¿La incorporación por orden judicial?

Opinion del Juez Gelpi ------> http://rapidshare.com/files/182921038/Gelpi_s_Opinion.pdf.html José A. Delgado Endi.com Si por el juez federal de San Juan Gustavo Gelpí fuera le ahorraba al Congreso estadounidense cualquier debate en torno a si Puerto Rico debe ser formalmente incorporado como territorio, como paso previo a la anexión total. Lo que muchos, sobre todo sectores estadistas, han temido que sea un requisito del Congreso antes de que Puerto Rico pueda optar por la estadidad, Gelpí – designado por el presidente George W. Bush en 2006 con el respaldo del ahora gobernador electo, Luis Fortuño-, considera que ya es un hecho. "Las acciones hablan con más fuerza que las palabras. Aunque el Congreso nunca ha adoptado ningún lenguaje afirmativo como ‘Puerto Rico es por tal razón un territorio incorporado’, la secuencia de sus acciones legislativas desde 1900 al presente han incorporado, de facto, el territorio", indicó Gelpí, en una orden emitida el pasado 10 de octubre, pero incluida el lunes- un mes después- en los registros del Tribunal Federal de San Juan. La orden de Gelpí – quien ha pedido comentarios a los departamentos de Justicia de Estados Unidos y Puerto Rico – se relaciona a un caso que no ha concluido en el que centros de salud que proveen servicios a pacientes de Medicaid, como el Consejo de Salud Playa de Ponce y Gurabo Community Health Center, le reclaman al Departamento de Salud el pago de subsidios especiales con fondos del Gobierno estatal para complementar sus gastos. El Departamento de Salud, bajo la dirección del secretario Johnny Rullán, argumentó que Puerto Rico no debía ser responsable por esos pagos, pues contrario a los estados, Puerto Rico no tiene acceso pleno a los fondos del programa de Medicaid. Puerto Rico recibe cerca de $300 millones anuales en Medicaid. Si fuese un estado, recibiría varios cientos de millones adicionales. Gelpí aprovechó el caso de Medicaid que tiene ante su consideración para expresarse en contra de la decisión de los llamados "casos insulares" resueltos por el Tribunal Supremo de Estados Unidos a principios del siglo pasado y que regulan el reconocimiento de Puerto Rico como un territorio "no incorporado", que colocó a la Isla en una categoría distinta al proceso de anexión tradicional de los estados. Mantuvo que no busca revocar los casos insulares. Pero, Gelpí enumeró una serie de acciones legislativas – desde el Tratado de París, la Ley Jones que le impuso la ciudadanía estadounidense a los nacidos en la Isla y hasta la ley de relaciones federales de 1950-, para insistir en que el proceso de incorporación de Puerto Rico ya ha ocurrido. Alude, a su vez, a una reciente decisión sobre los "combatientes enemigos" de Estados Unidos encarcelados en la base naval de Guantánamo, en Cuba. En ese caso, en el que se pasó juicio al acceso a los tribunales civiles de Estados Unidos de los detenidos de la "guerra en contra del terrorismo", el máximo foro judicial estadounidense reafirmó que "puede ocurrir que al transcurrir del tiempo los lazos entre Estados Unidos y cualquiera de sus territorios no incorporados se fortalezcan en formas que tengan un significado constitucional". Gelpí llega incluso a aludir a la designación de puertorriqueños a puestos de embajadores – el más reciente es César Cabrera, como enviado del gobierno de Bush a las Islas Mauricio y Seychelles-, como uno de los ejemplos que, a su juicio, ha fortalecido las relaciones constitucionales entre Puerto Rico y Estados Unidos. No menciona, sin embargo, que quizá la mitad de los seis embajadores que ha tenido Puerto Rico – en Venezuela, España, Costa Rica, Chile, República Dominicana, Mauricio y Seychelles-, eran ya residentes de Estados Unidos. (¿Será una advertencia a Obama de que puede integrar más a Puerto Rico si se le ocurre nombrar a un puertorriqueño como embajador?). Lo más lógico que su argumento haya sido simplemente una exageración. Gelpí ha