Puerto Rico Statehood - Economic and Social Aspects

Economic Aspects As a state, Puerto Rico will no longer be draining approximately $22 billion per year from the American taxpayer. Thus, Puerto Rico will no longer be dependent on federal grants and will greatly contribute to the U.S. Treasury and the national economy. Opponents of statehood have argued that Puerto Ricans would be worse off financially since statehood would mean the repeal of the federal income tax exemption. This argument is misleading. While Puerto Ricans (with the exception of federal employees) do not pay federal income taxes, they do pay federal taxes on Medicare and Social Security benefits like all other U.S. citizens. Most importantly, since Puerto Rico is exempt from federal income taxes, Puerto Ricans have the highest local income tax rate in the United States. Thus, it can be said that the funds that would go to the federal government in income taxes, go to the local government in the form of local income taxes. With statehood, Puerto Ricans would contribute their fair share to the federal government, while seeing a sharp reduction in their local income tax rate. In just like any other state, the larger share of the taxpayer’s money would go to the federal government instead of the state government. Moreover, federal income taxpayers are allowed to deduct the amount paid in local income taxes from their adjusted gross income on the Form 1040 of their federal income tax return. Studies have shown that Puerto Ricans, especially the ones in the lower social classes, would financially benefit with statehood. Another argument frequently used by statehood opponents is that Puerto Rico is “too poor” when compared to the states, and therefore is not ready for statehood. This argument has no standing whatsoever. To begin with, any such poverty is the result of the current colonial status, where the U.S. citizens of Puerto Rico do not have equal rights in regards to benefits, rights, and responsibilities. For Puerto Ricans with low incomes, statehood would mean that they will have the same access to federal support and tax relief programs, in contrast to the current territorial status where they do not have equal rights. Throughout history, every single territory that has gained admission to the Union has witnessed a period of sharp economic growth, and Puerto Rico would be no exception. Statehood has always meant economic growth and a greater standard of living for all territories that have joined their destinies with the United States. In a recent study called Puerto Rican Statehood: A Precondition to Sound Economic Growth, by Hexner, Jenkins, Lad and Lame, the case is clearly made that statehood is necessary and essential for Puerto Rico’s economic growth. Social Aspects Some opponents of statehood have also argued that having Puerto Rico as a state would mean the loss of the island’s cultural heritage, identity, and even the Spanish language. They also claim that Puerto Rico cannot become a state because Puerto Ricans “do not speak English”. The reality is that English, along with Spanish, is already an official language in Puerto Rico. In fact, Puerto Rico made history by becoming the first U.S. jurisdiction to declare English a national language. English is a required elementary subject in public schools and throughout high school. English is also the language used in all federal agencies in Puerto Rico and serves as the common language of multiple industries, like tourism, commerce, and banking. However, the U.S. Government has never imposed a language requirement on any would-be state. Such action would be unconstitutional, since matters of language and culture are delegated to the individual states to determine, not the federal government. A good example of a historical precedent where this principle can be seen lies with the state of New Mexico. The state constitution of New Mexico was originally written in Spanish and most of its residents spoke Spanish as a first language at the time it attained statehood.The people of Puerto Rico will never lose their identity. After interacting with the United States for over a century, Puerto Rican culture and identity continue to flourish and remain strong. After all, statehood is a political change, not a cultural one. While the United States is a melting pot of different cultures, it is also a nation of nations. http://prssa51.wordpress.com/why-statehood/

