Líderes del PPD defienden la soberanía

Endi José A. Delgado WASHINGTON - Diez funcionarios electos han recomendado a la jefatura del Partido Popular Democrático (PPD), en un memorando interno, descartar cualquier intento por suavizar la posición oficial a favor de un Estado Libre Asociado (ELA) soberano. Encabezados por el representante Luis Vega Ramos, el grupo de populares envió este fin de semana a la dirección de su partido el documento, en el que se repasa cómo ha progresado, sobre todo a partir de la década de 1960, el reclamo interno a favor de un status en asociación soberana con Estados Unidos. “Las expresiones más recientes a favor de un ‘ELA soberano’ o un ‘ELA fundamentado en el principio de soberanía’ lo que hacen es aclarar, fortalecer y darle contenido específico a un reclamo previo”, indica el documento. Este señala que desde los tiempos en que el PPD estaba encabezado por el ex gobernador Rafael Hernández Colón ha sido consecuente el apoyo a un desarrollo no colonial, ni territorial. El memorando está firmado por Vega Ramos, los representantes Charlie Hernández, José “Conny” Varela, Carmen Yulín Cruz, Luis Raúl Torres, Víctor Vasallo y Luis Farinacci; el senador Cirilo Tirado; y los alcaldes Pedro García (Hormigueros) y Martín Vargas (Guánica). El analista autonomista Néstor Duprey, quien forma parte de la comisión de status del PPD, también suscribe el memorando. El documento fue enviado el viernes pasado al presidente del PPD, Héctor Ferrer, y al representante Jorge Colberg Toro, quien dirige el Programa de Educación y Capacitación Política de la formación política. A partir de mañana debe estar en manos de la Junta de Gobierno de la colectividad. La posición del PPD en torno a las posibilidades de desarrollo del status va a formar parte de un manual en el que trabaja Colberg Toro, y que reunirá los principios básicos por los cuales se rige esa colectividad. Al inicio de la presidencia de Ferrer, los sectores más autonomistas se expresaron alarmados de que influyentes sectores de la colectividad, entre ellos Hernández Colón, pudieran querer suavizar la postura de status más soberanista. Ahora, además de citar los programas de gobierno y resoluciones recientes del partido – incluida la resolución de 1990 de Ponce en la que bajo la presidencia de Hernández Colón se aprobó con claridad un reclamo de un ELA no territorial ni colonial-, le solicitan a la jefatura popular que haga claro que una nueva interpretación sobre las aspiraciones de desarrollo de los autonomistas “no está sobre la mesa”.

Destacan necesidad de profundizar lucha en pro de revolución (ALERTA PR)

Caracas, 24 Mar. ABN.- El Grupo Parlamentario Venezolano del Parlamento Latinoamericano (GPVPL) considera que en el presente debe profundizarse la lucha a favor de la revolución continental anti-imperialista. La aseveración la hizo este martes el presidente del GPVPL, diputado Víctor Chirinos, en una rueda de prensa realizada con motivo de la instalación del III Seminario Tricontinental de los Pueblos, titulado Puerto Rico, de la Colonia a la Libertad de la Patria. “Actualmente aquella idea plasmada por el Libertador Simón Bolívar tiene realización, pues sigue la lucha de libertad de los pueblos de Latinoamérica. Puerto Rico es una obra inconclusa de Bolívar, ya que dentro de sus sueños estaba liberar a dos islas: Cuba y Puerto Rico. El Libertador muere por ese gran sueño, sin embargo, hoy Venezuela, con otro hombre soñador como lo es nuestro presidente, Hugo Chávez Frías, está dentro de esos aires de transformación, libertad, justicia, y de paz”, expresó. El parlamentario señaló que este seminario se realiza bajo la consigna de crear dos, tres, muchos Vietnam, que encabeza el mensaje del Che Guevara a los pueblos del mundo. Destacó que la visión guevarista de la tricontinental se mantiene vigente ante la desigualdad social de nuestros pueblos, la justicia social que todos claman y la necesidad de fortalecer la solidaridad internacional. Chirinos indicó que este encuentro, que se realizará desde este martes 24 hasta el viernes 27 de marzo, está fundamentado en los 55 años de la toma del Congreso de Estados Unidos por independentistas puertorriqueños en su lucha por la libertad. Informó que la cita reunirá a destacados ponentes nacionales e internacionales, entre los que destacan el presidente de la Fundación Che Guevara y miembro de la Asociación de Combatientes de la Revolución Cubana, Roberto Márquez; Héctor Pesquera y Noel Colón, ambos dirigentes del Comité Nacional del Movimiento Independentista Nacional Hostosiano y el director de la Revista Tricontinental de la Organización de Solidaridad de los Pueblos de África, Asia y América Latina (OSPAAAL), Ángel Pino. El diputado señaló que para este miércoles está pautado el acto central, cuyo tema será la solidaridad internacional con la historia independentista de Puerto Rico, subsumida por el control del imperio norteamericano, que no ha escatimado recursos para reprimir en todos estos años al pueblo y a personalidades libertarias. ------------------------------------------------------------------------------ MINH DICE QUE LA MAYORIA EN PR QUIERE LA INDEPENDENCIA Caracas, 25 Mar. ABN.- Representantes del Movimiento Independentista Nacional Hostosiano (MINH) de Puerto Rico, señalaron que aunque la mayoría del pueblo milita por la independencia de la isla, “el colonialismo es extremadamente represivo”. El Doctor Noel Colón, uno de los representantes de dicho movimiento independentista, señaló en entrevista con la Agencia Bolivariana de Noticias (ABN), que “la influencia del independentismo en Puerto Rico se ve en todos los ámbitos, en la cultura, en las organizaciones sindicales, en los movimientos por los derechos de las mujeres”, entre otros. Sin embargo, destacó que en contraposición a ese despertar de la población, los recursos con los que cuentan para la lucha independentista son muy limitados en comparación con los métodos del imperio. “Adolecemos de un problema de desorganización, no tenemos instrumentos fuertes de combate porque el colonialismo es extremadamente represivo”. Por esa razón, explicó Colón, “la solidaridad internacional es muy importante, ya que el aislamiento es parte de la política permanente de Estados Unidos con relación a Puerto Rico”. Según otro de los representantes del MINH que viajó a Venezuela, el Doctor Héctor Pesquera, “uno de los efectos más inmediatos del colonialismo es el aislamiento de la información, de las experiencias y de la historia que hemos tenido en Puerto Rico, una historia de lucha contra el imperialismo norteamericano en los últimos 110 años”. “Una de las grandes victorias del pueblo de Puerto Rico ha sido mantener su identidad caribeña, latinoamericana, su idioma, su historia y cultura a pesar de los intentos de transculturización y de anexión por parte de Estados Unidos”, destacó Pesquera. “En estos momentos, Puerto Rico está sufriendo una agresión extraordinaria de parte de las fuerzas anexionistas y del imperialismo para controlar la vida política, para disminuir el alcance de las instituciones que ha desarrollado el pueblo de Puerto Rico”, señaló. Los Hostosianos se han mantenido en pie de lucha desde su creación en el 2004. Las visitas a países como Venezuela, donde explican los avances de sus acciones, forman parte fundamental del progreso, ya que como señalaron en reiteradas ocasiones, es vital la solidaridad internacional. “Nos mantenemos en constante lucha. Este tipo de visitas, de intercambios con nuestros países hermanos es muy importante no solamente para que en Venezuela se conozca lo que está sucediendo en Puerto Rico, sino también para que el pueblo de Puerto Rico pueda conocer lo que ocurre en Venezuela, porque el aislamiento opera en ambas direcciones, los que nos llega a nosotros de Venezuela es lo que le interesa al imperialismo que nos llegue”, afirmaron. La actual gira internacional es para lograr que el caso de la independencia de Puerto Rico sea discutido como tema separado en la próxima sesión de la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU). El Salvador, Estados Unidos, México, Cuba y Venezuela son los países que visitarán en dicha gira. Noel Colón, quien también pertenece al Colegio de Abogados de Puerto Rico, ha desarrollado desde esa institución un plan que consiste en la convocatoria a una asamblea constitucional que le plantee a EUU el fin del colonialismo en la Isla. Ambos compararon las decisiones económicas de Venezuela y de Puerto Rico y llegaron a la conclusión de que mientras la isla esté dirigida por modelos neoliberales los trabajadores nunca podrán ver beneficio alguno. “Analizando los dos casos (Puerto Rico y Venezuela) se nota que en Venezuela hay un enfoque de compromiso social, de socialismo, mientras que en Puerto Rico se desarrolla el enfoque neoliberal de proteger a los ricos y seguir sobrecargando a los trabajadores”, dijo Pesquera. Ante estas políticas neoliberales, el MINH lleva a cabo en la isla movilizaciones populares de protesta, se organizan con la población y llegan a municipios donde antes no había interés por la causa independentista, ya que hoy en día “hay una urgencia de organizar el movimiento patriótico”.

