¿La incorporación por orden judicial?

Opinion del Juez Gelpi ------> http://rapidshare.com/files/182921038/Gelpi_s_Opinion.pdf.html José A. Delgado Endi.com Si por el juez federal de San Juan Gustavo Gelpí fuera le ahorraba al Congreso estadounidense cualquier debate en torno a si Puerto Rico debe ser formalmente incorporado como territorio, como paso previo a la anexión total. Lo que muchos, sobre todo sectores estadistas, han temido que sea un requisito del Congreso antes de que Puerto Rico pueda optar por la estadidad, Gelpí – designado por el presidente George W. Bush en 2006 con el respaldo del ahora gobernador electo, Luis Fortuño-, considera que ya es un hecho. "Las acciones hablan con más fuerza que las palabras. Aunque el Congreso nunca ha adoptado ningún lenguaje afirmativo como ‘Puerto Rico es por tal razón un territorio incorporado’, la secuencia de sus acciones legislativas desde 1900 al presente han incorporado, de facto, el territorio", indicó Gelpí, en una orden emitida el pasado 10 de octubre, pero incluida el lunes- un mes después- en los registros del Tribunal Federal de San Juan. La orden de Gelpí – quien ha pedido comentarios a los departamentos de Justicia de Estados Unidos y Puerto Rico – se relaciona a un caso que no ha concluido en el que centros de salud que proveen servicios a pacientes de Medicaid, como el Consejo de Salud Playa de Ponce y Gurabo Community Health Center, le reclaman al Departamento de Salud el pago de subsidios especiales con fondos del Gobierno estatal para complementar sus gastos. El Departamento de Salud, bajo la dirección del secretario Johnny Rullán, argumentó que Puerto Rico no debía ser responsable por esos pagos, pues contrario a los estados, Puerto Rico no tiene acceso pleno a los fondos del programa de Medicaid. Puerto Rico recibe cerca de $300 millones anuales en Medicaid. Si fuese un estado, recibiría varios cientos de millones adicionales. Gelpí aprovechó el caso de Medicaid que tiene ante su consideración para expresarse en contra de la decisión de los llamados "casos insulares" resueltos por el Tribunal Supremo de Estados Unidos a principios del siglo pasado y que regulan el reconocimiento de Puerto Rico como un territorio "no incorporado", que colocó a la Isla en una categoría distinta al proceso de anexión tradicional de los estados. Mantuvo que no busca revocar los casos insulares. Pero, Gelpí enumeró una serie de acciones legislativas – desde el Tratado de París, la Ley Jones que le impuso la ciudadanía estadounidense a los nacidos en la Isla y hasta la ley de relaciones federales de 1950-, para insistir en que el proceso de incorporación de Puerto Rico ya ha ocurrido. Alude, a su vez, a una reciente decisión sobre los "combatientes enemigos" de Estados Unidos encarcelados en la base naval de Guantánamo, en Cuba. En ese caso, en el que se pasó juicio al acceso a los tribunales civiles de Estados Unidos de los detenidos de la "guerra en contra del terrorismo", el máximo foro judicial estadounidense reafirmó que "puede ocurrir que al transcurrir del tiempo los lazos entre Estados Unidos y cualquiera de sus territorios no incorporados se fortalezcan en formas que tengan un significado constitucional". Gelpí llega incluso a aludir a la designación de puertorriqueños a puestos de embajadores – el más reciente es César Cabrera, como enviado del gobierno de Bush a las Islas Mauricio y Seychelles-, como uno de los ejemplos que, a su juicio, ha fortalecido las relaciones constitucionales entre Puerto Rico y Estados Unidos. No menciona, sin embargo, que quizá la mitad de los seis embajadores que ha tenido Puerto Rico – en Venezuela, España, Costa Rica, Chile, República Dominicana, Mauricio y Seychelles-, eran ya residentes de Estados Unidos. (¿Será una advertencia a Obama de que puede integrar más a Puerto Rico si se le ocurre nombrar a un puertorriqueño como embajador?). Lo más lógico que su argumento haya sido simplemente una exageración. Gelpí ha pedido al Secretario de Justicia de Puerto Rico que presente sus opinión sobre los argumentos que ha esbozado en este caso. Mientras, el Departamento de Justicia de Estados Unidos solicitó – y el juez aceptó-, que se le otorgue hasta el 2 de diciembre para decidir si solicitará intervenir en esta controversia. Para José Julián Alvarez, profesor de Derecho Constitucional en la Escuela de Derecho de la Universidad de Puerto Rico (UPR), al citar el caso "Balzac versus Porto Rico" (decidido en 1922) Gelpí omitió dos párrafos fundamentales: el que indica que la incorporación de un territorio requiere una declaración expresa; y el que señala que si ello ocurre sería el comienzo del camino hacia la anexión total de Puerto Rico como estado. En Balzac, el Tribunal Supremo de Estados Unidos mantuvo que la "incorporación no puede ser asumida sin una declaración expresa, o una implicación tan fuerte que excluya cualquier otro punto de vista". En el otro párrafo al que alude Alvarez, el Tribunal Supremo federal mantuvo que la incorporación de un territorio "siempre ha sido un paso, uno muy importante, hacia la estadidad". "…es razonable asumir que cuando ese paso sea dado será puesto en marcha y adoptado de forma deliberada por el Congreso, y con una declaración evidente de su propósito, sin dejar el asunto a una mera inferencia o construcción". Debido a que el caso sobre los fondos de Medicaid no ha concluido, el análisis de Gelpí sobre el status de Puerto Rico aún no es apelable. La otra alternativa que activaría una posible apelación antes de la resolución final del caso, sería que Gelpí utilice su novel argumento para conceder o negar algún interdicto referente a la controversia judicial que tiene bajo su consideración. Por lo pronto, Gelpí ha reabierto el debate sobre el status político de Puerto Rico. Eso sí que no es apelable.

