Plan Tennessee, Autopista a la Estadidad?

Claridad en la Nación José Alberto Álvarez Febles/Especial para Claridad Pedro Rosselló “cree firmemente que el Plan Tennessee es suficientemente agresivo para encaminar la solución de estatus. Sin embargo, piensa, que el nuevo liderato novoprogresista lo ha descartado, ‘no hay discusión sobre eso’” (El Vocero, 9 de mayo de 2008). Luis Fortuño “no descartó que el Plan Tennessee (…) sea una herramienta para lograr la estadidad, pero insistió en que el vehículo para promoverlo es el proyecto de su autoría” (El Vocero, 10 de mayo de 2008). Pedro Pierluisi: “Si en sus dos primeros años de incumbencia no se realizara ese plebiscito [avalado por el Congreso], dijo que buscará realizar una consulta criolla y hasta implantar el Plan Tennessee […]” (El Nuevo Día, 11 de marzo de 2008). José Aponte “en el Directorio se acordó que, pasadas las elecciones, se utilizará el Plan Tennessee, pero las elecciones debían ser plebiscitarias, de modo que si no se obtenía respuesta con el proyecto impulsado por Fortuño, tuviesen de antemano otra alternativa de lucha” (El Vocero, 10 de mayo de 2008). En su empeño de meterle la puñalada a Fortuño, Rosselló le brindó un importante servicio al pueblo puertorriqueño al traer a la discusión pública la autopista (“fast track”) hacia la estadidad que pretenden inaugurar con la consulta criolla y la aplicación del Plan Tennessee si ganaran las elecciones. Sus críticas a Fortuño provocaron artículos en la prensa, comentarios en programas de discusión política y una entrevista de Yolanda Vélez Arcelay. Predomina todavía, sin embargo, un desconocimiento casi absoluto sobre el Plan Tennessee y los otros componentes de la mega conspiración anexionista. El Plan Tennessee es la estrategia unilateral utilizada por siete estados –Tennessee, Michigan, Iowa, California, Oregón, Kansas, y Alaska– para lograr la estadidad. Consiste en que el territorio -incorporado o no incorporado- declare la estadidad y, sin la autorización del Congreso, apruebe una constitución estatal y elija dos senadores federales y el número de congresistas que le correspondan de acuerdo a su población. Los senadores y congresistas son enviados a Wáshington a reclamar sus escaños. El Plan Tennessee ha resultado exitoso en todas las ocasiones en que ha sido utilizado, desde Tennessee en 1796 hasta Alaska en 1959. Ése “en todas las ocasiones” debería activarnos las antenas detectoras de peligros, especialmente si le unimos el hecho de que ningún territorio a cuyos ciudadanos se les haya otorgado o impuesto la ciudadanía estadounidense ha advenido a la soberanía. Se trata de precedentes históricos y no ejercicios de pitonisas o espiritistas (por eso de que la estadidad pudiera ser un fantasma). Algunos comentaristas han ridiculizado la idea de que se aparezcan en Wáshington dos “senadores” y varios “congresistas” con la boricuísima mancha del plátano, prediciendo que no los dejarían ni pasar por las puertas del Congreso. En el caso de los siete estados que utilizaron el Plan Tennessee, sin embargo, los “senadores” y “congresistas” platanosianos estuvieron dispuestos a pasar desplantes y malos ratos al llegar a Wáshington, pero acabaron sentaditos en sus escaños. En todo caso, la aplicación del Plan Tennessee a Puerto Rico, según la estrategia penepé, sería la culminación de un proceso de discusión en Estados Unidos sobre la admisión de otro estado hispano (el primero fue Nuevo México). Puerto Rico sería, además, el quinto estado con mayoría poblacional no blanca, junto a Hawai, Nuevo México, California y Texas. Otro argumento utilizado para restarle importancia a la inminente amenaza del Plan Tennessee es que primero Puerto Rico tendría que pedir la estadidad, algo que no ocurriría en el futuro cercano. Los estrategas de la conspiración anexionista, sin embargo, se encaminan a solicitar la estadidad durante el próximo cuatrienio. En la resolución “Pronunciamiento de la descolonización y la estadidad” (aprobada en Asamblea General celebrada el 20 de agosto de 2006), el Partido Nuevo Progresista afirmó: “Un voto por el Partido Nuevo Progresista o sus candidatos en el 2008 es un mandato para que el gobierno novoprogresista que se instale en enero de 2009 implante el Plan Tennessee. Esto se hará mediante legislación que establecerá un proceso de adopción y ratificación de la Constitución del Estado de Puerto Rico y la elección de dos senadores y seis congresistas federales que acudirán al Congreso en Wáshington D.C. a reclamar sus escaños y la admisión de Puerto Rico como el Estado 51 de los Estados Unidos de América.” Aunque la Asamblea del PNP tuvo el descaro de pretender adjudicarle dimensión plebiscitaria a las elecciones de noviembre -como ha reafirmado José Aponte en varias ocasiones - no creo que la legislatura penepé se atrevería a elegir senadores y congresistas con esa supuesta mayoría