Obama dice que facilitará el debate de status de PR

endi José A. Delgado WASHINGTON - El presidente Barack Obama expresó hoy su intención de "facilitar" este cuatrienio un debate sobre el futuro político de Puerto Rico y trabajar hacia otorgarle un mejor acceso a la Isla en los programas federales de salud, según legisladores puertorriqueños Obama hizo las expresiones en una breve conversación con la presidenta de la Cámara de Representantes de Puerto Rico, Jennifer González, y el senador Roberto Arango, indicaron hoy ambos legisladores. González y Arango le preguntaron directamente a Obama -tras concluir un mensaje del presidente estadounidense a la Conferencia de Legisladores Estatales en la Casa Blanca-, si iba a permitir que los puertorriqueños se expresaran sobre su futuro político. “Por supuesto”, les respondió Obama, según la dirigente legislativa. Como parte de su campaña presidencial, Obama se comprometió a facilitar que los puertorriqueños encaminen durante este cuatrienio el debate sobre el futuro político de Puerto Rico y a otorgarle un trato “equitativo” a la Isla en torno a los programas federales de salud, como Medicaid y Medicare.

Incorporación o disposición

El Vocero Juan M. García Passalacqua El Departamento de Justicia de los Estados Unidos tenía hasta el lunes de esta semana para responder por moción escrita a un intento del Juez federal Gustavo Gelpí de declarar hecha la incorporación (mediante fiát judicial) de Puerto Rico a los Estados Unidos camino a la admisión como estado. Es una toma de posición importante de los Estados Unidos que aclarará si los poderes en el gobierno de Barack Obama siguen creyendo que Puerto Rico es un territorio no-incorporado de Estados Unidos como decidió su Tribunal Supremo en 1992. ¿Qué dirán? La Era Anexionista que comenzó el 2 de enero de 2009 tiene un aliado escondido en el poco atendido caso, porque va camino al Tribunal Supremo de los Estados Unidos. En un caso sobre los beneficios del programa estadounidense de salud, el gobierno de Puerto Rico ha sido demandado por no proveer beneficios iguales que los de los estados de la Unión. El Tribunal de Estados Unidos en Puerto Rico usó el caso para alegar que no somos territorio no-incorporado y merecemos pago igual y nuestro Departamento de Justicia saliente popular respondió en contra, alegando que Puerto Rico sigue siendo una colonia de Estados Unidos. ¿Y ahora qué? El secretario de Justicia Roberto José Sánchez Ramos fue el primer popular en admitir bajo su firma en un alegato en el caso de marras, que somos colonia. ¿Qué dirá ahora El Americano? En Washington, el 22 de diciembre de 2007 el Grupo Interagencial de Casa Blanca sobre el Status de Puerto Rico había emitido el Informe que le exigía la ley estadounidense. Y prometió otro informe de progreso sobre status para el 22 de diciembre de este 2009. El Informe de 2007 citó con aprobación la Resolución Legislativa contra la colonia aprobada unánimemente el 1ro. de abril de 2005 en votación de 70 a 0, pero que el Gobernador vetó el 10 de abril de 2005. Fue dos meses después, el 17 de junio, que el Departamento de Justicia de Estados Unidos ordenó al Buró Federal de Investigaciones iniciar una investigación criminal contra el Gobernador. Porque había vetado la resolución que los USA necesitaban para justificar acabar con el colonialismo. Publiqué la verdad sobre su caso en esta columna el 8 de mayo de 2008. El ningunismo colonial le costó a Acevedo Vilá la pesadilla que vive desde el 9 de febrero de 2009. Luego, la primaria aquí motivó al candidato Barack Obama a presagiar el futuro diciendo: “Estados Unidos está listo para tener otro estado con trasfondo multicultural...y creo que es algo bueno viniendo de mí, que tengo un trasfondo multicultural”. Y cambió la historia. Después de 110 años de silencio habló la Esfinge estadounidense, y por vez primera coincidieron el Congreso, la Casa Blanca y su Tribunal Supremo, como dije aquí el 26 de junio de 2008. La cuestión se centró en reconocer que somos un territorio colonial no-incorporado y plantear si en unos nuevos Estados Unidos, cabemos nosotros, o no. Puerto Rico votó por Luis Fortuño y Estados Unidos votó por Barack Obama el 4 de noviembre de 2008, y nos llegó el futuro. El único ‘issue’ después de 110 años es —si Estados Unidos admitirá un Estado Hispano. Aquí, más de un millón de electores boricuas habían dado un mandato para la anexión que no sea culturalmente asimilista. Allá, después y motivado por el resultado de las elecciones del 2008, se hizo público el Informe del Comité de Recursos de la Cámara sobre qué hacer con nosotros, que elaboré en esta columna el 11 de diciembre de 2008. Exigió el Comité que antes de entrar sobre la admisión de un Estado Hispano, debe mandarse por el Congreso de ellos que decidamos votando si queremos “continuar como territorio u optar por un status no-territorial permanente”. Esta será una cuestión ante el 111vo. Congreso de Estados Unidos. Ah, pero hubo dos personas que se dieron cuenta de todo, y actuaron: el juez federal Gustavo Gelpí, y el secretario de Justicia local Roberto Sánchez Ramos. En el caso poco atendido por nuestros medios noticiosos sobre pagos Medicaid, el Juez federal aprovechó para decir que las leyes estadounidenses son aplicables tal y como lo hacen en un estado de su Unión, porque ya estamos incorporados. Y se dio la confrontación legal entre tres fuerzas. Véanlas así: EL JUEZ FEDERAL GUSTAVO GELPI, contrario a lo que Casa Blanca, el Congreso y el Tribunal Supremo de ellos han dicho y que he citado en esta columna, se atrevió a argumentar que “una evolución constitucional monumental basada en una continua anexión congresional ha ocurrido ya, y Puerto Rico ha evolucionado hasta convertirse en un territorio incorporado”. En mis palabras, Gelpí cree que Puerto Rico no tiene que decidir votando si quiere seguir siendo no-incorporado porque ya no es, y somos incorporados hacia la admisión como estado de la Unión. EL SECRETARIO DE JUSTICIA BORICUA, en un escrito de 51 páginas, le respondió que: “Aunque los Estados Unidos ha dicho consistentemente que la concesión del estadolibrismo fue un acto de libre determinación...parece claro que fue menos que alterar la consideración subordinada de Puerto Rico con respecto a los componentes fundamentales de una alternativa no-colonial”. En mis palabras, Sánchez Ramos cree que Puerto Rico sí debe decidir votando si quiere seguir siendo un territorio no-incorporado, una colonia, un ELA. Sánchez acusó por escrito a los USA a nombre del gobierno saliente de Puerto Rico de “no reconocer la identidad colectiva de los puertorriqueños, con un potencialmente distintivo horizonte nacional”. Y añadió que “no hay autoridad judicial para cambiar la no-incorporación por incorporación por fiát judicial”. ¿Qué radicó el nuevo Secretario de Justicia anexionista? ¿Qué dirá El Americano? MI OPCION. Yo le he propuesto oficialmente al Secretario de Interior de Estados Unidos, Ken Salazar, que Estados Unidos se ahorre todo el galimatías de “incorporado” o no, haciendo la decisión de favorecer “disponer” unilateralmente de este territorio el 23 de septiembre de 2010. Y luego, nosotros (no importa la preferencia de cada cual) sabremos —qué hacer.