Piden plan de transición hacia la estadidad

Por: The Associated Press PONCE - El alcalde novoprogresista de Yauco, Abel Nazario, denunció que el Partido Nuevo Progresista no tiene un proyecto de estadidad y reclamó al candidato Luis Fortuño que de inmediato comience un plan de transición que culmine con la estadidad en el menor tiempo posible. ''Yo creo el proyecto de estadidad y el plan de transición debe estar ocurriendo simultáneamente con la campaña electoral; que se cree un comité que rinda un informe antes de enero, cosa de que en enero, el próximo gobernador, Luis Fortuño, pueda presentarle una propuesta seria de transición hacia la estadidad'', expresó Nazario. El ejecutivo municipal yaucano dijo en entrevista con Prensa Asociada que como parte del proceso de transición hacia la estadidad hay que mejorar significativamente la educación, la enseñanza del idioma inglés para que el mayor número de puertorriqueños lo pueda hablar y entender, y mejorar la situación económica y social del país, entre otros asuntos. Sostuvo además que ninguno de los gobernadores estadistas que ha tenido el país preparó un plan de transición ni de ingreso a la unión estadounidense. Nazario le propuso a Fortuño que como gobernador promueva un plebiscito, con aval o no del Congreso, que acuda a los organismos internacionales para defender el derecho de la libre determinación de los puertorriqueños. ''Tiene que haber un foro, un congreso donde más allá de decir que vamos a decidir el estatus, (decir) cómo se va a dar esa transición y buscar algunos economistas que puedan ayudar en el proceso de transición e ir buscando aliados en el Congreso de Estados Unidos para la estadidad'', sostuvo. De igual manera, el ejecutivo municipal de Yauco expresó preocupación con la propuesta del Partido Popular Democrático (PPD) hacia la soberanía con una remesa adelantada de 20 años de los fondos federales, lo que a su juicio es una estrategia para buscar apoyo de los independentistas. Asimismo, Nazario cuestionó esa propuesta del PPD a los electores preguntando ''quién custodiaría y velaría por el uso adecuado'' de esos fondos federales.

