer sus necesidades; y se infringe el poder de hacer tratados cuando se obliga a un país a abrir sus mercados a los competidores de otro so pena de sanciones económicas. Los que se centran en la soberanía legal comparten con los ideólogos del ELA el error de reducir los poderes del ser humano a instituciones particulares, obviando así la totalidad de las estructuras donde el ser humano ejerce sus poderes. Toda concepción de soberanía atrofiada de esta manera conlleva como estrategia política los mismos procesos formales que la definen. Tanto en el caso de los libre-asociacionistas como de los que entienden la soberanía en su sentido jurídico clásico, la estrategia política consiste en hacer campañas, convencer a la gente e ir a elecciones. Transformar las otras estructuras sociales queda relegado al momento en que se alcance el poder o la independencia. Pero las otras estructuras que constituyen el estado, permaneciendo colonizadas, hacen que la independencia se malogre. La independencia requiere reorganización desde abajo, no líderes bien intencionados que le digan al pueblo, desde la colonia misma, cómo ejercer su soberanía. Este tipo de tragedia lo estamos viendo desde Bolívar, y ya se ha vuelto una farsa. Los líderes del PPD y las elites para las que el ELA soberano es una alternativa estarán de plácemes cuando líderes independentistas respondan a su llamado a trabajar para un ELA soberano y un proyecto de país. Como señaló un banquero que impulsa la libre asociación: “Hay que demostrarle al pueblo que el fin de la soberanía no es la independencia […]” (Emilio Piñero Ferrer. “Soberanías Exitosas: Alejarse de la dependencia”. Claridad, 29/enero - 4/febrero/2009). La principal ventaja para el pueblo que los proponentes de esta “nueva” fórmula dan es la creación de empleos. Esta vieja solución, al darles un salario a los trabajadores para que satisfagan sus necesidades en el mercado, les deja muy poco control sobre el proceso productivo y les brinda gran poder a los que controlando el capital, controlan a sus empleados. Los que acepten esa alianza, que como vemos no tiene nada de innovadora, deberían explicar con qué fuerza van a mover a los grupos en control del PPD a la izquierda y evitar ser halados a la derecha. A pesar de que la libre asociación no satisface ni siquiera los criterios básicos de la soberanía legal, la misma goza de un aura de legitimidad ya que, como dicen sus defensores, es una de las alternativas de estatus reconocidas por el derecho internacional (ONU, Asamblea General, Resolución 1541(XV)). Pero el derecho internacional no es un regalo de los dioses al mundo, sino que, lejos de representar la vara para diferenciar entre lo justo y lo injusto, es la obra de distintos estados, especialmente de los imperios. La libre asociación de por sí no nos acerca a la posibilidad de la independencia, pero le quita fuerza a lo que ha sido uno de los argumentos principales de los independentistas: ya no sería posible decir que Puerto Rico es una colonia según el derecho internacional, que vivimos en una situación indigna, que en Puerto Rico mandan los americanos, y que la independencia es la solución a nuestra situación de subordinación política. Recordemos que luego de crearse el ELA, la ONU aprobó la Resolución 748(VIII) que reconocía que Puerto Rico había alcanzado pleno gobierno propio. En ese momento, los independentistas no tuvieron problemas en ver que esa resolución era contraria a los principios básicos de la soberanía legal. Caminar juntos con el PPD hacia la “soberanía”, como se les escucha decir a muchos, supone sacrificar esos principios básicos. Ahora bien, la soberanía legal es importante, pero no es suficiente. Cuando se toma como objetivo y se organiza la lucha a partir de ella se termina cayendo en los mismos problemas que los ideólogos colonialistas. En la medida que se implanten esas estrategias se pospone más y más la independencia. Cada una de ellas –el ELA tradicional, la libre asociación y la soberanía legal– es una fórmula más amplia que la anterior en términos de sus posibilidades, pero todas han sido concebidas desde las posiciones de elites que trataron (o tratan) de resolver sus problemas particulares y no los problemas de todos. Como tales, no están diseñadas para superar la estructura colonial en su totalidad, que es la que les da sus poderes, sino para reformularla, reformarla y continuar ejerciendo ese poder. En la medida que nos atenemos a estos modelos lo que hacemos es reproducir sus análisis y soluciones superficiales. La lucha por la independencia nunca fue del todo posible dentro de la fórmula importada de la soberanía legal, y en alianza con el ELA soberano, menos. La independencia requiere el desarrollo de los poderes necesarios para transformar el colonialismo. En lo político esto conlleva trabajo de base. En lo ideológico, identificar la situación concreta de la gente para guiar el trabajo de base. Es decir, explicar sus poderes, sus limitaciones, y la estructura que mantiene esos poderes atrofiados. Necesitamos pues movernos de una vez a concebir la soberanía basada en el ser humano que, utilizando sus poderes para transformar sus estructuras, se crea a sí mismo. ---------------------------------------------------------------- LIBRE ASOCIACION Claridad Hiram Lozada Pérez El asunto de la Libre Asociación debe ser considerado con detenimiento y sabio discernimiento por el movimiento independentista. No puede tomarse con liviandad, ni descartarse de plano, ni mucho menos tratar la propuesta como si viniera de adversarios. En este ánimo, debo comentar la columna del compañero Héctor Pesquera, Reforcemos el polo independentista, en Claridad, publicada en la edición 2923, del 26 de febrero al 4 de marzo de 2009. Comenzamos por las coincidencias. La opción independentista es la alternativa descolonizadora superior y necesaria para enfrentar los problemas sociales, políticos y económicos de Puerto Rico. En esto estamos de acuerdo. El