Tercer Congreso Pro Independencia

Claridad Carlos Gallisá En el 1943 independentistas de una diversidad de organizaciones y no afiliados se unieron en asamblea que llamaron Primer Congreso Pro Independencia para expresar, según la Declaración aprobada, “que es el derecho y la voluntad del pueblo de Puerto Rico constituirse en pueblo libre y soberano”. Asimismo, demandaron del Gobierno de Estados Unidos “el reconocimiento inmediato de la plena soberanía política de nuestro pueblo”. Para los miembros del Partido Popular Democrático (PPD) el Congreso sirvió para expresar su apoyo a la independencia ya que no podían hacerlo dentro del PPD por la sordina que Luis Muñoz Marín había impuesto en el partido prohibiendo manifestaciones a favor de la independencia desde las elecciones de 1940 cuando en el programa del PPD se estableció que el estatus no estaba en discusión. Aun así, ante la fuerza del independentismo dentro del PPD, Muñoz se vio obligado a enviar un mensaje al Congreso deseándole éxito en sus deliberaciones y afirmando que el Congreso expresaba “el sentir mayoritario de nuestro pueblo”. Al año siguiente (1944) se celebra el Segundo Congreso Pro Independencia y se reafirma el derecho del pueblo de Puerto Rico a su independencia. Posteriormente Muñoz Marín declara incompatible pertenecer al Partido Popular y ser miembro del Congreso Pro Independencia. De ese úkase de Muñoz surge un desprendimiento del PPD y se organiza el Partido Independentista Puertorriqueño (PIP) en el 1946. Noel Colón Martínez, Juan Mari Brás, David Noriega y el que suscribe hemos lanzado la idea de convocar a un Tercer Congreso Pro Independencia. La idea surge de la situación que enfrenta el país. Es de todos conocido que estamos sumidos en la peor crisis económica en décadas. Mientras en Estados Unidos le llaman recesión y hablan de depresión, en Puerto Rico no es exagerado decir que estamos ante el colapso de las estructuras políticas y económicas coloniales. Y para agravar la situación, el colapso se da con un partido anexionista en la gobernación luego de un triunfo electoral arrollador. Y si lo anterior no fuera suficiente, la oposición está desarticulada y prácticamente inexistente. El PPD está acéfalo, dividido y a la deriva. El independentismo fragmentado, disperso y sin consenso para actuar frente al reto del momento. El PIP moribundo luego del desastre electoral. La crisis organizativa del independentismo no se debe confundir con una crisis del sentir independentista. Creo que la independencia tiene hoy una base fuerte y cuenta con la periferia mayor de las últimas décadas, como lo demuestra el indiscutible crecimiento, sólido y sustancial del sector soberanista en el PPD. El llamado al Tercer Congreso tiene como propósito fortalecer el polo independentista agrupando los no afiliados y dispersos para junto a las organizaciones que apoyen el Congreso lograr consensos que nos permitan marchar unidos y trabajar alianzas con sectores mas allá del independentismo, entiéndase los soberanistas del PPD, las organizaciones comunales, ambientales y otras que viabilicen un plan de acción conjunto que sirva de base para la tan necesaria oposición en un frente amplio descolonizador y de justicia social. Entendemos que la entrada al Congreso debe hacerse en el carácter individual para evitar las viejas e interminables discusiones entre organizaciones. Sin que se entienda esto como una postura anti-organización. La agenda del Congreso que se somete a discusión incluye la aprobación de una Declaración que contenga los principios que deben guiar la lucha independentista de los próximos años. Esto serviría a manera de un perfil de una estrategia de lucha. Dentro de esta estrategia debe discutirse como elemento prioritario la creación de alianzas más allá del independentismo. Además, el Congreso debe aprobar una agenda de trabajo mínima y elegir un comité directivo. Lo anterior se lanza a discusión en reuniones regionales y de pueblo que ya hemos comenzado a celebrar para eventualmente elegir en asamblea un comité organizador del Congreso y lanzar la convocatoria con fecha y sitio para el evento. Próximamente estaremos anunciando la forma de comunicarnos para trabajar el Congreso.