A 110 años

Jose A. Delgado El engavetamiento del proyecto 900 – que impulsó terminar con el actual status-, ha supuesto el más reciente fracaso de los intermitentes esfuerzos por conseguir que el Congreso se vincule con un proceso sobre el futuro político de Puerto Rico. A 110 años de la invasión estadounidense y 56 de la adopción de la Constitución de Puerto Rico, la clase política boricua aún hace malabares para lograr que Washington se comprometa con terminar el ‘limbo’ político en que se encuentra en la Isla. La falta de consenso en San Juan y Washington sobre el rumbo que deben tomar las relaciones entre Puerto Rico y Estados Unidos suele ser la explicación inmediata a la inacción del legislativo federal. Pero, el debate tiene muchos más vericuetos. "Ante la complejidad del problema tendría que haber un sentido de urgencia en el Congreso que aún no se ha conseguido generar", reconoció el presidente ejecutivo del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP), Fernando Martín. Para Martín, será necesario que uno o varios de estos factores se hagan realidad para poder verdaderamente conseguir la atención del Congreso: la puesta en marcha de una Asamblea Constitucional de Status; una mayor presión internacional; un reclamo oficial de una mejora al actual status que represente un conflicto directo con la Constitución federal; una petición formal de estadidad; un aumento importante del voto independentista; acciones continuas de desobediencia civil; o una solicitud consensuada apoyada por el voto popular, como la que se quiso hacer en 2005, a favor de que Washington deje de evadir el tema. "Mientras no haya consenso (sobre) un proceso, no habrá legislación", consideró, por su parte, Eduardo Bhatia, hasta hace poco representante del Gobernador en Estados Unidos y ahora candidato del Partido Popular Democrático (PPD) a senador por acumulación. Para Bhatia, la estructura del Congreso – con dos cámaras y legisladores que reciben apoyo económico de sectores politicos en Puerto Rico-, complica el debate. Y sostiene que la estadidad es percibida por las estructuras de poder en Washington como una amenaza a sus "intereses nacionales". Los estadistas, sin embargo, adjudican al gobernador Aníbal Acevedo Vilá el estancamiento del proyecto 900, que como la legislación de la pasada década del republicano Don Young, intentaba encaminar a Puerto Rico hacia la estadidad o la soberanía política. "La única razón por la cual el Congreso no ha terminado el proceso" se debe al Gobernador y al uso de cabilderos en contra de la legislación 900, dijo Luis Fortuño, candidato del Partido Nuevo Progresista (PNP) a Gobernador y comisionado residente en Washington. Fortuño ha indicado que su colectividad insistirá el próximo cuatrienio en conseguir que el Congreso se vincule con un referéndum de status, tomando como base la legislación 900 que propuso una consulta "territorio sí o no". El presidente de la Cámara de Representantes, José Aponte, sin embargo, favorece que la Legislatura reviva un proyecto similar al de 2005, que fue adoptado por unanimidad y después vetado por Acevedo Vilá, que permitiría convocar primero a una consulta local en la que los electores de la Isla le reclamen acción al Congreso. Pero, Fortuño advirtió que el PNP sólo apoyaría que el reclamo sea hecho por el legislativo y el Ejecutivo de Puerto Rico, insistiendo en que cualquier consulta sea vinculante para el Gobierno federal. El PPD, mientras, sostiene que está comprometido con la convocatoria a una Asamblea Constitucional de Status. ? Pero, como promover una Asamblea Constitucional de Status si de salida el otro partido con fuerza electoral significativa, el PNP, se opone? Para el popular Eduardo Bhatia, la respuesta sería "lograr que líderes en el partido estadista, como Angel Cintrón y Aníbal Vega Borges, hagan entender al movimiento estadista que las opciones son la Asamblea Constitucional de Status o 100 años más de limbo y soledad". El presidente del Comité de Recursos Naturales de la Cámara de Representantes federal, el demócrata Nick Rahall - quien manejó la aprobación del proyecto 900 en su comisión antes de que fuera engavetado por los líderes de su partido-, eludió analizar el por qué tradicionalmente el legislativo federal echa a un lado legislación sobre el status de la Isla. Pero, se expresó esperanzado en que el debate avance el próximo cuatrienio. "Estoy convencido en que la próxima sesión, si hay un Gobernador en La Fortaleza con el que pueda trabajar y un nuevo comisionado residente tan dedicado al tema como Fortuño, no sólo podamos echar hacia adelante el tema, sino cruzar la meta", indicó Rahall, quien mantiene buenas relaciones con los líderes del PNP y con toda probabilidad volverá a estar a cargo en la Cámara baja del debate sobre el status de la Isla. Los dos principales candidatos a la Casa Blanca difieren, por su lado, en torno a cómo tartar de darle impulso, a partir de 2009, a la discusión en torno al futuro político de Puerto Rico. El republicano John McCain se ha comprometido a respaldar las recomendaciones de los dos informes de la Casa Blanca en torno al status de la Isla, lo que significaría retomar la idea de un proceso que vaya dirigido a que los puertorriqueños escojan entre la estadidad y la soberanía política (independencia o libre asociación). El demócrata Barack Obama, quien durante las primarias presidenciales se enfrentó a este debate, ha hecho claro que cualquier nuevo proceso debe generar consenso en Puerto Rico, lo que pudiera obligar a conseguir un acuerdo, por lo menos, entre los dos partidos principales, el PNP y el PPD. --------------------------------------------------------- Algunos proyectos debatidos en las últimas dos décadas: 1989-1991- Se presentaron diversas versiones en el Senado y la Cámara baja federal con el propósito de convocar a un plebiscito entre el actual "Estado Libre Asociado", la estadidad y la independencia. La Cámara baja aprobó a viva voz en octubre de 1990 un proyecto que autorizaba la convocatoria a uan consulta de status, pero la iniciativa del Senado murió en comité en febrero de 1991. 1995- Primer proyecto Young buscaba que Puerto Rico escogiera entre la estadidad y la soberanía política. Nunca fue llevado a votación en el pleno de la Cámara baja. 1998- El 4 marzo la Cámara baja aprobó por la diferencia minima (209-208) un nuevo proyecto proyecto (856) que promovía un referéndum entre el actual status, la estadidad y la soberanía política (independencia o libre asociación). El Senado engavetó la medida y se limitó a aprobar una resolución a favor de la libre determinación de Puerto Rico. 2006- El comisionado residente Luis Fortuño presentó el proyecto 4867 que recogió las recomendaciones del primer informe de la Casa Blanca sobre el status de Puerto Rico y el cual impulsa encaminar a la Isla hacia la estadidad o su soberanía política. En el Senado se presentó una versión simplificada del republicano Mel Martínez, que tampoco nunca avanzó. 2007- Con los demócratas ahora en mayoría, el boricua José Serrano encabezó la nueva versión del 4867, que en esta sesión ha tenido el número 900 e impulsa la participación de los nacidos en Puerto Rico que viven en Estados Unidos. El proyecto se aprobó en el Comité de Recursos Naturales, pero fue engavetado por la presidenta de la Cámara baja, Nancy Pelosi, quien considera que la legislación no ha generado suficiente consenso. Un proyecto del senador demócrata Ken Salazar – a favor de un referéndum entre el actual status, la libre asociación, la independencia y la estadidad-, durmió el sueño de los justos en el Senado federal.