pedido al Secretario de Justicia de Puerto Rico que presente sus opinión sobre los argumentos que ha esbozado en este caso. Mientras, el Departamento de Justicia de Estados Unidos solicitó – y el juez aceptó-, que se le otorgue hasta el 2 de diciembre para decidir si solicitará intervenir en esta controversia. Para José Julián Alvarez, profesor de Derecho Constitucional en la Escuela de Derecho de la Universidad de Puerto Rico (UPR), al citar el caso "Balzac versus Porto Rico" (decidido en 1922) Gelpí omitió dos párrafos fundamentales: el que indica que la incorporación de un territorio requiere una declaración expresa; y el que señala que si ello ocurre sería el comienzo del camino hacia la anexión total de Puerto Rico como estado. En Balzac, el Tribunal Supremo de Estados Unidos mantuvo que la "incorporación no puede ser asumida sin una declaración expresa, o una implicación tan fuerte que excluya cualquier otro punto de vista". En el otro párrafo al que alude Alvarez, el Tribunal Supremo federal mantuvo que la incorporación de un territorio "siempre ha sido un paso, uno muy importante, hacia la estadidad". "…es razonable asumir que cuando ese paso sea dado será puesto en marcha y adoptado de forma deliberada por el Congreso, y con una declaración evidente de su propósito, sin dejar el asunto a una mera inferencia o construcción". Debido a que el caso sobre los fondos de Medicaid no ha concluido, el análisis de Gelpí sobre el status de Puerto Rico aún no es apelable. La otra alternativa que activaría una posible apelación antes de la resolución final del caso, sería que Gelpí utilice su novel argumento para conceder o negar algún interdicto referente a la controversia judicial que tiene bajo su consideración. Por lo pronto, Gelpí ha reabierto el debate sobre el status político de Puerto Rico. Eso sí que no es apelable.

Una abultada agenda

El Nuevo Dia José A. Delgado Al llegar a la Casa Blanca en enero, Barack Obama va a tener en sus manos el más amplio listado de compromisos que un presidente electo haya hecho con Puerto Rico. Con un Congreso demócrata que ha incrementado sus mayorías en ambas cámaras legislativas y en el que debe tener un aliado, la presión sobre el próximo inquilino de la Casa Blanca aumenta. Obama, entre otras cosas, se comprometió en Puerto Rico a crear un grupo de trabajo destinado a buscar alternativas para fomentar empleos, encaminar a la Isla hacia la paridad en los programas federales de salud - sobre todo en Medicaid-, y promover durante el próximo cuatrienio un proceso de consenso en torno al status político. También hizo un compromiso inequívoco con la limpieza de los antiguos terrenos militares en la isla de Vieques. "El tema de status va estar vivo con la petición que debe hacer Luis Fortuño (como gobernador electo) a favor de un plebiscito federal. Pero, esa propuesta no tiene consenso en la delegación puertorriqueña en el Congreso", advirtió Javier Colón, profesor de Ciencias Políticas de la Universidad de Puerto Rico (UPR). Colón piensa que la propia disposición del Partido Nuevo Progresista (PNP) a optar por un plebiscito local si nuevamente el Congreso se niega a vincularse con un proceso de status, le facilita a Washington dejar el tema en manos del Gobierno de Puerto Rico. Para Luis Bacó, ex jefe de la oficina de Fortuño en el Congreso y ahora representante en Washington del bufete McConnell Valdés, el comisionado residente electo, Pedro Pierluisi, llega a la capital federal con un mandato y debe ser el enlace oficial entre Fortuño y el gobierno de Obama. "Pierluisi, quien fue copresidente de la campaña de Obama en Puerto Rico, va a tener un papel fundamental", sostuvo Bacó, quien considera que el proceso de nombramientos federales - donde el Partido Popular Democrático (PPD) buscará tener participación-, puede generar nuevas polémicas entre los bandos locales. El saliente presidente del Senado de Puerto Rico, Kenneth McClintock, quien es delegado ante el