De la soberanía del mercado a la soberanía popular

Claridad Carlos Rivera Lugo Desde la década del setenta del pasado siglo se dio inicio en Puerto Rico a una nueva etapa en su historia, cuyos signos vitales en gran medida fueron ignorados por unos estados de falsa conciencia ideológica entre las principales fuerzas políticas del país. En aquel entonces el líder socialista Juan Mari Brás fue quizás quien atisbó en parte las características del cambio que se vivía cuando advirtió acerca de la crisis de reestructuración por la que atravesaba la política puertorriqueña, ante la crisis de legitimidad que arropaba crecientemente al llamado Estado Libre Asociado. Incluso, Mari Brás fue capaz de comprender que dicha crisis impactaría no sólo a los dos partidos coloniales, el autonomista y el anexionista, sino que también al propio movimiento socialista e independentista. Y es que nuestra crisis de reestructuración forma parte de una crisis de reestructuración mayor. El mundo atravesaba por una serie de transformaciones que, si bien fue provocada inicialmente por la deslegitimación creciente del capitalismo, también fue progresivamente arropando al llamado socialismo real en Europa. El capitalismo maniobró nuevamente con éxito frente al nuevo reto que se le presentaba a su modelo vigente de acumulación, tanto desde el Estado social o benefactor como desde el socialismo real. Reaccionó con virulencia con la implantación del neoliberalismo, poniéndole freno, por el momento, a las aspiraciones de redistribución de la riqueza y del poder político hacia un nuevo orden económico y político internacional. Impuso la subsunción real de la vida toda a los requerimientos del capital y la reestructuración de los procesos de producción e intercambio a escala global, quebrando así la creciente influencia del movimiento obrero, del campo socialista y del llamado Tercer Mundo. Mientras el capitalismo alcanzaba desviar la mirada del mundo hacia los peligros de un mal llamado “totalitarismo comunista” y se vanagloriaba con su colapso, a su vez evitaba que se diera cuenta de cómo, con el neoliberalismo, armaba un nuevo proyecto de dominio total sobre el planeta y todos sus habitantes. Con éste, elevó a niveles nunca antes vistos no sólo la producción de riqueza, sino que también la explotación y la desigualdad. Un prominente estudioso de los efectos nefastos del neoliberalismo, David Harvey, calificó a éste como un modelo de “acumulación por desposesión”. Ante esta realidad, no tardarían en nacer las nuevas fisuras y contradicciones del sistema, provocando nuevas resistencias y contestaciones de parte de los desposeídos. Para Harvey, la reestructuración producida por el neoliberalismo llevó, por un lado, a una ampliación espectacular del poder de la clase dominante, es decir, de los sectores más económicamente privilegiados. La proverbial dictadura de clase de la burguesía se intensificó y con ello la guerra a los proletarios del mundo. Pero, este proceso de dominación ampliada transformó al proletariado mismo. Como bien advierten Antonio Negri y Michael Hardt, el proletariado pasó a ser integrado por todos aquellos cuyo trabajo es explotado directa o indirectamente por las lógicas capitalistas de producción e intercambio, desde los obreros industriales hasta los trabajadores de servicios, desde los trabajadores urbanos hasta los trabajadores rurales, desde los productores de bienes materiales y tangibles hasta los productores de bienes inmateriales e intangibles. De igual forma se repotenció la lucha de clases, con viejas y nuevas expresiones y a partir de viejos y nuevos sujetos. La resistencia y la contestación sistémica se reinscriben en términos del poder de clase y se reactivan “con alianzas de fuerzas que pueden incluir movimientos identitarios y movimientos sociales que de un modo u otro sean capaces de poner cortapisas al proyecto de la clase dominante”, puntualiza Harvey. La revolución posible está predicada en la optimización de los forcejeos de esas singularidades múltiples a partir de los cuales se construyen los nuevos ámbitos de lo común como expresión de un poder constituyente renovado. Y la política como acción partera de esta transformación multidimensional es cada vez más el arte de sumar fuerzas para su realización. La soberanía pasa a ser encarnada en todas sus ricas posibilidades en el pueblo-total, el pueblo real e históricamente concreto, el soberano popular, hasta ahora ausente bajo el modelo clásico de soberanía, de