Después de Washington D.C. viene Puerto Rico

Maurice A. Ferré Pronto la ciudad de Washington, D.C. tendrá su congresista en la Cámara federal representando a 600,000 estadounidenses. En los próximos meses el gobernador de Puerto Rico, Luis Fortuño, y el comisionado residente Pedro Pierluisi lanzarán una campaña para un plebiscito federal en la Isla, continuación del proyecto de ley H.R. 900 del último Congreso (el 110), del cual fue autor original el entonces comisionado residente Fortuño. El mismo Fortuño que ganó una rotunda victoria para la gobernación de su Isla en el 2008. Durante la campaña electoral, el partido que preside Fortuño, el Partido Nuevo Progresista (PNP), expuso en su plataforma y se debatió públicamente, el tema de la preferencia por el PNP para resolver el estancamiento a la solución del status de Puerto Rico propuesto por Fortuño, precisamente en el proyecto de ley H.R. 900. Ya Pierluisi anunció a través de un artículo en The Hill “D.C. Vote Bill Gives Hope to Puerto Rico Proponents” (7 de marzo), que él y el congresista de Nueva York, José Serrano, ya están hablando de introducir un proyecto de ley en la Cámara Baja de EE.UU., que consulte a los votantes de Puerto Rico de si éstos están satisfechos con el actual Estado Libre Asociado o si prefieren un status político democrático y no territorial. Si Puerto Rico ha de celebrar un plebiscito federal –por segunda vez en 111 años bajo la bandera estadounidense– lo tiene que hacer en el 2010. Después de las elecciones congresionales, en noviembre del 2010, comienza la preparación para la elección presidencial de EE.UU. del 2012. Para lograr un plebiscito antes del 2012 hay que trabajar el Congreso 111, ya. Desde un punto político, el “ya” también tiene sentido. El PNP no sólo ganó la gobernación, sino ganó casi dos terceras partes del poder legislativo y 48 de los 67 municipios de la Isla. El PNP representa el anhelo de una mayoría en Puerto Rico por la estadidad federada. Dijo el ex gobernador, y gran líder del Partido Popular, Rafael Hernández Colón en el Caribbean Business del 22 de enero de 2009, que él felicitaba al gobernador Fortuño por no haber mencionado el tema del status en su discurso de inauguración, pues debido a la situación económica tan mala en que se encuentra Puerto Rico, éste no era momento para ideología partidista y pataleo “bickering”. Por supuesto, yo difiero de este criterio de mi buen amigo de infancia. Opino, hoy más que nunca, que lo único que salvará económicamente a Puerto Rico es la estadidad. El único interrogante que queda en Puerto Rico es si la estadidad disminuiría nuestra puertorriqueñidad. Don Luis Muñoz Marín respondió a la pregunta de si la ciudadanía estadounidense disminuiría la puertorriqueñidad con una típica metáfora muñocista, que en resumen decía que no, pues la cultura puertorriqueña seguiría igual. Si esto es cierto, entonces, por lógica sigue la conclusión de que tampoco afectará la puertorriqueñidad la estadidad federada de Puerto Rico, por las mismas razones que decía Muñoz ––nuestra nacionalidad es cultural. Más, cuando para el 2042 habrá 130 millones de hispanos en EE.UU. y antes del 2050, una tercera parte de la nación norteamericana será hispana, un estado hispano será bienvenido por éstos y muchos más. Dije anteriormente que sería el segundo plebiscito federal, pues el primero fue la Constitución del ELA y la aceptación por el Congreso de EE.UU. de la misma. Un nuevo plebiscito federal sería basado precisamente en la aceptación de la continuación del ELA y de esa misma Constitución. Si se celebra un plebiscito sencillo en el 2010, preguntándole a Puerto Rico si quiere continuar con el Estado Libre Asociado o prefiere un status no territorial, ganaría el último. Y luego, si la selección es entre estadidad federada y soberanía independiente (con o sin asociación a EE.UU.), la estadidad ganará abrumadoramente. Y entonces viene lo difícil. El próximo paso. La aceptación de la estadidad de Puerto Rico por el Congreso de EE.UU. En su artículo en estas páginas de El Vocero, del 5 de febrero, mi buen amigo de muchos años, Juan Manuel García Passalacqua nos explicó como funciona el Plan Tenesí. Lo han explicado muchas veces mis también amigos, Pedro Rosselló y Luis Dávila Colón. Pero en su recién artículo, Juanma nos habla de Texas, pero no mencionó el último estado que entró a la Unión a través del Plan Tenesí ––Alaska. Alaska se convirtió en estado el 3 enero de 1959, así como Hawai el 21 de agosto de 1959, los más recientes territorios convertidos en estados. En el caso de Alaska vemos algunas posibles similitudes con el de Puerto Rico. Alaska celebró una Asamblea Constituyente en enero del 1956 en la Universidad de Alaska en Fairbanks. Ahí se discutió y se decidió convertir el territorio de Alaska en el estado federado bajo el Plan Tenesí, antes también utilizado por Michigan, Iowa, Oregón, Kansas, Minnesota y California. Los autores de la Constitución estatal de Alaska adjuntaron tres ordenanzas al documento básico. La primera, pedía la ratificación de dicha Constitución en la elección primaria del 24 de abril del 1956. La segunda, pedía que en ese mismo día se aprobara Alaska a seguir el Plan Tenesí. A su vez se eligieron dos senadores federales y un congresista. Uno de los senadores electos fue Ernest Gruening, presente activamente en la historia de Puerto Rico (1935-1937). El 14 de enero de 1957 llegaron los representantes electos de Alaska a Washington. La fuerte oposición de los sureños y de los Republicanos del Congreso duró hasta junio del 1958. Pero, como de costumbre, el Plan Tenesí a la larga funcionó. El presidente Dwight D. Eisenhower interrumpió sus vacaciones en Gettysburg y viajó a Washington, por helicóptero, para firmar el Acta de Estadidad de Alaska el 7 de julio del 1958. El trecho es largo y difícil. Pero por el Plan Tenesí, una vez que Puerto Rico seleccione su constitución estatal (con pocas enmiendas a la actual Constitución) y sus dos senadores y seis congresistas, la aceptación del Congreso de EE.UU. no tomará mucho más que los 18 meses que tomó para aprobar a Alaska. Se opondrán los mismos de siempre, los sureños y los Republicanos. Pero ¿qué va a decir el Congreso norteamericano, que no quiere a Puerto Rico por ser de otra cultura, porque el 80% en la Isla hoy no habla inglés? ¿Y cómo ganan los Republicanos las elecciones presidenciales del 2012, 2016 y 2020? Para ese entonces, el voto hispano dominará en Texas, Arizona, Nevada, Nuevo Méjico y California y será importante en Florida, Colorado y otros más. ¡Claro! Puerto Rico tendrá que pagar impuestos federales, pero recibirá mucho más del fisco federal de lo que pague, hasta que se nivele el estado de Puerto Rico con los otros 50. ¡Ah sí, y Puerto Rico seguirá con su cultura, hablando español! En otra generación, más del 20% hablará inglés, así como los catalanes hablan español también.