Partido Demócrata, quisiera que Obama comience por implantar iniciativas que acerquen a la Isla a la paridad con los estados en programas federales de salud. Y confía en que no tarde en atender el debate sobre el status. Para el analista político Angelo Falcón, presidente del Instituto de Política Pública Latina en Nueva York, Fortuño puede tener contratiempos en echar hacia delante sus iniciativas de status, por identificarse en Washington con los republicanos y haber sido aliado de John McCain. Fortuño, durante la campaña presidencial, cuestionó además las credenciales de Obama - quien fue respaldado por su comisionado residente electo, Pedro Pierluisi-, para asumir la jefatura del gobierno de Estados Unidos. Para Falcón, las voces más importantes en los temas de Puerto Rico en el Congreso seguirán siendo los tres congresistas boricuas: José Serrano (Nueva York), Luis Gutiérrez (Chicago) y Nydia Velázquez (Nueva York). Gutiérrez es particularmente cercano a Obama y quien coordinó la carta en la que el ahora presidente electo hizo sus principales compromisos con Puerto Rico, incluido el rechazo a algunas conclusiones de los informes de status de la Csa Blanca de George W. Bush. "Cómo Fortuño se enfrenta a esa realidad va a ser interesante, pues sólo Serrano tiene una relación cordial con el PNP", indicó Falcón. Serrano ha indicado que echará otra vez hacia delante su legislación a favor de una consulta en la que los puertorriqueños puedan determinar si quieren continuar o no con el actual status de la Isla. A su juicio, esa consulta - a la que se oponen el Partido Popular Democrático (PPD, y sus colegas Gutiérrez y Velázquez-, no choca con los planes de Obama de promover un proceso de status que tenga consenso entre las fuerzas políticas de Puerto Rico. "Mi proyecto no es ni a favor de la estadidad ni de la independencia. Una vez Puerto Rico decida si quiere cambiar o no su status, entonces la política pública de Obama se pone en marcha", indicó Serrano. Gutiérrez, sin embargo, ha indicado que confía en que se abran las puertas del diálogo entre los miembros boricuas del Congreso y el gobernador electo Luis Fortuño. "Mi esperanza es que Fortuño, con el que he tenido una buena relación, quiera buscar consenso", dijo el congresista boricua, quien está en el grupo de posibles candidatos para llenar la vacante que deja Obama en el Senado federal.

A 110 años

Jose A. Delgado El engavetamiento del proyecto 900 – que impulsó terminar con el actual status-, ha supuesto el más reciente fracaso de los intermitentes esfuerzos por conseguir que el Congreso se vincule con un proceso sobre el futuro político de Puerto Rico. A 110 años de la invasión estadounidense y 56 de la adopción de la Constitución de Puerto Rico, la clase política boricua aún hace malabares para lograr que Washington se comprometa con terminar el ‘limbo’ político en que se encuentra en la Isla. La falta de consenso en San Juan y Washington sobre el rumbo que deben tomar las relaciones entre Puerto Rico y Estados Unidos suele ser la explicación inmediata a la inacción del legislativo federal. Pero, el debate tiene muchos más vericuetos. "Ante la complejidad del problema tendría que haber un sentido de urgencia en el Congreso que aún no se ha conseguido generar", reconoció el presidente ejecutivo del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP), Fernando Martín. Para Martín, será necesario que uno o varios de estos factores se hagan realidad para poder verdaderamente conseguir la atención del Congreso: la puesta en marcha de una Asamblea Constitucional de Status; una mayor presión internacional; un reclamo oficial de una mejora al actual status que represente un conflicto directo con la Constitución federal; una petición formal de estadidad; un aumento importante del voto independentista; acciones continuas de desobediencia civil; o una solicitud consensuada apoyada por el voto popular, como la que se quiso hacer en 2005, a favor de que