Partido Popular en su ultima encrucijada

Julio Ghigliotty A sus 70 años de existencia, el Partido Popular Democrático me recuerda a Hamlet, el príncipe danés de la obra de William Shakespeare que, al enterarse del asesinato de su padre,se debate entre la acción que debe tomar vengarse o suicidarse. En el caso del PPD, claro está, la incertidumbre no es entre la venganza y el suicidio, sino sobre su definición política aceptar que el ELA sigue siendo una colonia de Estados Unidos y trabajar para obtener una verdadera soberanía o insistir en que el ELA representa una fórmula política autónoma no colonial que sólo necesita unos ajustes. El Partido Popular llega a esta encrucijada bastante maltrecho. Un partido que se forjó como instrumento para traer una verdadera justicia social (pan, tierra y libertad) a un pueblo sumido en la pobreza para la década de los años 60 se había convertido en una colectividad sin norte ideológico. Si bien mantuvieron el ideal de justicia social, lo limitaron a la búsqueda de un desarrollo económico basado en un proceso de industrialización rápida y de programas de bienestar social que, junto a una migración masiva de boricuas hacia Estados Unidos, creó una prosperidad artificial que alivió la pobreza del pueblo y calmó el malestar social que surge con la desigualdad extrema en la distribución de la riqueza en un país. El PPD comenzó a perder ese norte ideológico poco después de ganar el control de la Legislatura colonial en 1940 con un programa de gobierno que proclamaba que el status no está en issue pero que dejaba meridianamente claro que la solución del status político de Puerto Rico era la independencia. Ya para las elecciones de 1944 Luis Muñoz Marín eliminó la independencia como opción y un año después declaró incompatible el ser popular y pertenecer al Congreso Pro Independencia, un organismo creado por líderes populares para adelantar la independencia de Puerto Rico. Un grupo de estos líderes abandonó el PPD y fundó el Partido Independentista Puertorriqueño. En 1948, el Congreso estadounidense aprobó le ley que permitió al pueblo puertorriqueño elegir a su gobernador y Muñoz se convirtió en el primer gobernador electo de la Isla. Ese mismo año, la Legislatura colonial aprobó la infame Ley 53, mejor conocida como la Ley de la Mordaza. Ya Muñoz había iniciado discusiones en el Congreso para promover un cambio de status y en 1950 se aprobó la Ley 600, que autorizó la celebración de un referéndum para que el pueblo dijera si quería redactar su propia constitución. En la década de los cincuenta, la Ley de la Mordaza fue el instrumento principal para perseguir no solo a los nacionalistas por la revuelta del 1950 sino también a miles de independentistas y personas cuyo único crimen había sido participar en algún mitin o reunión donde estuvieran presente independentistas, criticar el gobierno popular o el de Estados Unidos o simplemente desplegar una bandera puertorriqueña. Bajo el manto de esta ley, junto al clima macartista que arropaba a Estados Unidos, se demonizó el ideal de la independencia. Aunque la ley fue derogada en 1957, la persecución y demonización del independentismo continuó bajo el mando de la División de Inteligencia de la Policía en colaboración con el FBI. Ese miedo irracional del independentismo sólo comenzó a disiparse a raíz de dos eventos los asesinatos en 1978 de dos independentistas en el Cerro Maravilla por la policía y las vistas senatoriales que destaparon el encubrimiento de ese crimen por el gobierno y la confirmación durante la década de los 80 de que por décadas la División de Inteligencia de la Policía y el FBI mantenían carpetas sobre toda persona que se identificaba como independentista y hasta los que sospechaban de serlo, incluyendo populares. A pesar de esto, todavía existe ese miedo, aunque en menor intensidad. Desde la década de los 50 hasta los 90, contando con los beneficios de la relación especial con Estados Unidos, el PPD insistió en que el status no está en issue y concentraron todos sus esfuerzos en continuar el proceso de desarrollo económico aprovechando las ventajas que tenía Puerto Rico a través de esa relación acceso libre al mercado estadounidense, exenciones contributivas para corporaciones estadounidenses que establecieran operaciones en la Isla, la moneda común y la ciudadanía común. Esas ventajas desaparecieron durante el curso de los pasados 20 años. Todos los pilares del ELA se fueron cayendo uno a uno. La ciudadanía, defensa y la moneda común son los únicos que quedan y, francamente, en el mundo de hoy ser ciudadano estadounidense no necesariamente le gane amigos a nadie, especialmente cuando la defensa común significa que nuestra Guardia Nacional forma parte de las tropas estadounidenses en la guerra contra Irak, guerra que ha sido denunciada por la mayoría de las naciones del mundo. En cuanto a la moneda común, el dólar ha caído en desventaja ante el euro y el yen. El resultado ha sido que hoy el PPD se encuentra dividido internamente entre los que, hasta hace poco, rehusaban tan siquiera a usar la palabra soberanía, y otra facción -los auto-denominados “autonomistas”- que ha reconocido que la actual relación política entre Puerto Rico y Estados Unidos ha llegado al fin de su utilidad y que el pueblo puertorriqueño necesita más poderes soberanos para poder echar pa´lante, aunque todavía se les doblan las rodillas cuando se le sugiere que más soberanía podría significar que las generaciones futuras de puertorriqueños podrían no ser ciudadanos estadounidenses. Esos autonomistas son los herederos de los independentistas que se quedaron dentro de las filas del PPD, calladamente promoviendo ya no la independencia sino la ampliación de poderes para el gobierno insular. Son los que Rafael Hernández Colón, en 1989, llamó las plumitas liberales. Hoy en día, están en las posiciones de mando del partido, comenzando con Aníbal Acevedo Vilá, quien en 1998 presidió la Comisión de Status que formuló una definición de status mucho más cercana a lo que es una república asociada, aunque no llegó tan lejos. Hay quienes aseguran que Acevedo Vilá ha sacado la carta de la necesidad de obtener más soberanía para justificar su denuncia de que los cargos radicados en su contra por la fiscalía federal son resultado de una persecución política debido a la investigación que ordenó al Departamento de Justicia del operativo del FBI en que mataron a Filiberto Ojeda Ríos y por el ataque de ese mismo cuerpo policial estadounidense contra periodistas en Hato Rey. Para efectos de argumentación, demos por sentado que eso sea verdad. Eso no cambia el hecho de que Acevedo Vilá viene hablando de mayores poderes para el ELA desde por lo menos 1998, al igual que otros populares que ahora se encuentran en posiciones de liderato como los legisladores Charlie Hernández, Luis Vega Ramos, Cirilo Tirado y los alcaldes William Miranda Marín (Caguas) y Carlos López (Dorado), entre otros. Los cambios que proponen son tímidos, presentados en un lenguaje confuso y contradictorio. No obstante, los pronunciamientos de estos líderes representan un cambio significativo en el discurso del PPD. Este discurso soberanista no va a desaparecer, no importa si Acevedo Vilá y el PPD gane o pierda las elecciones generales en noviembre. Lo que sí vamos a ver, tarde o temprano, es la desaparición de lo que en un momento dado describieron como lo mejor de dos mundos y una reagrupación dentro del Partido Popular en la que los elementos más conservadores van a terminar emigrando, probablemente hacia el Partido Nuevo Progresista, mientras que los que se autodenominan autonomistas se consolidan en un Partido Popular con menos poder electoral pero claramente orientado hacia la libre asociación o -si los independentistas se disponen a trabajar hacia ese fin- terminarán en el independentismo.