Unico propulsor de la unión permanente

El Nuevo Dia El mensaje que ofrecerá hoy Luis Fortuño en los actos para celebrar el natalicio de José Celso Barbosa, en Bayamón, será uno ideológico que buscará establecer que el Partido Nuevo Progresista (PNP) es el único que defiende la unión permanente con Estados Unidos. “Tenemos que dejarle claro al pueblo que aquí hay dos caminos. Por un lado, está el camino de la separación, está el camino en el que todo se está poniendo sobre la mesa… versus el único partido que hoy defiende la unión permanente”, adelantó Fortuño. Según Fortuño, hace unos años el Partido Popular Democrático (PPD) dejó de creer en la unión permanente y en mantener la ciudadanía americana. “Lo que están proponiendo es la república asociada”, criticó el candidato novoprogresista a la gobernación. “Yo espero que le pongan el nombre completo, que no traten de disfrazarlo”, agregó. En ese sentido, insistió en que el gobernador Aníbal Acevedo Vilá y el PPD están proponiendo y dando mensajes separatistas. “Tenemos que entender que el Partido Popular hoy no es el Partido Popular de (Luis) Muñoz Marín”, expresó Fortuño. Mencionó que, en sintonía con esa línea “separatista”, Acevedo Vilá está poniendo sobre la mesa los fondos de FEMA, las becas Pell y los planes WIC y “todo lo que conocemos que nos pertenece por derecho, por ser ciudadanos americanos”. Aunque la convención anual del PNP, en la que aprobarán el programa de Gobierno de la colectividad, será el 17 de agosto, Fortuño reconoció que el día de hoy marca el inicio de su campaña a la gobernación porque sólo quedan 99 días para las elecciones generales. “Lo lógico es que del 27 (hoy) en adelante sea un paso importantísimo para nosotros en asuntos de colectividad”, dijo Fortuño. A partir de hoy y durante las próximas semanas, la gente se reintegrará más a las campañas luego del inicio de clases, dijo. Fortuño aclaró que no sólo habla de Barbosa y de don Luis A. Ferré el día de sus respectivos natalicios, sino en muchas actividades de la colectividad por ser su partido ideológico. Barbosa es conocido como el Padre de la Estadidad en Puerto Rico y Ferré fue el fundador del PNP.