dilema es cómo conseguirla. Y no me parece que la polarización, como se sugiere en el título del artículo, sea, en nuestras circunstancias políticas, la apropiada, ni la posible. La alternativa de la Libre Asociación, como vehículo transitorio a la Independencia, no es una opción del “posibilismo.” El Posibilismo, según la práctica política de Muñoz Rivera, Muñoz Marín y Rafael Hernández Colón, es la conformidad, la aceptación sumisa de hacer sólo lo posible dentro del estrecho marco legal y económico de la colonia. La Libre Asociación, según definida en el derecho internacional, significa soberanía, respeto a la individualidad y a las características culturales del país asociado, libertad de modificar el pacto de asociación y procesos democráticos. En nuestro caso, significa además la extinción del Estado Libre Asociado colonial y territorial, la abolición de la corte federal y sus agentes, la ciudadanía puertorriqueña, libertad para negociar y comerciar con todos los países del mundo y el derecho a ingresar en los foros internacionales, incluyendo la ONU. Significa un salto cualitativo y cuantitativo. Una vez nuestro pueblo disfrute de la soberanía no habrá marcha atrás, ni la posibilidad remota de la anexión, ni la amenaza inmediata del territorio incorporado. El paso siguiente es la Independencia. En el artículo, Pesquera comienza diciendo que el impulso hacia la Libre Asociación responde a la frustración producida por la avalancha del anexionismo y la federalización de nuestras instituciones. Esta avalancha no es nueva, se repite periódicamente en nuestra historia. Lo que realmente nos impulsa es la debilidad numérica y organizativa del movimiento independentista, por un lado, y el colapso evidente del modelo económico del Estado Libre Asociado, por el otro lado. Por esto último, hay un clamor reciente por la soberanía, aunque indefinido, dentro del Partido Popular. Aunque en Puerto Rico las masas le reconocen a las fuerzas independentistas un espacio político legítimo, manifiestan también un rechazo visceral a la Independencia. Nuestro pueblo, que es capaz de realizar demostraciones asombrosas de nacionalismo cultural y justicia social, es tímido en el reclamo de cambios políticos significativos. Esto no ocurre, por supuesto, por accidente. El miedo a la independencia fue fabricado por el imperialismo mediante la represión, la persecución y la imposición ideológica de la sumisión y el acomodo como virtudes esenciales de la sobrevivencia en la colonia. Hay que sumar a esto el impacto y el efecto avasallador del monopolio del mercado estadounidense en “nuestra” economía. Por eso es necesario promover las alianzas, en lugar de invitar a la polarización. (Aunque dudo que contemos con la fuerza suficiente para provocar cualquier polarización.) Es urgente dialogar con los soberanistas de la izquierda y del centro en el autonomismo. Pero no es cuestión de mera comunicación. Para lograr alianzas, hay que saber ceder un poco, hay que descartar el ilusionismo, considerar las limitaciones y las virtudes del aliado y estar preparado para tomar decisiones audaces, aun las que parezcan, de primera impresión, controversiales. La Libre Asociación es un instrumento muy valioso para dejarlo sólo en manos de los autonomistas. Si los independentistas no entramos en el proyecto, la Libre Asociación sería otro vestido del colonialismo. La Libre Asociación no es “como le quieran llamar.” Está definida en el derecho internacional. Cualquier remedo o parodia, es inaceptable. No entiendo, como sugiere el artículo, que la libre asociación “inclina la balanza hacia la derecha anexionista.” De ser así – lo que no parece – ruego la explicación. {Es pertinente apuntar que la mayoría del liderato anexionista rechaza la Libre Asociación porque sabe que es la puerta de la Independencia. Algunos, muy pocos, están inclinados a dialogar.) Los independentistas debemos reconocer nuestras limitaciones para superarlas. No es suficiente con alabar los atributos superiores de las consignas patrióticas. Podríamos dedicar el resto de nuestras vidas cantando alabanzas o repartiendo culpas, pero no haremos la Independencia. A menos, que esperemos que venga desde afuera, mediante un decreto improbable del Congreso federal o una resolución virtual de las Naciones Unidas. (En el caso de los congresistas, dicen que aguardan por un reclamo firme y mayoritario de nuestra parte, pero eso es mentira, porque sus fuerzas policiacas y militares conspiran para mantener la colonia permanente.) La Libre Asociación puede atraer a las masas temerosas de la Independencia. Contesta sus inquietudes sobre la ciudadanía y los derechos adquiridos. Propone una asociación digna con Estados Unidos y un periodo de transición que alivie las tensiones entre una economía tomada y un nuevo modelo económico nuestro y soberano. No se abandona la lucha independentista, porque este reclamo es el que le da fuerza y vigor a las negociaciones. En el proceso de negociación, la independencia será siempre el fin último y así quedará plasmado en el pacto o tratado de libre asociación. A través de este proyecto, mediante alianzas, los independentistas podremos recuperar el apoyo de las masas y así fortalecer el reclamo de soberanía. La Historia nos enseña que la Independencia se obtiene con las masas o con las armas, o mediante la combinación de ambas cosas. Se requiere asimismo dinero, mucho dinero, para organizar, educar, adquirir los recursos necesarios y pagar salarios a cientos de organizadores. En el siglo 21, un movimiento libertador necesita sus propios medios de propaganda, una prensa diaria, radio y televisión. No contamos con nada de eso, aunque contamos con corazones y espíritus invencibles, y una larga historia heroica de valor y sacrificio. Pero hay que actuar también con astucia y flexibilidad. Por eso propongo que dialoguemos, que hagamos alianzas y que consideremos, meramente consideremos, la alternativa de la Libre Asociación. Puede que resulte.