inspiración hobbesiana o lockeana, que ha imperado. Así las cosas, al cabo de tres décadas, la crisis del modelo neoliberal se ha hecho evidente y ha llevado a otro de sus críticos, el economista Giovanni Arrighi, a anunciar el fin inminente de este “paréntesis de locura”. El reconocido estudioso del sistema-mundo capitalista, Immanuel Wallerstein, quien ya pronosticó el declive y progresivo fin de este orden civilizatorio durante la primera parte del presente siglo XXI, ha asegurado que en lo inmediato, ante las profundas desilusiones que cunden por doquier frente a los evidentes desequilibrios de un mercado sin restricciones, estamos presenciando “el fallecimiento de la globalización neoliberal”. “La balanza política oscila de regreso”, opina, hacia el retorno a políticas redistributivas más enfocadas a garantizar el bienestar común. Ante ello, se hace cada día más patente que el proyecto histórico de ese nuevo universo histórico concreto que es el soberano popular no es seguir apuntalando las lógicas irracionales y perversas del capital. Desde esta perspectiva, constituye un contrasentido histórico cualquier reclamo de soberanía que no esté inscrito dentro del deseo manifiesto de ese pueblo en mandar a partir de sí mismo sobre su vida toda. La soberanía se tiene que reinscribir hoy dentro de la demanda histórica de una democracia absoluta –el gobierno de todos, por todos y para todos– a partir de la cual el soberano popular exige la concreción material de sus aspiraciones económicas, sociales, culturales y políticas para el beneficio de todos por igual. Lo antes expuesto debe servir de marco para valorar la reivindicación de soberanía recientemente enunciada por el gobernador colonial Aníbal Acevedo Vilá. Su llamado al desarrollo de un amplio “movimiento” para formular un nuevo proyecto de país, que incluya la redefinición de la relación actual de dependencia colonial con Estados Unidos, tiene que plasmarse en acciones concretas que trasciendan efectivamente la tradicional retórica electoral y sean afines a las expectativas soberanas del pueblo que desea convocar. ¿Quién va a construir ese programa de gobierno representativo del amplio “movimiento” que aspira a representar: el Partido Popular o el “movimiento”? En el pasado, el PPD se ha limitado a llamar al independentismo a votar por sus candidatos y programa, a partir del chantaje de que de no hacerlo está posibilitando de facto una victoria electoral del anexionismo. Pues, una prueba de la buena fe de la alegada nueva vocación soberanista y democrática de nuestro gobernador tiene que ser abrir los comités y procesos de deliberación del programa de gobierno, incluyendo el diseño del mecanismo de la Asamblea Constituyente, a la participación de representantes de ese “movimiento” al que pretende convocar. Más concretamente, en cuanto a su programa de gobierno, no puede, por ejemplo, pretender apelar más allá de sus filas partidarias si sigue comprometido con políticas neoliberales, como las que han tendido a prevalecer bajo su administración en total armonía con la situación general que imperó bajo las dos administraciones del anexionista Pedro Rosselló González. Si la soberanía va a tener algún sentido de pertinencia de carne y hueso para el pueblo que ha sufrido el discrimen selectivo de cada día producto de unas políticas económicas significativamente sesgadas a favor de los más ricos, tiene que ser para adoptar estrategias y políticas que potencien la capacidad productiva del país y asegure una equitativa distribución de sus frutos. En esa línea, el nuevo gobierno y su agenda tienen que integrarse conforme a lo nuevo que aspira a representar. Conforme a lo antes dicho, el Gobernador debe vetar el nuevo proyecto de incentivos industriales, dictado por los propios intereses del capital en beneficio exclusivo suyo. No se puede seguir poniendo la carga contributiva mayor sobre los hombros de los asalariados del país, es decir, de los que menos tienen. Sería un extraordinario ejemplo de apertura política que a estos propósitos el Gobernador considerase seriamente, en la alternativa, el proyecto presentado por el economista y candidato a la gobernación por el Partido Independentista Puertorriqueño (PIP), Dr. Edwin Irizarry Mora. En fin, si esa soberanía, tanto la política como la económica, va a ser de veras, construyámosla no desde las fuerzas del mercado sino a partir de las fuerzas del soberano popular como nuevo poder constituyente.