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martes, 11 de noviembre de 2008

¿La incorporación por orden judicial?

Image and video hosting by TinyPic Opinion del Juez Gelpi ------> http://rapidshare.com/files/182921038/Gelpi_s_Opinion.pdf.html José A. Delgado Endi.com Si por el juez federal de San Juan Gustavo Gelpí fuera le ahorraba al Congreso estadounidense cualquier debate en torno a si Puerto Rico debe ser formalmente incorporado como territorio, como paso previo a la anexión total. Lo que muchos, sobre todo sectores estadistas, han temido que sea un requisito del Congreso antes de que Puerto Rico pueda optar por la estadidad, Gelpí – designado por el presidente George W. Bush en 2006 con el respaldo del ahora gobernador electo, Luis Fortuño-, considera que ya es un hecho. "Las acciones hablan con más fuerza que las palabras. Aunque el Congreso nunca ha adoptado ningún lenguaje afirmativo como ‘Puerto Rico es por tal razón un territorio incorporado’, la secuencia de sus acciones legislativas desde 1900 al presente han incorporado, de facto, el territorio", indicó Gelpí, en una orden emitida el pasado 10 de octubre, pero incluida el lunes- un mes después- en los registros del Tribunal Federal de San Juan. La orden de Gelpí – quien ha pedido comentarios a los departamentos de Justicia de Estados Unidos y Puerto Rico – se relaciona a un caso que no ha concluido en el que centros de salud que proveen servicios a pacientes de Medicaid, como el Consejo de Salud Playa de Ponce y Gurabo Community Health Center, le reclaman al Departamento de Salud el pago de subsidios especiales con fondos del Gobierno estatal para complementar sus gastos. El Departamento de Salud, bajo la dirección del secretario Johnny Rullán, argumentó que Puerto Rico no debía ser responsable por esos pagos, pues contrario a los estados, Puerto Rico no tiene acceso pleno a los fondos del programa de Medicaid. Puerto Rico recibe cerca de $300 millones anuales en Medicaid. Si fuese un estado, recibiría varios cientos de millones adicionales. Gelpí aprovechó el caso de Medicaid que tiene ante su consideración para expresarse en contra de la decisión de los llamados "casos insulares" resueltos por el Tribunal Supremo de Estados Unidos a principios del siglo pasado y que regulan el reconocimiento de Puerto Rico como un territorio "no incorporado", que colocó a la Isla en una categoría distinta al proceso de anexión tradicional de los estados. Mantuvo que no busca revocar los casos insulares. Pero, Gelpí enumeró una serie de acciones legislativas – desde el Tratado de París, la Ley Jones que le impuso la ciudadanía estadounidense a los nacidos en la Isla y hasta la ley de relaciones federales de 1950-, para insistir en que el proceso de incorporación de Puerto Rico ya ha ocurrido. Alude, a su vez, a una reciente decisión sobre los "combatientes enemigos" de Estados Unidos encarcelados en la base naval de Guantánamo, en Cuba. En ese caso, en el que se pasó juicio al acceso a los tribunales civiles de Estados Unidos de los detenidos de la "guerra en contra del terrorismo", el máximo foro judicial estadounidense reafirmó que "puede ocurrir que al transcurrir del tiempo los lazos entre Estados Unidos y cualquiera de sus territorios no incorporados se fortalezcan en formas que tengan un significado constitucional". Gelpí llega incluso a aludir a la designación de puertorriqueños a puestos de embajadores – el más reciente es César Cabrera, como enviado del gobierno de Bush a las Islas Mauricio y Seychelles-, como uno de los ejemplos que, a su juicio, ha fortalecido las relaciones constitucionales entre Puerto Rico y Estados Unidos. No menciona, sin embargo, que quizá la mitad de los seis embajadores que ha tenido Puerto Rico – en Venezuela, España, Costa Rica, Chile, República Dominicana, Mauricio y Seychelles-, eran ya residentes de Estados Unidos. (¿Será una advertencia a Obama de que puede integrar más a Puerto Rico si se le ocurre nombrar a un puertorriqueño como embajador?). Lo más lógico que su argumento haya sido simplemente una exageración. Gelpí ha pedido al Secretario de Justicia de Puerto Rico que presente sus opinión sobre los argumentos que ha esbozado en este caso. Mientras, el Departamento de Justicia de Estados Unidos solicitó – y el juez aceptó-, que se le otorgue hasta el 2 de diciembre para decidir si solicitará intervenir en esta controversia. Para José Julián Alvarez, profesor de Derecho Constitucional en la Escuela de Derecho de la Universidad de Puerto Rico (UPR), al citar el caso "Balzac versus Porto Rico" (decidido en 1922) Gelpí omitió dos párrafos fundamentales: el que indica que la incorporación de un territorio requiere una declaración expresa; y el que señala que si ello ocurre sería el comienzo del camino hacia la anexión total de Puerto Rico como estado. En Balzac, el Tribunal Supremo de Estados Unidos mantuvo que la "incorporación no puede ser asumida sin una declaración expresa, o una implicación tan fuerte que excluya cualquier otro punto de vista". En el otro párrafo al que alude Alvarez, el Tribunal Supremo federal mantuvo que la incorporación de un territorio "siempre ha sido un paso, uno muy importante, hacia la estadidad". "…es razonable asumir que cuando ese paso sea dado será puesto en marcha y adoptado de forma deliberada por el Congreso, y con una declaración evidente de su propósito, sin dejar el asunto a una mera inferencia o construcción". Debido a que el caso sobre los fondos de Medicaid no ha concluido, el análisis de Gelpí sobre el status de Puerto Rico aún no es apelable. La otra alternativa que activaría una posible apelación antes de la resolución final del caso, sería que Gelpí utilice su novel argumento para conceder o negar algún interdicto referente a la controversia judicial que tiene bajo su consideración. Por lo pronto, Gelpí ha reabierto el debate sobre el status político de Puerto Rico. Eso sí que no es apelable.

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