Independencia con honestidad

20 de julio de 2008 Comunicado San Juan - La Comisión Política y el Comité Central del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP), constituidos en Asamblea, aprobaron hoy su Programa de Gobierno para las elecciones de noviembre de 2008. "Luego de meses de consulta y diálogo con la militancia, grupos comunitarios, trabajadores, uniones sindicales, ambientalistas, líderes cívicos y culturales, economistas, asociaciones profesionales, cooperativistas y expertos en distintas áreas del ámbito gubernamental, hoy sometimos ante la Asamblea de Programa para su evaluación y aprobación nuestro Programa de Gobierno para las Elecciones de 2008", expresó con entusiasmo Edwin Irizarry Mora, candidato a la gobernación del PIP. Irizarry Mora, aseguró que el programa electoral del PIP es "radical e implantable". El dirigente independentista explicó que todas las medidas políticas de dicho programa son "viables y asumibles" a tenor con la seriedad y responsabilidad que diferencian al PIP de otros partidos políticos. Irizarry Mora destacó que en los trabajos de elaboración del programa han intervenido "muchas personas con un profundo conocimiento de la realidad puertorriqueña", cuya dedicación agradece la dirección del PIP. De obtener la gobernación y la mayoría legislativa convocarian la Asamblea Constituyente Albizuísta de la República de Puerto Rico. De no ser así, impulsarian una verdadera asamblea constitucional de status entre las alternativas reconocidas por el derecho internacional y que excluya el actual status colonial. Irizarry Mora destacó que ahora el objetivo del PIP es continuar comunicándole de manera efectiva a los puertorriqueños y puertorriqueñas las propuestas radicales para beneficio del País plasmadas en el Programa y la urgencia y necesidad de la independencia para dar "un avance definitivo" hacia el trabajo digno, la salud, el desarrollo económico, el bienestar y la tranquilidad.

Ventajas de la Ciudadanía de Estados Unidos y la Estadidad

*CARTA DE DERECHOS DE LOS ESTADOS UNIDOS *Beneficios de 386 Agencias Federales-->http://www.govbenefits.gov/govbenefits_es.portal?_nfpb=true&_pageLabel=gbcc_page_locate_federal&_nfls=false *Solo ciudadanos Americanos pueden obtener un pasaporte de los EE.UU. *Es más fácil entrar en los Estados Unidos con la ciudadanía de EE.UU. *Muchos países no exigen visa a poseedores de pasaportes de EE.UU. *Con un pasaporte de EE.UU., usted es elegible para utilizar servicios de las embajadas y consulados de EE.UU. cuando viaja alrededor del mundo. *Ciudadanos de EE.UU. no tienen que portar consigo prueba de ciudadanía. *Capacidad para votar. *Ayudar a otros miembros de la familia a inmigrar a Estados Unidos. *Elegibilidad para trabajos federales y del Estado. *La capacidad de vivir fuera de los EE.UU. y nunca perder su ciudadanía *El derecho de postularse para puestos públicos del gobierno.

Our 51st "Estado"