Esto piensan los independentistas

SOBERANIA Claridad Manuel Marqués Bonilla y Joel Colón Ríos Muchos independentistas, ante la falta de una solución a la crisis por la que atraviesa Puerto Rico, han visto en el aparente movimiento del Partido Popular Democrático (PPD) hacia la soberanía no sólo la posibilidad de adelantar la independencia, sino de construir un proyecto de país a partir de la libre asociación o del “ELA soberano”. Sería un error pensar que este nuevo discurso del PPD tenga como fin resolver los problemas de las grandes mayorías puertorriqueñas. Como en toda propuesta de un partido político que no busca transformar de manera radical las bases políticas y económicas de un país, la prioridad es atender la crisis que enfrentan grupos particulares. Resolver problemas inmediatos que afectan a todos es secundario pero necesario: asegurar los intereses de las elites requiere, como mínimo, que el pueblo perciba como aceptables las relaciones de poder existentes. El impulso que los líderes Populares le dan ahora a la libre asociación revela un oportunismo más profundo que aquél que se percibía cuando la propusieron en medio de la campaña electoral. El mejor ejemplo, por supuesto, es el uso del concepto ‘soberanía’ por el Comité de Estatus del PPD: “el elemento de soberanía significa que el poder último de una nación sobre sus asuntos reside en su gente, en el pueblo” (“Estado Libre Asociado Soberano”, Comité de Estatus del PPD, 15 de mayo de 2008, en www.luisvegaramos.com). A primera vista esto no contradice ni siquiera las concepciones emancipatorias del ser humano. De acuerdo a éstas, todas las instituciones, técnicas y conocimientos, junto con todas sus limitaciones y problemas, forman una estructura que, desde el punto de vista político, se le conoce como el Estado. El que el pueblo tenga el poder de utilizar esas instituciones, técnicas y conocimientos, para constituir estructuras nuevas, reconstituyendo así al estado con el fin de satisfacer sus necesidades, es lo que llamamos soberanía. Si el Estado estuviera constituido de manera que cada persona pudiera acceder a los medios que necesita y, lo que está implicado, que cada uno ponga a la disposición del otro todas sus fuerzas, la soberanía sería plena. Lo lejos que está el PPD de la soberanía plena se hace evidente cuando se refieren al estatus. Luego de que reafirman que la soberanía la tiene el pueblo, dicen: “En el ejercicio de esa soberanía nuestro pueblo puede: 1- asociarse (ELA Soberano), 2- separarse (Independencia), 3- integrarse (Estadidad federada)” (Ibid.). La soberanía aparece aquí limitada a la selección entre alternativas de estatus que aparentan ser igualmente soberanas. Pero la soberanía no puede reducirse a eso. El ser soberano requiere que, además del ejercicio inicial del derecho a la libre determinación, el pueblo tenga la capacidad de ejercer sus poderes plenamente. Tan importante es el poder para decidir cuál será nuestra relación con Estados Unidos, como nuestro poder bajo esa nueva relación. Cuando se examina la alternativa de estatus propuesta por el PPD, la libre asociación o ELA soberano, su estrecha concepción de la soberanía se hace aún más clara. Según el Comité, el componente esencial de la nueva relación será que “las competencias gubernamentales que Estados Unidos ejerza en Puerto Rico surjan por el consentimiento específico y no genérico del pueblo de Puerto Rico” (Ibid.). El viejo principio del ELA de que se apliquen automáticamente todas las leyes de Estados Unidos queda aquí rechazado y substituido por la idea de que ese país adopte leyes para Puerto Rico, pero sólo en aquellas áreas acordadas en el pacto. ¿Cuáles son los límites de esta delegación de poderes? Es posible pensar en un “ELA soberano” en el cual el consentimiento específico se extienda a tantas áreas que dejaría de tener sentido hablar de soberanía incluso en el sentido más estrecho posible. Aun si la delegación de competencias fuera limitada, el alcance de las leyes de Estados Unidos en Puerto Rico quedaría en manos de aquella institución a la cual le toque interpretarlas. Y todavía asumiendo que ese poder permanezca en Puerto Rico (lo cual es en extremo improbable) se crearía una estructura jurídica que limita los poderes del pueblo pero que el pueblo difícilmente puede cambiar. Una estructura que el pueblo soberano constituye, pero que queda en control de otro pueblo u otro grupo, termina pervirtiendo toda la soberanía. Las concepciones de soberanía desarrolladas por los ideólogos del ELA no sólo son contrarias a las concepciones emancipatorias de soberanía, sino a las concepciones puramente legales. La concepción de la soberanía legal clásica descansa en tres componentes principales (1) la no sujeción a ninguna ley que no haya sido debatida y adoptada por una asamblea electa por el pueblo (principio democrático), (2) el poder ilimitado de establecer y transformar la constitución (poder constituyente), y (3) la facultad de entablar acuerdos vinculantes con otros estados sobre cualquier materia (poder de hacer tratados en el derecho internacional). Dado que en el establecimiento del ELA ninguno de estos criterios era viable pero era necesario presentarlos como si lo fueran, tanto para el consumo interno como para el consumo de la comunidad internacional, los líderes del PPD desde un principio fueron muy creativos con la idea de soberanía para encajarla a la situación colonial de Puerto Rico. Muñoz Marín decía al respecto: “Soberanía no es un documento que dice que hay soberanía. Soberanía es una trabazón de fuerzas que producen el poder real para ejecutar hasta cierto grado –nunca absolutamente– la voluntad de un pueblo.” (Citado en José Trías Monge, Historia Constitucional de Puerto Rico, Vol. III, p. 2). La posición de Muñoz, que es la que corresponde al consentimiento genérico, descarta de entrada la posibilidad de que el poder resida plenamente en el pueblo, pues siempre hay un poder superior al “poder último” del que habla el Comité de Estatus; hay unas estructuras misteriosas, acaso malvadas, que impiden que el pueblo ejerza sus poderes a plenitud. La transformación de estas estructuras (entre ellas el mercado capitalista y el gobierno federal) no está en los planes de los ideólogos del ELA, pues el problema que tratan de resolver es cómo desarrollar las aspiraciones de modernización de los puertorriqueños (en especial las suyas, es decir, las de las elites producidas por el periodo colonial anterior), manteniendo intacta la posición de Puerto Rico en el capitalismo estadounidense. Pero en estos momentos esto no es posible: las elites viven de los subsidios del gobierno desarrollando muy poco las fuerzas nacionales, y han llegado al límite de lo que esas fuerzas pueden producir. La única capacidad que han desarrollado plenamente es el infame arte de bregar para obtener las condiciones necesarias a fin de capitalizar sin desarrollar capacidades productivas, y están dispuestos a movilizar todas las fuerzas de que disponen para transformar la estructura nacional con tal de continuar esta lógica. La privatización es una versión de esa lógica y la libre asociación otra. Ambas encajarían perfectamente en la lógica de enriquecerse a través del gobierno sin tener que invertir en las capacidades productivas. El apoyo de las elites a una o a la otra depende de qué versión les permite capitalizar más. En el caso de la libre asociación, no tener que usar la marina mercante de EEUU, por ejemplo, sería muy beneficioso para los importadores y distribuidores, pero no necesariamente para el pueblo si no se le transfieren los ahorros. Asimismo, la libre asociación, crearía nuevas oportunidades de inversión (a través de tratados comerciales) evitando así, aunque sea temporalmente, los despidos y la reorganización de empleados públicos bajo empresas privadas, probablemente controladas por miembros del PNP. Los que predican la libre asociación abandonan, aunque sea en principio, la posición de Muñoz sobre los límites de la soberanía y la colocan de lleno en el pueblo. Ésta es la base para moverse del consentimiento genérico al consentimiento específico. No obstante, la distinción adelanta muy poco, ya que quebranta incluso los más estrechos criterios de democracia. El pueblo vota por representantes que redacten la Constitución y las leyes, sin embargo hay leyes que lo rigen pero que las redactan representantes electos por otro pueblo. Dicho de otra manera, el pueblo meramente consiente a las leyes que regularán su conducta y las bases de su estado político sin estar en control pleno de ellas. Desde el punto de vista de la soberanía legal clásica, el consentimiento genérico y el que el pueblo nunca sea capaz de ejecutar su voluntad de forma plena, nociones familiares al ELA en su versión tradicional, son una abominación. Pero el ELA soberano tampoco cumple con los elementos básicos de la soberanía en el sentido jurídico, aunque sus defensores continúen con su cantaleta de que el pueblo es soberano y que en ejercicio de esa soberanía puede convocar una asamblea constituyente para movernos hacia la libre asociación. El consentimiento específico, aunque nos saca parcialmente de la tutela del gobierno federal, cancela por lo menos el principio democrático (pues continúan aplicando leyes adoptadas por los Estados Unidos y el poder del pueblo para adoptar leyes sobre determinadas materias quedaría restringido) y el poder constituyente (pues el pueblo perdería la facultad de alterar su Constitución de manera inconsistente con los poderes “delegados”), dos de los tres elementos que, como mencionamos antes, definen la soberanía legal. Es comprensible que, ante el uso de conceptos afines a los de la soberanía legal, algunos independentistas, sobre todo aquellos que definen la independencia únicamente en términos jurídicos, respondan a los cantos de sirena del PPD. Hay que tener en cuenta que la concepción de soberanía legal clásica responde a las necesidades de las elites que controlaban las grandes potencias en los siglos 19 y 20. Así, asume un ser humano ficticio: supone que el ejercicio de las fuerzas del ser humano se da solamente en lo político, y olvida que en lo económico, que no es una esfera externa a lo político, el ser humano también ejerce sus fuerzas y lo hace bajo relaciones de poder. Cualquier concepción meramente legal de la soberanía olvida, por ejemplo, que en el capitalismo se viola el principio democrático porque el que tiene el dinero compra las campañas políticas y hasta los votos; se pervierte el poder constituyente cuando las personas tienen que vender sus fuerzas para poder satisfacer sus necesidades; y se infringe el poder de hacer tratados cuando se obliga a un país a abrir sus mercados a los competidores de otro so pena de sanciones económicas. Los que se centran en la soberanía legal comparten con los ideólogos del ELA el error de reducir los poderes del ser humano a instituciones particulares, obviando así la totalidad de las estructuras donde el ser humano ejerce sus poderes. Toda concepción de soberanía atrofiada de esta manera conlleva como estrategia política los mismos procesos formales que la definen. Tanto en el caso de los libre-asociacionistas como de los que entienden la soberanía en su sentido jurídico clásico, la estrategia