Washington deje de evadir el tema. "Mientras no haya consenso (sobre) un proceso, no habrá legislación", consideró, por su parte, Eduardo Bhatia, hasta hace poco representante del Gobernador en Estados Unidos y ahora candidato del Partido Popular Democrático (PPD) a senador por acumulación. Para Bhatia, la estructura del Congreso – con dos cámaras y legisladores que reciben apoyo económico de sectores politicos en Puerto Rico-, complica el debate. Y sostiene que la estadidad es percibida por las estructuras de poder en Washington como una amenaza a sus "intereses nacionales". Los estadistas, sin embargo, adjudican al gobernador Aníbal Acevedo Vilá el estancamiento del proyecto 900, que como la legislación de la pasada década del republicano Don Young, intentaba encaminar a Puerto Rico hacia la estadidad o la soberanía política. "La única razón por la cual el Congreso no ha terminado el proceso" se debe al Gobernador y al uso de cabilderos en contra de la legislación 900, dijo Luis Fortuño, candidato del Partido Nuevo Progresista (PNP) a Gobernador y comisionado residente en Washington. Fortuño ha indicado que su colectividad insistirá el próximo cuatrienio en conseguir que el Congreso se vincule con un referéndum de status, tomando como base la legislación 900 que propuso una consulta "territorio sí o no". El presidente de la Cámara de Representantes, José Aponte, sin embargo, favorece que la Legislatura reviva un proyecto similar al de 2005, que fue adoptado por unanimidad y después vetado por Acevedo Vilá, que permitiría convocar primero a una consulta local en la que los electores de la Isla le reclamen acción al Congreso. Pero, Fortuño advirtió que el PNP sólo apoyaría que el reclamo sea hecho por el legislativo y el Ejecutivo de Puerto Rico, insistiendo en que cualquier consulta sea vinculante para el Gobierno federal. El PPD, mientras, sostiene que está comprometido con la convocatoria a una Asamblea Constitucional de Status. ? Pero, como promover una Asamblea Constitucional de Status si de salida el otro partido con fuerza electoral significativa, el PNP, se opone? Para el popular Eduardo Bhatia, la respuesta sería "lograr que líderes en el partido estadista, como Angel Cintrón y Aníbal Vega Borges, hagan entender al movimiento estadista que las opciones son la Asamblea Constitucional de Status o 100 años más de limbo y soledad". El presidente del Comité de Recursos Naturales de la Cámara de Representantes federal, el demócrata Nick Rahall - quien manejó la aprobación del proyecto 900 en su comisión antes de que fuera engavetado por los líderes de su partido-, eludió analizar el por qué tradicionalmente el legislativo federal echa a un lado legislación sobre el status de la Isla. Pero, se expresó esperanzado en que el debate avance el próximo cuatrienio. "Estoy convencido en que la próxima sesión, si hay un Gobernador en La Fortaleza con el que pueda trabajar y un nuevo comisionado residente tan dedicado al tema como Fortuño, no sólo podamos echar hacia adelante el tema, sino cruzar la meta", indicó Rahall, quien mantiene buenas relaciones con los líderes del PNP y con toda probabilidad volverá a estar a cargo en la Cámara baja del debate sobre el status de la Isla. Los dos principales candidatos a la Casa Blanca difieren, por su lado, en torno a cómo tartar de darle impulso, a partir de 2009, a la discusión en torno al futuro político de Puerto Rico. El republicano John McCain se ha comprometido a respaldar las recomendaciones de los dos informes de la Casa Blanca en torno al status de la Isla, lo que significaría retomar la idea de un proceso que vaya dirigido a que los puertorriqueños escojan entre la estadidad y la soberanía política (independencia o libre asociación). El demócrata Barack Obama, quien durante las primarias presidenciales se enfrentó a este debate, ha hecho claro que cualquier nuevo proceso debe generar consenso en Puerto Rico, lo que pudiera obligar a conseguir un acuerdo, por lo menos, entre los dos partidos principales, el PNP y el PPD. --------------------------------------------------------- Algunos proyectos debatidos en las últimas dos décadas: 1989-1991- Se presentaron diversas versiones en el Senado y la Cámara baja federal con el propósito de convocar a un plebiscito entre el actual "Estado Libre Asociado", la estadidad y la independencia. La Cámara baja aprobó a viva voz en octubre de 1990 un proyecto que autorizaba la convocatoria a uan consulta de status, pero la iniciativa del Senado murió en comité en febrero de 1991. 