By Chris Weigant

In the midst of the immigration debate raging in both houses of Congress, an old chestnut has been revived by Republicans: declaring English the national language. The issue polls extremely high with the general public, and Republicans even passed an amendment in the Senate earlier this month by a vote of 64-33, which means a bunch of Democrats (17 of them) voted for it as well. A similar amendment is part of the debate in the House. My question to these lingual purists is: what happens if Puerto Rico becomes the 51st state of the Union? This is one of those back-burner issues that comes up for a vote now and again (in Puerto Rico), but then "never actually happens" -- so Americans feel free to ignore it as a whole. Or, I should say, "Americans outside of Puerto Rico," since all Puerto Ricans are already American citizens. But every referendum that happens, the percentage voting for statehood gets larger and larger. While it shouldn't be seen as an inevitability, it should indeed be seen as a strong possibility. Say, within the next ten years or so. So what are we going to do if an American state speaks Spanish as their primary language? It's a question worth thinking about ahead of time. There's a joke I heard while I was living in Europe, which goes like this: Q: What do you call a person who speaks three languages? A: "Trilingual." Q: What do you call a person who speaks two languages? A: "Bilingual." Q: What do you call a person who speaks one language? A: "An American." This is obviously due to people from countries (who don't speak English) getting very tired of American tourists who seem to think that: "a-NY-bo-DY... who... speaks... ENG-lish... SLOW-ly... E-nough... and... who... e-NUN-ci-ATES... their... WORDS... well... E-nough..." can be understood by anyone on the planet, no matter what language they speak. You can understand their frustration, if you've ever seen an ignorant American tourist perform this embarrassing pantomime in another country. But back to the home front. The first question raised is: "How the heck does a territory become a state, anyway?" This is the primary question asked by most Americans, which is due to the fact that we are now in the longest period in American history without admitting a new state. The last states who joined the Union were, of course, Hawaii and Alaska, both in 1959. This happened almost 47 years after the 48th state (Arizona) was admitted in 1912 -- but we have now gone almost 48 years without admitting a new state, breaking the previous record. The answer is a little vague. Here is the relevant text from the Constitution: Article IV, Section 3. New states may be admitted by the Congress into this union; but no new states shall be formed or erected within the jurisdiction of any other state; nor any state be formed by the junction of two or more states, or parts of states, without the consent of the legislatures of the states concerned as well as of the Congress. In practical terms, this has usually meant that (1) the territory in question has to have a certain minimum number of people living in it, (2) they have to vote on it and have the majority favor statehood, and (3) they have to have a state constitutional convention, to enact a state constitution. And then, of course, Congress gets to vote whether to admit them or not. Now, there really is only one candidate for becoming the 51st state: Puerto Rico. Ignoring deluded fantasies of splitting either California or Texas into multiple new states, and also ignoring the perennial push to declare the District of Columbia a state; Puerto Rico is really the only viable candidate. All the other U.S. territories (mostly islands in the Pacific) simply don't have enough people living in them. Well, OK, I can't just ignore Washington, D.C. -- simply because they've got one heck of an amusing way of showing how annoyed they are that they have no (voting) representatives in Congress: their vehicle license plates. Since 2001, their license plates have provocatively displayed the following slogan: "Taxation Without Representation." What a hoot! Using a Revolutionary War slogan on their official license plates to let all the congressional legislators (who see these plates on a daily basis, it should be noted) know how annoyed they are that they have no congressional representation who can cast a vote. But I digress. Puerto Rico has been actively considering statehood for some time now. They have held three referenda on the issue in the last few decades. The numbers and the trends they show are interesting, but not conclusive. The first of these three votes took place in 1967. 60.4% voted for continued "commonwealth" status, and 39.0% voted for statehood. The next took place in 1993. This time the vote was much closer, with 48.6% choosing the status quo of being a commonwealth, but 46.3% chose statehood (the numbers don't add up to 100% because other options, such as becoming an independent country, were also on the ballot). That's a spread of only 2.3% -- a pretty small margin. The most recent of these votes took place in 1998. The vote was a little skewed because the "commonwealth" faction overreached and used vague and unpopular language, so the "status quo" vote went to the newly-added "none of the above" option on the ballot. The outcome was 50.3% for "none of the above" and 46.5% for statehood. While the total percentage for statehood was higher than in 1993 by 0.2%, the "spread" was also higher, at 3.8%. So, statistically speaking, it's not clear what would happen if another vote were held today -- the trend could go either way, in other words. But you've got to admit, it's still a pretty small margin. Which means that at some time during the next 10 years, another referendum could happen on the island, and if they reach a majority, then they will begin working on ratifying a state constitution and applying to Congress for statehood. And it's an absolute certainty that their state constitution will not be "English-only" or proclaim English as the state language. Quite the opposite: they may set into their state constitution that the state government will conduct its affairs in two languages: Spanish and English. Or they may even (gasp!) declare Spanish their official state language. So what is Congress going to do when faced with such a dilemma? What will the president (whomever it happens to be) say about the issue? Republican presidential candidates are already on record, with the exception of John McCain, of supporting English as a national language (it plays to their xenophobic base). But even John McCain, after denouncing such efforts, voted for that English-only amendment to the immigration bill (mentioned earlier). The Arizona Republic article skewers McCain thusly: "Anyone know the Spanish translation for flip-flop?" What would we all do if a Spanish-speaking Puerto Rico became our 51st state (after we redesign the U.S. flag, that is)? Obviously, at this point, any "English is our national language" nonsense will have to be repealed. Of course, it would all be a lot easier if Democrats wouldn't vote for such silliness in the first place, but that may be too much to ask during the horse-trading which is currently at the center of the immigration debate. The most intelligent commentary I've heard on the subject comes from a retired Air Force officer, in an op-ed to the tiny Central Shenandoah Valley News Leader. It's worth reading for the common sense he offers. I say let's not be the butt of the rest of the world's jokes. Let's admit that America can still be America with two official languages. Let's welcome Puerto Rico (if and when it happens) as our 51st state -- with no linguistic jingoism. We will wind up as a stronger country for having done so.