política consiste en hacer campañas, convencer a la gente e ir a elecciones. Transformar las otras estructuras sociales queda relegado al momento en que se alcance el poder o la independencia. Pero las otras estructuras que constituyen el estado, permaneciendo colonizadas, hacen que la independencia se malogre. La independencia requiere reorganización desde abajo, no líderes bien intencionados que le digan al pueblo, desde la colonia misma, cómo ejercer su soberanía. Este tipo de tragedia lo estamos viendo desde Bolívar, y ya se ha vuelto una farsa. Los líderes del PPD y las elites para las que el ELA soberano es una alternativa estarán de plácemes cuando líderes independentistas respondan a su llamado a trabajar para un ELA soberano y un proyecto de país. Como señaló un banquero que impulsa la libre asociación: “Hay que demostrarle al pueblo que el fin de la soberanía no es la independencia […]” (Emilio Piñero Ferrer. “Soberanías Exitosas: Alejarse de la dependencia”. Claridad, 29/enero - 4/febrero/2009). La principal ventaja para el pueblo que los proponentes de esta “nueva” fórmula dan es la creación de empleos. Esta vieja solución, al darles un salario a los trabajadores para que satisfagan sus necesidades en el mercado, les deja muy poco control sobre el proceso productivo y les brinda gran poder a los que controlando el capital, controlan a sus empleados. Los que acepten esa alianza, que como vemos no tiene nada de innovadora, deberían explicar con qué fuerza van a mover a los grupos en control del PPD a la izquierda y evitar ser halados a la derecha. A pesar de que la libre asociación no satisface ni siquiera los criterios básicos de la soberanía legal, la misma goza de un aura de legitimidad ya que, como dicen sus defensores, es una de las alternativas de estatus reconocidas por el derecho internacional (ONU, Asamblea General, Resolución 1541(XV)). Pero el derecho internacional no es un regalo de los dioses al mundo, sino que, lejos de representar la vara para diferenciar entre lo justo y lo injusto, es la obra de distintos estados, especialmente de los imperios. La libre asociación de por sí no nos acerca a la posibilidad de la independencia, pero le quita fuerza a lo que ha sido uno de los argumentos principales de los independentistas: ya no sería posible decir que Puerto Rico es una colonia según el derecho internacional, que vivimos en una situación indigna, que en Puerto Rico mandan los americanos, y que la independencia es la solución a nuestra situación de subordinación política. Recordemos que luego de crearse el ELA, la ONU aprobó la Resolución 748(VIII) que reconocía que Puerto Rico había alcanzado pleno gobierno propio. En ese momento, los independentistas no tuvieron problemas en ver que esa resolución era contraria a los principios básicos de la soberanía legal. Caminar juntos con el PPD hacia la “soberanía”, como se les escucha decir a muchos, supone sacrificar esos principios básicos. Ahora bien, la soberanía legal es importante, pero no es suficiente. Cuando se toma como objetivo y se organiza la lucha a partir de ella se termina cayendo en los mismos problemas que los ideólogos colonialistas. En la medida que se implanten esas estrategias se pospone más y más la independencia. Cada una de ellas –el ELA tradicional, la libre asociación y la soberanía legal– es una fórmula más amplia que la anterior en términos de sus posibilidades, pero todas han sido concebidas desde las posiciones de elites que trataron (o tratan) de resolver sus problemas particulares y no los problemas de todos. Como tales, no están diseñadas para superar la estructura colonial en su totalidad, que es la que les da sus poderes, sino para reformularla, reformarla y continuar ejerciendo ese poder. En la medida que nos atenemos a estos modelos lo que hacemos es reproducir sus análisis y soluciones superficiales. La lucha por la independencia nunca fue del todo posible dentro de la fórmula importada de la soberanía legal, y en alianza con el ELA soberano, menos. La independencia requiere el desarrollo de los poderes necesarios para transformar el colonialismo. En lo político esto conlleva trabajo de base. En lo ideológico, identificar la situación concreta de la gente para guiar el trabajo de base. Es decir, explicar sus poderes, sus limitaciones, y la estructura que mantiene esos poderes atrofiados. Necesitamos pues movernos de una vez a concebir la soberanía basada en el ser humano que, utilizando sus poderes para transformar sus estructuras, se crea a sí mismo. ---------------------------------------------------------------- LIBRE ASOCIACION Claridad Hiram Lozada Pérez El asunto de la Libre Asociación debe ser considerado con detenimiento y sabio discernimiento por el movimiento independentista. No puede tomarse con liviandad, ni descartarse de plano, ni mucho menos tratar la propuesta como si viniera de adversarios. En este ánimo, debo comentar la columna del compañero Héctor Pesquera, Reforcemos el polo independentista, en Claridad, publicada en la edición 2923, del 26 de febrero al 4 de marzo de 2009. Comenzamos por las coincidencias. La opción independentista es la alternativa descolonizadora superior y necesaria para enfrentar los problemas sociales, políticos y económicos de Puerto Rico. En esto estamos de acuerdo. El dilema es cómo conseguirla. Y no me parece que la polarización, como se sugiere en el título del artículo, sea, en nuestras circunstancias políticas, la apropiada, ni la posible. La alternativa de la Libre Asociación, como vehículo transitorio a la Independencia, no es una opción del “posibilismo.” El Posibilismo, según la práctica política de Muñoz Rivera, Muñoz Marín y Rafael Hernández Colón, es la conformidad, la aceptación sumisa de hacer sólo lo posible dentro del estrecho marco legal y económico de la colonia. La Libre Asociación, según definida en el derecho internacional, significa soberanía, respeto a la individualidad y a las características culturales del país asociado, libertad de modificar el pacto de asociación y procesos democráticos. En nuestro caso, significa además la extinción del Estado Libre Asociado colonial y territorial, la abolición de la corte federal y sus agentes, la ciudadanía puertorriqueña, libertad para negociar y comerciar con todos los países del mundo y el derecho a ingresar en los foros internacionales, incluyendo la ONU. Significa un salto cualitativo y cuantitativo. Una vez nuestro pueblo disfrute de la soberanía no habrá marcha atrás, ni la posibilidad remota de la anexión, ni la amenaza inmediata del territorio incorporado. El paso siguiente es la Independencia. En el artículo, Pesquera comienza diciendo que el impulso hacia la Libre Asociación responde a la frustración producida por la avalancha del anexionismo y la federalización de nuestras instituciones. Esta avalancha no es nueva, se repite periódicamente en nuestra historia. Lo que realmente nos impulsa es la debilidad numérica y organizativa del movimiento independentista, por un lado, y el colapso evidente del modelo económico del Estado Libre Asociado, por el otro lado. Por esto último, hay un clamor reciente por la soberanía, aunque indefinido, dentro del Partido Popular. Aunque en Puerto Rico las masas le reconocen a las fuerzas independentistas un espacio político legítimo, manifiestan también un rechazo visceral a la Independencia. Nuestro pueblo, que es capaz de realizar demostraciones asombrosas de nacionalismo cultural y justicia social, es tímido en el reclamo de cambios políticos significativos. Esto no ocurre, por supuesto, por accidente. El miedo a la independencia fue fabricado por el imperialismo mediante la represión, la persecución y la imposición ideológica de la sumisión y el acomodo como virtudes esenciales de la sobrevivencia en la colonia. Hay que sumar a esto el impacto y el efecto avasallador del monopolio del mercado estadounidense en “nuestra” economía. Por eso es necesario promover las alianzas, en lugar de invitar a la polarización. (Aunque dudo que contemos con la fuerza suficiente para provocar cualquier polarización.) Es urgente dialogar con los soberanistas de la izquierda y del centro en el autonomismo. Pero no es cuestión de mera comunicación. Para lograr alianzas, hay que saber ceder un poco, hay que descartar el ilusionismo, considerar las limitaciones y las virtudes del aliado y estar preparado para tomar decisiones audaces, aun las que parezcan, de primera impresión, controversiales. La Libre Asociación es un instrumento muy valioso para dejarlo sólo en manos de los autonomistas. Si los independentistas no entramos en el proyecto, la Libre Asociación sería otro vestido del colonialismo. La Libre Asociación no es “como le quieran llamar.” Está definida en el derecho internacional. Cualquier remedo o parodia, es inaceptable. No entiendo, como sugiere el artículo, que la libre asociación “inclina la balanza hacia la derecha anexionista.” De ser así – lo que no parece – ruego la explicación. {Es pertinente apuntar que la mayoría del liderato anexionista rechaza la Libre Asociación porque sabe que es la puerta de la Independencia. Algunos, muy pocos, están inclinados a dialogar.) Los independentistas debemos reconocer nuestras limitaciones para superarlas. No es suficiente con alabar los atributos superiores de las consignas patrióticas. Podríamos dedicar el resto de nuestras vidas cantando alabanzas o repartiendo culpas, pero no haremos la Independencia. A menos, que esperemos que venga desde afuera, mediante un decreto improbable del Congreso federal o una resolución virtual de las Naciones Unidas. (En el caso de los congresistas, dicen que aguardan por un reclamo firme y mayoritario de nuestra parte, pero eso es mentira, porque sus fuerzas policiacas y militares conspiran para mantener la colonia permanente.) La Libre Asociación puede atraer a las masas temerosas de la Independencia. Contesta sus inquietudes sobre la ciudadanía y los derechos adquiridos. Propone una asociación digna con Estados Unidos y un periodo de transición que alivie las tensiones entre una economía tomada y un nuevo modelo económico nuestro y soberano. No se abandona la lucha independentista, porque este reclamo es el que le da fuerza y vigor a las negociaciones. En el proceso de negociación, la independencia será siempre el fin último y así quedará plasmado en el pacto o tratado de libre asociación. A través de este proyecto, mediante alianzas, los independentistas podremos recuperar el apoyo de las masas y así fortalecer el reclamo de soberanía. La Historia nos enseña que la Independencia se obtiene con las masas o con las armas, o mediante la combinación de ambas cosas. Se requiere asimismo dinero, mucho dinero, para organizar, educar, adquirir los recursos necesarios y pagar salarios a cientos de organizadores. En el siglo 21, un movimiento libertador necesita sus propios medios de propaganda, una prensa diaria, radio y televisión. No contamos con nada de eso, aunque contamos con corazones y espíritus invencibles, y una larga historia heroica de valor y sacrificio. Pero hay que actuar también con astucia y flexibilidad. Por eso propongo que dialoguemos, que hagamos alianzas y que consideremos, meramente consideremos, la alternativa de la Libre Asociación. Puede que resulte.