1995- Primer proyecto Young buscaba que Puerto Rico escogiera entre la estadidad y la soberanía política. Nunca fue llevado a votación en el pleno de la Cámara baja. 1998- El 4 marzo la Cámara baja aprobó por la diferencia minima (209-208) un nuevo proyecto proyecto (856) que promovía un referéndum entre el actual status, la estadidad y la soberanía política (independencia o libre asociación). El Senado engavetó la medida y se limitó a aprobar una resolución a favor de la libre determinación de Puerto Rico. 2006- El comisionado residente Luis Fortuño presentó el proyecto 4867 que recogió las recomendaciones del primer informe de la Casa Blanca sobre el status de Puerto Rico y el cual impulsa encaminar a la Isla hacia la estadidad o su soberanía política. En el Senado se presentó una versión simplificada del republicano Mel Martínez, que tampoco nunca avanzó. 2007- Con los demócratas ahora en mayoría, el boricua José Serrano encabezó la nueva versión del 4867, que en esta sesión ha tenido el número 900 e impulsa la participación de los nacidos en Puerto Rico que viven en Estados Unidos. El proyecto se aprobó en el Comité de Recursos Naturales, pero fue engavetado por la presidenta de la Cámara baja, Nancy Pelosi, quien considera que la legislación no ha generado suficiente consenso. Un proyecto del senador demócrata Ken Salazar – a favor de un referéndum entre el actual status, la libre asociación, la independencia y la estadidad-, durmió el sueño de los justos en el Senado federal.

Pierluisi trabaja para que se considere el proyecto de status HR 900

El Nuevo Dia Por José A. Delgado WASHINGTON - Pedro Pierluisi, candidato del PNP a comisionado residente en Washington, inició ayer dos días de reuniones en la capital federal, centradas, principalmente, en impulsar que el proyecto sobre el status político de Puerto Rico sea considerado por el pleno de la Cámara de Representantes de Estados Unidos. Pierluisi tenía hoy en su agenda reuniones con el portavoz de la mayoría en la Cámara baja federal, Steny Hoyer, y los también demócratas John Salazar (Colorado), Michael McIntyre (Carolina del Norte) y Gene Taylor (Mississippi). El proyecto sustituto 900 – presentado inicialmente por el congresista boricua José Serrano (Nueva York) y el comisionado residente Luis Fortuño - adoptado en el Comité de Recursos Naturales en octubre pasado está aún pendiente de ser discutido en la Comisión de Reglas y más adelante, si posible, en el hemiciclo de la Cámara baja federal. La jefatura demócrata de la Cámara baja, sin embargo, ha mantenido detenido el avance de la legislación ante la división que ese proyecto ha generado entre varios congresistas claves. “Ha llegado el momento de que se le de la oportunidad al pueblo para que exprese si quiere permanecer con el status que tenemos o si quiere un cambio”, dijo Pierluisi, después del encuentro con el congresista Salazar, cuyo hermano, el senador Ken Salazar es el autor del proyecto presentado en el Senado federal – a favor de un plebiscito con cuatro alternativas de status-, que nunca ha sido considerado ni siquiera en audiencias públicas. Pierluisi sostuvo que existe una oportunidad real de que el proyecto 900 sea llevado a votación en 2008 en el pleno de la Cámara baja. La percepción general, sin embargo, es que el Senado no atenderá este asunto este año, que por ser electoral tiene una agenda legislativa limitada.