Puerto Rico: del limbo a la estadidad

MAURICE A. FERRE Ex alcalde de Miami En 108 años (desde el fin de la Guerra Hispano-Americana) Puerto Rico ha sido un territorio de EEUU bajo los ''poderes plenarios del Congreso''. .En ese tiempo el Congreso no ha consultado al pueblo de Puerto Rico ni le ha ofrecido soluciones políticas alternas. En 1915, la Asamblea Legislativa de Puerto Rico pidió al Congreso que no le diera a Puerto Rico ciudadanía estadounidense sin previa consulta con elpueblo. El 3 de marzo de 1917 el Congreso, no obstante, unilateralmente y arbitrariamente les concedió la ciudadanía norteamericana a casi 1,500,000 puertorriqueños. En los 92 años de ciudadanía, muchos puertorriqueños han luchado y han muerto en todas las guerras norteamericanas, y proporcionalmente los puertorriqueños han recibido más condecoraciones militares por valentía en combate que en cualquiera de los 50 estados de la Unión. El Tribunal Supremo de EEUU complicó también la situación política de Puerto Rico con unos fallos llamados los casos insulares (1901-1922), que aún están en vigor. Los casos insulares, de hecho, expusieron que Puerto Rico es propiedad de, pero no parte de, EEUU; que Puerto Rico es una entidad extranjera (a EEUU) en una forma doméstica; y aún más insultante que, aunque ciudadanos estadounidenses, los puertorriqueños de la isla no tenían la protección plenaria de la Constitución de EEUU. Para colmo, el Tribunal Supremo elaboró una nueva definición de territorio: territorio no incorporado. Por primera vez en la historia de EEUU, un territorio nuevo, entonces con una población de más de un millón de ciudadanos estadounidenses (en 1917), no podría participar en el sistema de gobierno que regía sus vidas, ni en el ámbito presidencial ni en el congresional. En otras palabras, en la relación entre EEUU y Puerto Rico no ha existido el consentimiento de los gobernados por 108 años. Bajo cualquier definición, el territorio no incorporado de Puerto Rico es una colonia de EEUU. Una consideración dificultosa e importante es el tema de ''Puerto Rico como nación latinoamericana'', que por supuesto lo es. ¿Tiene esa realidad un conflicto con la ciudadanía estadounidense de los puertorriqueños? ¿Quién le pidió a EEUU que invadiera y ocupara Puerto Rico? ¿Quién le pidió al Congreso y al presidente Woodrow Wilson que les otorgaran la ciudadanía estadounidense a los puertorriqueños en 1917? Ahora hay cuatro millones de puertorriqueños en los 50 estados y cuatro millones en Puerto Rico. Los primeros se asimilarán, conjuntamente a los 100 millones de hispanos proyectados en EEUU para el 2040. Claro que el inglés es el idioma operante de EEUU. Claro que los ciudadanos del estado 51, Puerto Rico, tendrán que pagar impuestos federales. Pero, no obstante, si el 75% del pueblo de Puerto Rico (ciudadanos estadounidenses todos) votan por la estadidad, ¿no debería concedérsela el Congreso? Si el Congreso de EEUU negase la estadidad a Puerto Rico y si usted es de los que creyeron que la guerra en Irak era correcta (recordemos que el 70% de la opinión pública norteamericana al principio favorecía ese conflicto) y cree justificada la muerte de 3,500 norteamericanos (incluidos 68 puertorriqueños) en la guerra de Irak para ''llevarle la democracia al Medio Oriente'', como declaró el presidente Bush, ¿cómo le puede negar el Congreso democracia a Puerto Rico? Esos 68 ciudadanos estadounidenses de Puerto Rico que murieron en Irak no pudieron jamás votar a favor o en contra de su presidente (comandante en jefe) que los envió a esa guerra. Primero el presidente Clinton y luego el presidente George W. Bush formaron un comité interagencial (de 17) para recomendar una solución al estancado proceso del status político de Puerto Rico. Ese informe se entregó en diciembre del 2005 y se convirtió en en el proyecto de ley de la Cámara H.R. 900. Ya se han celebrado vistas públicas en el comité y en junio se formalizará el proyecto de ley en comité y se espera pase con mayoría por el pleno antes del receso de agosto de este año. Lo del Senado será, como siempre, más complejo para Puerto Rico. Pero en este el senador Mel Martínez, de Florida, que también es presidente del Partido Republicano nacional, apadrinará el Puerto Rico Democracy Act - 2007. En efecto, H.R. 900 hará por vez primera en 110 años (en el 2009) que los ciudadanos norteamericanos de Puerto Rico sean consultados en un plebiscito federal si están satisfechos con su condición política actual (status) o si prefieren un cambio político que dé un status no territorial a Puerto Rico. Creo que el cambio ganará el plebiscito. Hará falta otro proyecto de ley en un Congreso futuro y un nuevo presidente para definir las condiciones que se le ofrezcan a Puerto Rico para su independencia o su anexión como estado federado. Para entonces el tema se habrá convertido en tema de discusión nacional y afectará la campaña presidencial del 2012, incluida la Florida (donde residirán más de 3 millones de hispanos, entre ellos 750,000 puertorriqueños). La estadidad para Puerto Rico tendrá simpatizantes latinos en todos los estados. Los encuestadores en Puerto Rico predicen que en la actualidad, en una confrontación sólo entre la independencia y la estadidad, la estadidad ganaría por más del 70%. Para el 2012 la proporción sería más alta. Prepárense para el estado 51, Puerto Rico.