Reclamo estadista ante Congreso

Por Redacción EL VOCERO El abogado aguadillano, Gregorio Igartúa de la Rosa, no se da por vencido en su empeño por aproximar la estadidad a Puerto Rico. En esta ocasión, envió una carta a la presidenta de la Cámara de Representantes Federal, Nancy Pelosi, en la que reclama el mismo derecho que el territorio del Distrito de Columbia a tener, al menos, un representante con voz y voto. Sobre eso ha estado votando favorablemente el Congreso norteamericano. Recientemente, el Comisionado residente, Pedro Pierluisi, se expresó sobre la votación del Senado federal a favor de la representación de Washington DC, diciendo que: “ si hay un lugar donde la democracia debe funcionar mejor, es en la ciudad capital de nuestra gran nación. No puede haber democracia donde la gente no tenga una participación efectiva en el proceso de hacer las leyes que rigen su vida”. El letrado con bufete en Aguadilla enumera en su carta a la Speaker Pelosi varios atributos con los que cuenta Puerto Rico para aspirar a una representación con voz y voto en el Congreso, incluyendo que, por el número de residentes, la Isla tiene más derecho que cualquier otro territorio a contar con hasta seis (6) representantes. Las aspiraciones del licenciado Igartúa de la Rosa fueron más abarcadoras en el 2004 cuando entabló un pleito en el Tribunal Federal, demandando el voto presidencial para los puertorriqueños. El caso resultó adverso para el abogado, incluso en el Tribunal Supremo de Estados Unidos, donde llegó.