a favor de la estadidad. La estrategia de los dirigentes anexionistas, sin embargo, incluye mecanismos para lograr una mayoría plebiscitaria a favor de la estadidad durante el próximo cuatrienio. En vista del probable fracaso del Proyecto Serrano Fortuño, la principal arma en el arsenal anexionista es lo que Pierluisi llama la consulta criolla. Esta consulta podría seguir la hoja de ruta (“roadmap”) del informe del “President’s Task Force on Puerto Rico’s Status”. La Legislatura aprobaría la celebración de un primer plebiscito para que escogiéramos entre quedarnos con “el presente estatus territorial o buscar una ruta constitucionalmente viable hacia un estatus no territorial permanente”. En otras palabras, tendríamos que escoger entre colonia sí o no. En caso de que rechazáramos la colonia, habría otro plebiscito entre la estadidad y la independencia. Podría suceder que al estar firmemente entronizados en las tres ramas del gobierno (ya habrían nombrado tres sastres jurídicos al Tribunal Supremo), el liderato anexionista eliminara el primer plebiscito colonia sí o no y se lanzara de pecho a la victoria segura del segundo. Este plebiscito entre la estadidad y la independencia podría llevarse a cabo tan temprano como en el 2010. Los dirigentes anexionistas no tendrían que esperar por los plebiscitos criollos para echar a caminar el Plan Tennessee. Muy bien podrían en la primera sesión legislativa aprobar una resolución en apoyo a la estadidad y publicarla en los principales periódicos de Estados Unidos. Sacarían así el tema de la estadidad de las penumbras políticas del Congreso y la Casa Blanca, propiciando el inicio de una discusión nacional en Estados Unidos. Surgirían voces a favor y en contra. Los del “English Only “ y los antiinmigrantes expresarían sus prejuicios, pero más importantes serían las voces de los liberales y los hispanos. Ambos sectores apoyarían el derecho de Puerto Rico a la estadidad. Anticipando esta situación es que Pedro Rosselló acudió a la Comisión de Derechos Humanos de la Organización de Estados Americanos y a la Comisión de Derechos Civiles de Estados Unidos para denunciar la supuesta negación del derecho al sufragio (“disenfranchisement”) a cuatro millones de ciudadanos americanos. El apoyo de Hillary al voto presidencial y la afirmación de Obama de que a Puerto Rico debería tratársele exactamente como a un estado tienen evidentes ribetes anexionistas. A los candidatos del PNP no les conviene que se discuta la llamada consulta criolla ni el Plan Tennessee, puntales de la conspiración anexionista. Saben que mientras más conciencia exista sobre esta amenaza a nuestra nacionalidad, mayores serán las fuerzas opositoras que intentarán aliarse para evitar que el PNP gane las elecciones. Para aprobar la legislación imprescindible para la llamada consulta criolla y el Plan Tennessee (resoluciones a favor de la estadidad, convocatorias a plebiscitos, etc.), el PNP necesita controlar las tres ramas gubernamentales, el Ejecutivo y la Legislatura al copar las elecciones y la mayoría del Tribunal Supremo al llenar las vacantes en ese foro judicial. Entre los principales obstáculos que enfrentamos para forjar la amplia alianza antianexionista necesaria para derrotar al PNP, está la idea de que la estadidad es imposible para Puerto Rico. Aunque ésta ha sido la posición de siempre del Partido Independentista, me ha sorprendido lo difundida que está en el resto del independentismo y entre los Populares. Si consideramos imposible la estadidad, evidentemente no sentiremos la urgencia de combatirla. La idea de que la estadidad sea imposible levanta un abismo desmovilizador entre nuestro presente y la imperiosa necesidad de organizar las fuerzas antianexionistas para derrotar a las fuerzas anexionistas. Por mi parte, considero que los precedentes históricos apuntan no sólo a la posibilidad sino a la probabilidad de la estadidad de lograr los dirigentes anexionistas encaminar la llamada consulta criolla y el Plan Tennessee. El mismo proceso y el debate que generaría podrían provocar la transformación de la política centenaria del gobierno permanente de Estados Unidos sobre Puerto Rico. Un resultado podría ser la anexión como territorio incorporado. Esta posibilidad se fortalece en una coyuntura geopolítica en que la hegemonía de Estados Unidos en América. se está retando seriamente. Acaban de anunciar, por ejemplo, la reactivación de la Cuarta Flota de la Marina de Guerra estadounidense (desmantelada en 1950) para reafirmar su poderío en América Latina y el Caribe. Quedan cinco meses para las elecciones y se nos está haciendo tarde para escapar de la emboscada que nos han preparado los dirigentes anexionistas. Si caemos en esa emboscada no será tanto por el elemento de la sorpresa -ellos mismos se han ocupado de alertarnos- sino por nuestra incapacidad de apreciar la amenaza y organizar la resistencia.