Democrats’ Campaign in Puerto Rico Becomes Entangled in Statehood Issue

New York Times By SARAH WHEATON Published: April 3, 2008 At 11 a.m. on March 27, hours after an indictment against Gov. Aníbal Acevedo Vilá of Puerto Rico was unsealed, his allies met members of the rival party in San Juan. The discussion was not about the charges. It was about Senator Barack Obama’s campaign. The 19-count federal indictment on charges of campaign finance violations and tax fraud was not the only complicated aspect of Mr. Obama’s high-profile endorsement from the governor. In advance of the Puerto Rican Democratic primary on June 1, his campaign, like that of Senator Hillary Rodham Clinton, is seeking to avoid being mired in the issue that defines local politics — the island’s status in relation to the United States. If the nominating contest lasts until June 1, Puerto Rico, with its 63 delegates, is expected to play an outsize role, with Mrs. Clinton hoping for a big victory. But the perennial debate over the status of the island looms, with the two candidates staking out positions of adamant neutrality. Rivals of the candidates have been combing policy statements for the slightest nuance that could betray support for statehood or commonwealth. Historically, pro-commonwealth politicians have loosely aligned with the Democratic Party, and the statehood side has been more of a coalition. Mr. Acevedo is a leader of the Popular Democratic Party, which advocates maintaining commonwealth status. Andrés W. López, a statehood supporter and a member of Mr. Obama’s campaign committee in Puerto Rico, said he was concerned that the governor’s support for Mr. Obama had created a pro-commonwealth impression that could create a backlash among Democratic voters. “A strong public endorsement from a well-known statehood figure would remedy what I feel is a misperception,” Mr. López said. The campaign received that backing on Monday from Pedro Pierluisi, the pro-statehood New Progressive Party candidate for nonvoting representative in Congress. Mr. Acevedo delivered his endorsement after receiving a letter in which Mr. Obama expressed openness to a constitutional convention or a plebiscite to determine status and support for all “valid options to resolve the question of Puerto Rico’s status, including commonwealth, statehood and independence.” Some statehood proponents have objected to a constitutional convention and to the listing of commonwealth as a viable permanent status. Mr. Obama met Mr. Pierluisi a few weeks ago and wrote him a letter suggesting openness to the idea of statehood. “I understand and respect the aspiration of the U.S. citizens in Puerto Rico who, like you, believe that statehood is the best status option for Puerto Rico, as I understand and respect the aspirations of those who favor other status options for Puerto Rico,” the letter said. It did not use the word “commonwealth.” Though most of the nearly four million Puerto Ricans are United States citizens, the territory does not have any electoral votes. The 63 delegates at play are on par with those available in the preceding contests in Oregon and Kentucky. Mrs. Clinton is the favorite in the race, given her longstanding relationship with the island as first lady and, more recently, as a senator from New York, the state with the largest Puerto Rican population. Her campaign focuses on specific policies for Puerto Rico like helping manufacturing and support for equal reimbursements to hospitals from Medicare and expanding Medicaid. Mr. Obama’s campaign focuses on broader themes of hope and change. Many of Mrs. Clinton’s high-profile endorsements arrived before the Feb. 5 nominating contests, and Mr. Acevedo’s announcement appears to have spurred others to support Mr. Obama. Mr. Obama, of Illinois, has the support of all Democrats running at the top of tickets in November for both major political parties in Puerto Rico. “There might be something to the fact that it is based on timing and current events rather than substance,” said Kenneth McClintock, the pro-statehood president of the Puerto Rican Senate who announced his support for Mrs. Clinton in December. “Would I have to choose now, I would choose exactly the same way for exactly the same substantive reasons.”