Bill gives hope to Puerto Rico proponents

The Hill Jordy Yager As residents of Washington D.C. anxiously await the fate of their representational seat in the House, several lawmakers see it as fuel for Puerto Rico gaining a more instrumental voice on Capitol Hill. “The D.C. Voting Rights bill sends the right message to all members of Congress and in that sense it is also good for Puerto Rico,” said Resident Commissioner Pedro Pierluisi (D-P.R.), who supports the bill that would add a representational vote in the House for D.C. residents. “To me it is amazing that in the 21st century the U.S. Congress keeps ignoring the wishes of the people of Puerto Rico in terms of their voting rights and their current relationship with the U.S., ” he said. As a freshman, one of Pierluisi’s priorities is to pass a referendum in Congress that would ask residents of Puerto Rico, a U.S. territory of more than 4 million people, whether they prefer their current status of having no representational vote in Congress or would prefer something else. If Puerto Ricans voted for the latter it could mean a move toward independence or statehood, which would provide them with up to seven representatives and two senators in Congress. Such a referendum has been proposed in recent years by numerous lawmakers, such as Rep. Jose Serrano (D-N.Y.), but it has failed to make it out of committee. “Congress has never even asked the people of Puerto Rico whether they like the status that they’ve got,” said Pierluisi. “So the situation is even worse (than D.C.). You’re not talking about the lack of one vote in the House, you’re talking about the lack of interest on the part of the Congress to even ask the people to check the temperature in the territory.” Opponents of the referendum have claimed in the past that the measure posses the question to Puerto Ricans with a bias towards statehood status. Pierluisi, though in favor of statehood, says he is more concerned with having his district’s voice be heard than with the outcome of the referendum. “I’m a statehooder, but all I want really is democracy, for the residents of Puerto Rico to be heard,” he said. “The District residents have been heard -- they have been ignored, but they have been heard.” The D.C. Voting Rights Act for the first time in more than 30 years came before and passed the Senate last week. But it has since stalled in the House due to Democrats’ disapproval of a Senate amendment that would loosen D.C.’s gun laws. The District is in the process of rewriting its gun regulations after the Supreme Court last year ruled that its gun ban was unconstitutional. House Majority Leader Steny Hoyer (D-Md.), an advocate for the D.C. voting bill, said that the measure would be postponed for a House vote. Serrano, who sponsored a 2007 bill that would have posed a referendum question to Puerto Rico residents, is looking beyond the D.C. measure’s hiccup in the House and is hopeful of what its passage means for Puerto Rico residents. “I think once we’ve moved the D.C. bill, and you pass it and sign it into law, whether you think they’re related subjects or not, then the question is begged, how about the rest of Americans who are disenfranchised?” said Serrano, who was born in Puerto Rico. Pierluisi said he’s been consulting with Serrano about how to approach the introduction of another referendum measure. And now with President Obama’s election and a stronger Democratic majority, he is confident the measure will be heard. “President Obama has promised to deal with the status of Puerto Rico and do everything within his power to solve the status problem of Puerto Rico within the next four years,” said Pierluisi, who co- chaired Obama’s campaign in Puerto Rico. In addition to Puerto Rico, the U.S. territories of Guam, American Samoa, and the U.S. Virgin Islands have a delegate in Congress but lack a vote on the House floor. “The first time I was sitting on the House floor and I could not vote I was incensed and I turned to Congressman Serrano and I said I cannot believe this is happening,” said Pierluisi. “And to see my name on the board and the 4 million citizens that don’t even have one representative voting for them, to me is amazing.” He expects the bill for the referendum to be filed before the summer and is meeting with the House leadership to work out the appropriate details to guard against possible opposition. “I want to make sure that we avoid even giving the appearance that the bill is intended to favor statehood or any other option,” he said. “I’m not there yet.”

Grupo defiende la republica asociada

Sorprendida la oposición?

Endi José A. Delgado A la oposición política puertorriqueña le sorprendió que el senador republicano Mel Martínez haya “puesto en peligro” la legislación que busca otorgarle representación formal en el Congreso a Washington D.C. con su proyecto de plebiscito en torno al futuro político de Puerto Rico. “No sólo iba a hundir la posibilidad de que se aprobara el voto (en la Cámara baja) para el delegado de Washington D.C., sino que iba a retrasar la discusión del status de Puerto Rico por 300 años”, dijo ayer Manuel Rodríguez Orellana, secretario para Asuntos de Norteamérica del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP). Sin aparentemente consultar con el gobernador Luis Fortuño, de quien ha sido un aliado, el senador republicano Martínez presentó como enmienda a la legislación sobre el Distrito de Columbia el proyecto de ley que defendió en la pasada sesión legislativa a favor de un plebiscito de cuatro alternativas (el actual status, independencia, libre asociación y estadidad). No llegó, sin embargo, a insistir en que su enmienda se considerara en el hemiciclo. Pero, de todos modos le causó preocupación al comisionado residente Pedro Pierluisi, quien ha apoyado que se otorgue un escaño con plenos derechos a Washington D.C. e intentado que el debate sobre la Isla pueda ser utilizado como obstáculo para las aspiraciones de los residentes de la capital federal. “Existe la posibilidad de que Martínez quisiera descarrilar el proceso del Distrito de Columbia. Si el propósito de Martínez fue utilizar la estadidad como una píldora venenosa, eso confirma el problema serio que tienen los estadistas con la propuesta de estadidad (en el legislativo federal)”, indicó, por su parte, el presidente del Partido Popular Democrático (PPD), Héctor Ferrer. La otra alternativa, según la oposición política, es que Martínez, cubanoamericano elegido por Florida y quien no aspirará a la reelección, no comprenda el daño que le hace a sus amigos estadistas al querer forzar el caso político de Puerto Rico cuando se discute un asunto tan sensitivo para algunos en Washington como la representación legislativa de la capital federal. “Estoy seguro que retiró su enmienda una vez de acá (sus amigos estadistas) le dijeron que ellos consideran que no es el momento para esa legislación”, agregó el portavoz del PIP, quien, a su vez, percibe al gobernador Fortuño demasiado tímido con el tema del futuro político de Puerto Rico. El Senado estadounidense aprobó el jueves el proyecto de ley que le otorgaría un escaño formal en la Cámara baja a Washington D.C., que suele elegir demócratas y otro temporalmente a Utah, que tradicionalmente prefiere votar por republicanos. La legislación puede ir a votación la semana próxima en la Cámara baja federal.