Que es HR 900??

A BILL To provide for a federally sanctioned self-determination process for the people of Puerto Rico. Be it enacted by the Senate and House of Representatives of the United States of America in Congress assembled, SECTION 1. SHORT TITLE. This Act may be cited as the `Puerto Rico Democracy Act of 2007'. SEC. 2. PUERTO RICAN DECISION ON PRESENT STATUS. (a) Plebiscite- The Puerto Rico State Elections Commission shall conduct a plebiscite in Puerto Rico not later than December 31, 2009. The two options set forth on the ballot shall be preceded by the following statement: Instructions: Mark one of the following two options: (1) Puerto Rico should continue to have its present form of territorial status and relationship with the United States. If you agree, mark here XXXXXXXXXX. (2) Puerto Rico should pursue a constitutionally-viable permanent non-territorial status. If you agree, mark here XXXXXXXXXX. (b) Recommendatons- If a majority of the validly-cast ballots in the plebiscite favors Option 2, Congress recognizes the inherent authority of the People of Puerto Rico to-- (1) call a Constitutional Convention, constituted by a number of delegates to be determined in accordance to legislation approved by the Commonwealth of Puerto Rico, for the purpose of proposing to the People of Puerto Rico a self-determination option which, if approved by the People of Puerto Rico in a referendum, would be presented to Congress by the Constitutional Convention; or (2) conduct a plebiscite administered by the Puerto Rico State Elections Commission to consider a self-determination option with the results presented to Congress. SEC. 3. APPLICABLE LAWS AND OTHER REQUIREMENTS. (a) Applicable Laws- All Federal laws applicable to the election of the Resident Commissioner shall, as appropriate and consistent with this Act, also apply to the plebiscite held pursuant to this Act. Any reference in such Federal laws to elections shall be considered, as appropriate, to be a reference to the plebiscite, unless it would frustrate the purposes of this Act. (b) Federal Court Jurisdiction- The Federal courts of the United States shall have exclusive jurisdiction over any legal claims or controversies arising from the implementation of this Act. (c) Eligibility; Ballot- Persons eligible to vote under this subsection shall, upon timely request submitted to the Puerto Rico State Elections Commission in compliance with any terms imposed by the Electoral Law of Puerto Rico, be entitled to receive an absentee ballot for the plebiscite. Each of the following shall be eligible to vote in the plebiscite held under this Act: (1) All eligible voters under the electoral laws in effect in Puerto Rico at the time the plebiscite is held. (2) All United States citizens born in Puerto Rico who comply, to the satisfaction of the Puerto Rico State Elections Commission, with all Puerto Rico State Elections Commission requirements (other than the residency requirement) applicable to eligibility to vote in a general election. (d) Certification of Plebiscite Results- The Puerto Rico States Elections Commission shall certify the results of the plebiscite held under this Act to the President of the United States and to the Members of the Senate and House of Representatives of the United States. SEC. 4. FUNDS. During the period beginning October 1, 2007, and ending on the date the President determines that the plebiscite required by this Act has been held, the Secretary of the Treasury may allocate, from the funds provided to the Government of Puerto Rico under section 7652(e) of the Internal Revenue Code, not more than $5,000,000 for this plebiscite to the State Elections Commission of Puerto Rico to be used for expenses of carrying out said plebiscite under this Act, including for voter education materials as certified by the President's Task Force on Puerto Rico's Status as not being incompatible with the Constitution and basic laws and policies of the United States. Such amounts shall be as identified by the President's Task Force on Puerto Rico's Status as necessary for such purposes. Union Calendar No. 370 110th CONGRESS 2d Session H. R. 900